A pesar de haber radicado un escrito la semana pasada asegurando que iba a cumplir con la orden del Tribunal, el municipio de Santa Isabel recibió una orden del juez federal Gustavo Gelpí para pagar $100 por día retroactivo a abril por ignorar órdenes de garantizar la entrada a los Testigos de Jehová a urbanizaciones con control de acceso.

El juez no sancionó a los municipios de Yauco y Vega Baja luego de que se demostrara que habían cumplido, aunque fuera parcialmente, con las órdenes del Tribunal.

Gelpí había ordenado a los alcaldes de Yauco, Santa Isabel y Vega Baja a presentarse el martes ante el tribunal para mostrar causa para que no se les encontrara en desacato de las órdenes para entregar códigos y controles ('beepers')de urbanizaciones privadas a los Testigos de Jehová.

La orden de Gelpí vino luego de una petición que radicaran los demandantes, Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová el 5 de diciembre en donde le solicitaron al tribunal que encontrara incurso en desacato a los tres municipios.

Los demandantes alegaron que luego de que dos meses atrás el Juez ordenara a los tres municipios notificar si garantizaban a los Testigos de Jehová el acceso a urbanizaciones cerradas todavía no lo habían hecho.

El Juez les había dado 45 días a los mencionados municipios el pasado 4 de octubre para que tomaran las medidas para garantizar acceso del grupo religioso a comunidades con control de acceso según había ordenado previamente en marzo para llevar su mensaje de evangelización.

En un aparte con NotiCel, Gelpí afirmó que tanto Yauco como Vega Baja tendrían que pagar multas por el periodo en que incumplieron con las órdenes del Tribunal, pero que el dinero se pondría en cuentas para ayudar a educar al personal en todo lo que tiene que ver con el cierre de urbanizaciones. 'Estimo que no será más de $20,000 por cada uno', aseguró el juez.

Añadió que sólo los municipios de San Juan y Caguas cumplieron desde un principio con sus órdenes.

Antes de comenzar la vista, abogados de los municipios, excepto el de Santa Isabel quienes no estuvieron presentes, alcanzaron acuerdos con el abogado de los testigos de Jehová, Paul Polidoro, para cumplir con las órdenes.

El alcalde de Yauco, Abel Nazario, dijo que su municipio entregó 'beepers' y códigos de acceso a los Testigos mientras que al alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz se le dio hasta el 23 de diciembre para cumplir con las entregas que le faltaban.

Cruz explicó que su municipio se enteró en octubre sobre el incumplimientopero luego comenzaron a atender el mismo. Además, detalló que en su municipio hay unas 20 comunidades cerradas, pero casi todas tienen guardias de seguridad.

El alcalde expresó que aunque respeta el derecho de libertad de expresión de los Testigos de Jehová, hay temas de seguridad que deben garantizarse.

'Quién me garantiza que realmente las personas que van a entrar no usen como subterfugio decir que son de dicha religión y accedan y cometan fechorías?' preguntó Cruz.

Por su parte, Nazario aseguró que su municipio aprobó una ordenanza para multar a las juntas comuniarias que nieguen la entrada a los Testigos de Jehová. En Yauco hay unas 5 comunidades que tienen guardias de seguridad, y otras 7 que no tienen.

Gelpí dio hasta el 15 de enero para que los municipios demuestren el cumplimiento de las órdenes, o de lo contrario calcular multas que se tengan que pagar.

Entretanto, sobre la preocupación del mal uso de 'beepers', Polidoro explicó que un religioso en Caguas de recibirlos junto a las llaves que se distribuyen a unas 327 congregaciones alrededor de Puerto Rico.

Todavía le queda al Tribunal Supremo decidir, si en en efecto, existen calles privadas para que Gelpí pueda finiquitar el caso.

Durante la vista, salió a relucir que la Ley de Acceso Controlado no habla nada de comunidades que no tienen guardias de seguridad, y queda la duda de si las comunidades que están cerradas por verjas puedan hacerlo legalmente.

La vista del Tribunal Supremo está pautada para febrero.