Los representantes Carlos 'Johnny' Mendez Nuñez y Ángel Peña Ramírez, ambos expresidentes de la Comisión del Trabajo de la Cámara, expresaron el martes preocupación por la eliminación de tres foros de justicia para la clase trabajadora.

Específicamente, la eliminación de la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión Apelativa del Servicio Público, y la Comisión Industrial, anunciada por el Gobernador en tres de las 40 piezas legislativas relacionadas con el Presupuesto para el Año Fiscal 2014-2015.

'Al crear entes adjudicativos que son Juez y Parte, el Gobierno le da poca importancia, por no decir ninguna, a los derechos de los trabajadores. Con estas acciones, los deja desprovistos de unos foros realmente imparciales para vindicar sus derechos', opinó el también portavoz alterno del PNP en la Cámara, Méndez Núñez en un comunicado de prensa.

Junta de Relaciones del Trabajo

El Proyecto de la Cámara 1905 elimina la Junta de Relaciones del Trabajo al crear bajo la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) el Panel de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

Con esta medida, la administración de García Padilla busca eliminar una institución de 70 años dedicada a propiciar la negociación colectiva y prevenir las conductas ilegales en las relaciones obreros patronales como las violaciones de los convenios colectivos; velar por el cumplimiento de los convenios colectivos, por los derechos estatutarios laborales y ayuda a poner en vigor laudos de arbitraje, dijeron.

La Junta funciona como un tribunal y sirve a los patronos, sean empresas privadas o corporaciones públicas del Gobierno, y sus trabajadores. En los pasados cuatro años fiscales, la Junta logró un superávit.

'El gobernador se contradice al indicar que elimina la Junta para provocar ahorros; sin embargo propone para el nuevo organismo un presupuesto mayor (el recomendado es de 1,341,000 dólares y el actual es de 1,294,000, o sea, aumentó en 47,000 dólares) y aumenta su composición de 3 a 5 integrantes a quienes ahora se les pagará gastos y beneficios marginales a parte de las dietas', señaló Peña Ramírez.

La fusión no solo provocará despidos de un tercio del capital humano (8 de 21 empleados) que labora en la Junta, siendo en su totalidad mujeres trabajadoras, sino que su consolidación provocaría un conflicto de interés ya que la OCALARH es la entidad normativa y asesora del Gobierno en asuntos laborales y de administración de los recursos humanos, añadieron.

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP)

El Proyecto de la Cámara 1906 elimina la Comisión Apelativa del Servicio Público para crear bajo OCALARH el 'Panel de Investigación, Procesamiento y Apelación' y el 'Panel Apelativo del Servicio Público'.

'La CASP es un organismo cuasi judicial que adjudica controversias en materia de recursos humanos y principio de mérito. Según expresa la exposición de motivos de la medida, OCALARH es la entidad asesora en dicha materia. Siendo ello así, cómo la entidad asesora va a ser la entidad adjudicativa?', cuestionó Méndez Nuñez.

La propuesta en lugar de simplificar, añade un paso más en la burocracia de la agencia. Hoy día, las decisiones administrativas se toman por el Presidente. Una vez aprobada la medida, el Juez Administrativo Coordinador puede tomar una decisión pero ésta no va por encima de lo que disponga el Director de OCALARH.

Comisión Industrial

El Proyecto de la Cámara 1894 busca eliminar la Comisión Industrial y crear la División de Salas Revisoras de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE).

'La propuesta fusión de la Comisión Industrial con la CFSE sería nefasta para los obreros lesionados, los patronos, los abogados postulantes, los empleados de la Comisión, y los casi 80 años de historia y servicio de esta agencia. Con esta fusión la CFSE se convertirá en juez y parte en los casos de obreros lesionados. Tampoco habrá imparcialidad en la figura de los Jueces Administrativos ya que, aunque serán nombrados por el Gobernador, serán empleados de la CFSE y supervisados por su Administrador', dijo Méndez Nuñez.

No hay ahorro al fondo general ya que el presupuesto de la Comisión proviene de hasta un 4% de las primas pagadas por los patronos públicos y privados a la CFSE en el año anterior. Pero sí, aumentarán el sueldo a los 7 nuevos Jueces Administrativos a casi $5,000.00 al año en comparación con los Comisionados actuales (de $65,000 a $69,600).

'Aunque se alega garantía de empleo a los empleados de carrera y regulares, nada impide que estos sean trasladados a una de las siete salas regionales que se crearán en diferentes partes de PR. Es una clara vendetta política para remover a un Presidente y cuatro Comisionados nombrados por la pasada administración a un término de seis años', aseveró Méndez Nuñez.