En un reciente giro al caso que llevó el grupo religioso Testigos de Jehová para lograr la entrada a urbanizaciones con control de acceso, el retirado juez presidente del Tribunal Federal, Hector M. Laffitte, junto a otros dos abogados solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico actuar como amigos de la corte en representación de tres complejos turístico-residenciales en Dorado, que argumentan que sus calles son privadas.

El juez federal Gustavo Gelpí emitió una decisión en marzo, que más tarde fue ratificada por el Primer Circuito de Boston, ordenándole a ocho municipios garantizar a los Testigos de Jehová acceso total a urbanizaciones cerradas.

En la decisión se ordenó a los municipios de Bayamón, Ponce, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, San Juan y Trujillo Alto asegurarse que urbanizaciones con control de acceso que no tuvieran guardias de seguridadproveyeran los mecanismos de entrada a estos sectores religiosos.

El municipio de Dorado presentó una certificación en el Tribunal Federal en la que argumentó que una urbanización dentro de su jurisdicción, Brighton Country Club, no estaba sujeta a las órdenes del tribunal en la fase de implementación del caso de los Testigos de Jehová, porque sus calles son privadas ya que se construyeron y se mantienen con fondos privados.

El municipio sostuvo que la orden era inaplicable a Brighton Country Club ya que sólo era aplicable a urbanizaciones cuyas calles son públicas. Tras la presentaciónde apelaciones tanto delmunicipio como de los Testigos de Jehová, el Tribunal Federal se percatóde que el Supremo nunca había resuelto si bajo las leyes y la constitución de Puerto Rico se permiten calles y carreteras privadas.

Por deferencia, el Tribunal Federal entonces le pidió al Supremo en junio que resolviera la controversia de si pueden existir calles privadas en Puerto Rico ya que era lo único que faltaba por resolver para finiquitar el caso de los Testigos de Jehová.

'En Puerto Rico todas las calles son públicas pero algunos municipios alegan que tienen urbanizaciones con calles privadas, como Dorado', dijo Nora Vargas, representante legal de los Testigos de Jehová.

Recientemente, Laffitte junto con los abogados Arturo García Solá y Néstor Durán, de la firma McConnell Valdés, radicaron un pedido al Supremo en donde solicitaron actuar como amigos de la corte en representación de las firmas dueñas del Dorado Beach Resort, Costa Caribe Resort y Coco Beach Resort.

En su argumentación, los abogados dijeron que su participación como amigos de la corte se justifica por ser uno de alto interés público y porque sus representados tienen interés en la contestación del tribunal.

Los tres complejos turísticos al igual que otros, son el eje de la industria turística, dijeron.

Además, argumentaron que distinto al caso de Brighton, en el caso de los complejos turístico-residenciales entran en juego una serie de factores adicionales relacionados con la política pública del gobierno a favor del desarrollo turístico.

Para garantizar su éxito, estos complejos deben asegurarse que sus carreteras y accesos estén mantenidos a los mejores niveles internacionales. Una decisión, dijeron, afectará sustancialmente la forma en que los tres complejos turísticos residenciales controlan el acceso y futuras inversiones.

'Una decisión que permita el acceso indiscriminado podría también afectar el interés de terceros en invertir en este proyecto, algunos de los cuales se encuentran en desarrollo y podría inclusive impedir el futuro desarrollo de similares complejos turísticos', sostuvieron.

Su presencia, dijeron, tiene como propósito ilustrar al tribunal sobre el derecho aplicable y las consecuencias de su determinación.

El Tribunal Supremo les permitió actuar como amigos de la corte el 14 de noviembre y les ordenó someter un escrito. Asimismo, pautó una vista oral para el 11 de febrero para poder decidir la controversia.