En cumplimiento con varios requisitos de la reforma de la Uniformada, el gobernador Alejandro García Padilla le devolvió el miercoles, mediante ley, a la Policía de Puerto Rico el control sobre su Academia, que en años recientes había sido cedida al Colegio de Justicia Criminal.

'Transferir la Academia de la Policía al Colegio de Justicia Criminal, una institución autónoma y concebida principalmente como académica, tuvo, en teoría, sus méritos; sin embargo, en la práctica, el concepto creó problemas que excedieron sus beneficios', afirmó el primer mandatario en un comunicado de prensa.

'El concepto del Colegio de Justicia Criminal quitó énfasis a la disciplina policiaca y al entrenamiento práctico en operaciones tácticas, supervisión y relaciones apropiadas con los civiles. Estas fallas se vieron reflejadas en la evaluación que hiciera el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la Policía', continuó García Padilla.

A partir de la firma de este estatuto, los cadetes tendrán que contar con 900 horas de entrenamiento; de igual forma, cada candidato o candidata a policía tendrá que, al menos, poseer un grado asociado de una institución universitaria licenciada y acreditada. Asimismo, la ley ordena el desarrollo de un currículo de educación continua y exige que todos los miembros de la fuerza tengan un mínimo de 12 horas de educación cada año.

'Ahora la Academia de la Policía estará bajo la dirección directa del Superintendente, a través del Programa para la Profesionalización que crea esta ley. El Programa proveerá educación y adiestramiento en diversas materias, incluyendo ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, supervisión, relaciones con civiles, ética en el desempeño del deber y protección de los derechos civiles', puntualizó el gobernador.

Durante su mensaje, García Padilla hizo hincapié en que a pesar de que se elimina el Colegio de Justicia Criminal, esos empleados no perderán sus trabajos y derechos, sino que estarán adscritos a la Policía. Además, los expedientes y otros documentos, equipo, instalaciones y presupuesto también pasarán a la Uniformada.

Igualmente, la Academia no le cobrará a la Policía ni a ninguna agencia del gobierno central por sus servicios, aunque sí podrá hacerlo a los municipios por la formación de sus agentes de orden público.

La Academia también podrá recibir asignaciones legislativas especiales y donativos privados; estos ingresos pasarán a un fondo especial.

Por otro lado, el gobernador aprovechó su visita a la Academia para anunciar que su administración retoma los Códigos de Orden Público, que buscan darle tranquilidad y seguridad a los residentes de los cascos urbanos.

'Esta política pública debió haberse mantenido, pues se trata de un esfuerzo conjunto del gobierno central y los municipios para, primero, adecuar las normas relacionadas con el comercio, sobre todo aquellos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, y, en segundo lugar, porque es una forma efectiva de proveer recursos a los municipios para aportar a la seguridad de los ciudadanos', explicó el primer ejecutivo.

Como parte de esta iniciativa, se distribuirán 450 mil dólares entre 39 ayuntamientos para la adquisición de chalecos antibalas, uniformes y accesorios, armas, cámaras de vigilancia y equipo relacionado, sonómetros y patrullas con alta tecnología, entre otros.

Entre los pueblos recipientes de estos fondos están Gurabo, Villalba, Camuy, Comerío, Ponce y Guayama. Las asignaciones fluctúan entre 5 mil y 30 mil dólares por municipio.

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