La Oficina de Administración de los Tribunales contempla el cierre y consolidación de varios tribunales en el país, incluyendo las salas municipales de Moca, Cataño y Naranjito. La de Moca, en particular, resalta ya que el casero es el contador público autorizado Lutgardo Acevedo López quien es, a la vez, acusado de delitos graves y testigo en contra del fiscal Joseph Esparra.

El contrato de arrendamiento del local donde radica la sala municipal de Moca termina el próximo 31 de enero de 2015. Ese contrato inicialmente fue firmado por OAT en septiembre de 1999 con la firma New Partnership <><><><>& Company, S.E. Fue renovado en enero de 2010 a un plazo de cinco años con los entonces nuevos dueños del edificio: el matrimonio compuesto por Acevedo López y su esposa Migdalia Fuentes Cabán, quienes lo compraron en el 2006./p

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'Moca es uno de los que estamos considerando en ese plan. Entre las sedes judiciales cuyos tribunales han sido cerrados bajo este plan se encuentran Florida, Las Marías y Ceiba. También se evalúan para posible cierre las salas municipales de Cataño y Naranjito', reveló la OAT./p

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El edificio del tribunal mocano ahora pertenece al fideicomiso LALMFC que adquirió el edificio a través de una escritura pública suscrita por el matrimonio Acevedo Fuentes en el 2011. El contrato establece los siguientes cánones de arrendamiento: $13.50 por pie cuadrado, equivalente a $5,062.50 mensuales, por los primeros 2 años; $14.00 por pie cuadrado, equivalente a $5,250.00 mensuales por los 2 años siguientes y $15.00 por pie cuadrado, equivalente a $5,625.00 mensuales por el último año de contrato. OAT aclaró que 'la actual parte arrendadora no fue la parte contratante original, advino propietario del espacio arrendado en el transcurso de la vigencia del contrato número 2000-000060, originalmente otorgado con New Partnership'.

'Desde hace un tiempo se está evaluando la operación de varios tribunales municipales teniendo en cuenta la limitada cantidad de casos y asuntos que atienden y considerando que no se limite el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas de esos pueblos, evaluando las distancias y accesos de los mismos a los Centros Judiciales principales', indicó la comunicación, aclarando que estos cierres no conllevarían despidos de empleados de la Rama Judicial. 'El personal es reubicado y se evalúa sobre todo el que no haya impacto en el acceso de los ciudadanos a nuestros servicios', concluye la misiva.

Por otro lado, la Administración de Asuntos Energéticos (AAE) informó que el contrato número 2014-132175, registrado en la Oficina de la Contralora y suscrito por la AAE con el contador público Lutgardo Acevedo López, no es un contrato de servicios profesionales, sino que es un reembolso de $22,800.00 por desarrollar un proyecto de energía sustentable.

'Estos contratos son unos incentivos por energía renovable y las personas que ganan el incentivo firman un contrato con nosotros para asegurarnos que van a cumplir con ciertos requisitos antes de nosotros desembolsar el dinero del incentivo,' explicó el Director Ejecutivo de la AAE, José Maeso.

'A este momento no se ha desembolsado ninguna cantidad de dinero, se les entrega cuando terminan cuando demuestre que cumplió con los términos del contrato', dijo Maeso, quien señaló que a juzgar por la cuantía del contrato debe ser un proyecto residencial y no uno comercial.

'Las personas entran su información por Internet y solicitan el incentivo. Es un sistema que no interviene una persona, el ciudadano reserva el dinero en línea y luego recibe una visita para corroborar los detalles del proyecto', subrayó. Usualmente se reciben unas 100 a 200 solicitudes por ciclo trimestral o cuatrimestral y la mayoría solicitan el incentivo para instalar paneles fotovoltaicos en las residencias. El promedio a nivel residencial de cada incentivo ronda los $10 a $12 mil, según información provista por la AAE.