Sin atender a la petición de entrevista cursada por este diario digital desde principios de abril y que fuera reiterada el martes, el candidato a rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, el doctor Juan Bonilla González, alegó una presunta campaña 'infundada' de libelo, difamación, discrimen y homofobia en su contra.

Mediante un parte de prensa, Bonilla González le adjudicó a funcionarios del Recinto de Carolina durante el pasado cuatrienio, a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), y a otras personas afines a estos, de llevar a cabo esta campaña.

El comunicado de prensa salió el martes, un día después de que la Junta de Gobierno lo entrevistara tras ser recomendado para el cargo por el presidente de la Universidad, Urayoán Walker Ramos.

El también decano de Asuntos Académicos del Recinto de Carolina, planteó que 'durante las primeras tres semanas el primer cuatrimestre de año académico 2010-2011, la entonces directora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora Carmen A. Balsa, alteró en varias ocasiones y de forma arbitraria el programa de clases del doctor Bonilla sin considerar que estos cambios fuera de tiempo, también afectaron a los estudiantes matriculados. La Profesora Balsa utilizó una carta circular que regulaba el número de cursos corridos que puede ofrecer un profesor en la UPR-Carolina, para cambiar el programa del doctor Bonilla González en varias ocasiones, sin atender ninguna de las sugerencias del profesor'.

Pero de acuerdo a información obtenida por este diario, Bonilla González se rehusó a dar ese curso, luego de que el Departamento realizara cambios en su programa, pues violaba la Certificación 72 emitida por la Junta Administrativa del Recinto. Aunque no ofreció el curso cobró ilegalmente unos $4,698.37.

El argumento de Bonilla González es que inicialmente había aceptado dar el curso, pero que posteriormente sus abogados le recomendaron no impartirlo, 'por entender que de esta forma legitimaba tácitamente los actos injustos perpetuados en su contra'.

'La imposición del programa carecía de una hora razonable de almuerzo y la salud del profesor se vio afectada y por lo tanto, recurrió a su médico. Cabe destacar, tras el quebrantamiento de su salud, el Dr. Bonilla presenta un certificado médico donde se establece, observando los parámetros de la Ley HIPPA, que era indispensable un horario de almuerzo preservar su salud y solicita acomodo razonable. En ese momento la Oficina de Recursos Humanos de la UPR en Carolina carecía de una Política y un Protocolo Oficial de Acomodo Razonable para sus empleados. La Directora de Recursos Humanos (Elizabeth Negrón Pagán) no recomienda el Acomodo Razonable al profesor. Y el Dr. Bonilla procede a apelar la controversia del curso ante la Dra. Ana Falcón, Decana de Asuntos Académicos. La Dra. Falcón no atendió y no resolvió la controversia durante los 15 días reglamentarios que establece el Reglamento General de la UPR y tampoco asignó una tarea provisional en lo que se resolvía la controversia. Tardó aproximadamente 40 días para resolver el asunto y el Dr. Bonilla procedió apelar la decisión de la Dra. Falcón ante la exrectora (Trinidad) Fernández Miranda y esta nunca atendió la misma', argumentó.

Sin embargo, documentos en poder de este diario ponen de relieve que Bonilla González no cumplió con la entrega de la documentación requerida para validar su petición de acomodo razonable, por lo que la solicitud fue archivada.

También se destaca que Bonilla González radicó querellas contra Balsa, Fernández Miranda y Negrón Pagán, ante el U.S. Equal Employment Opportunity Commission, alegando presunto discrimen por razón de incapacidad física, en violación a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), que no prosperó.

En agosto 2011, el Recinto de Carolina radicó una querella contra Bonilla González, por no completar su carga académica.

Fernández Miranda designó al licenciado Reggie Díaz Hernández como oficial examinador para atender dicha querella.

Por su parte, Bonilla González señaló que contra él se inició un 'proceso disciplinario discriminatorio y represivo', que surgía luego de que hubiera presentado una 'querella' contra Fernández Miranda ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), por alegada corrupción y posible evasión contributiva.

No obstante, la propia OEG certificó a NotiCel el pasado 31 de marzo que el planteamiento radicado por Bonilla González en contra de Fernández Miranda fue archivado, porque 'luego de la evaluación y el análisis de la evidencia documental y testifical, no se encontró violación al Código de Ética de la Ley de Ética Gubernamental'.

Para febrero de 2013, el Oficial Examinador que atendía la querella contra Bonilla González concluyó que este habría incurrido en violaciones reglamentarias por incumplimiento de sus deberes, abandono injustificado de sus labores e insubordinación.

Díaz Hernández recomendó a Fernández Miranda el que se emitiera una amonestación por escrito contra Bonilla González y se le exigiera la restitución de los $4,698.37, más el cobro de intereses. Estas recomendaciones fueron acogidas por la Rectora del Recinto.

Para mayo de 2013, Bonilla González, apeló la determinación de Fernández Miranda ante la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, entonces a cargo del doctor José Lasalde Dominicci.

'Luego del cambio de administración en la UPR, tras el escándalo con la Natoinal Science Fundation, y la posterior investigación federal contra la UPR por este asunto, la nueva administración de la UPR atiende la apelación del doctor Bonilla, acuerdan la resolución del caso y la estipulación final de la reposición del curso en cuestión sin remuneración por parte del Dr. Bonilla González. El profesor repuso el curso durante el primer cuatrimestre del año académico 2013-2014. El proceso de resolución de la apelación contó con un Oficial Examinador asignado por la Oficina del Presidente', manifestó Bonilla González.

Pese a esto, documentos que fueron examinados por este diario, establecen que el 14 de mayo de 2013, el rector interino del Recinto, Luis Torres Torres, le solicitó a Lasalde Dominicci que revocara la resolución emitida por Fernández Miranda y dejara sin efecto las sanciones disciplinarias contra Bonilla González.

En septiembre 2013, Torres Torres llegó a un acuerdo con Bonilla González para que este repusiera el curso que no ofreció en el cuatrimestre 2010-2011, sin devengar ninguna compensación. Esto a cambio de que se desistiera el proceso disciplinario en su contra. El acuerdo fue sometido a la Oficina de Presidencia de la Universidad.

El 2 de octubre, el licenciado Efraín Maceira Ortiz, oficial examinador que atendía la apelación de Bonilla González, le recomendó a la presidenta interina de la Universidad, Celeste Freytes, que acogiera el acuerdo. Fue entonces, que para el 23 de octubre, Freytes radicó una resolución acogiendo el acuerdo entre Torres Torres y Bonilla González. Por el acto de apropiación ilegal de fondos públicos nunca se tramitó una querella criminal.