La jueza superior Aileen Navas Auger le indicó a las madres y padres de alumnos de educación especial que ese foro no acogerá su petición de desacato contra el Departamento de Educación porque deben agotar primero el proceso administrativo de radicación de querellas, que durante años ha sido incapaz de solventar sus denuncias.

El grupo compuesto por más de 47 demandantes quedó desilusionado con la determinación de lajuezapues pensaban que el Tribunal podía acelerar la solución de un problema que lleva más de tres décadas en litigación.

La moción de desacato se basaba en el cierre de 71 escuelas y la reducción de 53 millones al presupuesto del Programa de Educación Especial, lo que han interpretado como una violación a la sentencia por estipulación del pleito Rosa Lydia Vélez, en la medida en que se afectarían los servicios a esta población.

NavasAugerfalló a favor del DE, quien estipuló en su moción de oposición que las alegaciones eran a destiempo y especulativas. La jueza resolvió que las partes deberían presentar sus querellas individualmente ante el Comisionado Especial tal como este resolvió el 7 de julio. Mencionó que 'el Tribunal evaluaría el cumplimiento general de la Sentencia por Estipulación mediante el mecanismo de monitoría', que está en proceso de culminar el Informe de Cumplimiento de hace dos años (2012-2013). 'Una vez se presente... las partes tendrán derecho a expresarse y solicitar al Tribunal el remedio que proceda', lee la determinación.

La portavoz del Comité Timón de Madres y Padres,CarmenWarren, cuestionó cómo es posible que se esté evaluando el desempeño que tuvo el DE hace dos años, en lugar de atender los asuntos que están afectando a los niños y niñas durante este año.

'La única razón que se nos ocurre es que hay influencias políticas', mencionó, al asegurar que pedirían la inhibición de lajueza, quien presentó una solicitud de ascenso para el Tribunal de Apelaciones en 2013. La información fue confirmada por la Oficina de Prensa de Fortaleza.

Sobre el caso, el gobernador Alejandro García Padilla celebró que la Corte había determinado que no había evidencia de que el DE falló con la sentencia. La postura del Gobierno es que la reducción presuestaria no redundará en incumplimiento con el servicio. ' Yo creo que hay unas fallas grandísimas... Se han ido mejorando, pero falta muchísimo más... Los adelantos han sido muy tímidos', reconoció el Gobernador en un conversatoriocon la prensa.

García Padillanegó que haya insatisfacción con el desempeño del Secretario de Educación, Rafael Román. 'Hay padres que buscan, con razón, porque sus hijos necesitan unos servicios, y hay que dárselos. (Pero) hay otras personas que se lucran de la necesidad de los niños, y eso también hay que atenderlo. Son problemas que exceden el desempeño de un funcionario', comentó.

La propia Warrenha reconocido que hay que hacer ajustes en los contratos de los transportistas que alcanzan 146 millones de dólares, pero que esto debe hacerse de forma planificada, y no a la ligera como se insinuó que se hizo durante este año.

En el último Informe de Cumplimiento del año escolar 2011-2012, el DE obtuvo una calificación de 2.2 de un total de 4. En cinco años, la mejoría en la escala de cumplimiento ha sido solo de 0.5, denunció la portavoz.

El Departamento ha acumulado sobre 4,000 millones de dólares en multas por incumplimiento desde 2006 al no facilitar los servicios requeridos para que esta población pueda estudiar en el sistema público. La multa diaria que paga el departamento es de 2,000 dólares.Warren indicó que esta cifra equivale a dos centavos por cada alumno del programa. 'Le sale mucho más económico pagar sanciones que corregir el problema', denunció.

'La única alternativa que tenemos es ir al Tribunal para encontrarnos con que allí nos dicen que sigamos esperando... Estamos en total indefensión', comentó Warren, en entrevista telefónica, mientras atendía a su hija con impedimentos múltiples severos.

El grupo configuró, por primera vez, un comité que participará activamente junto a la Fortalezapara supuestamente reestructurar el programa de educación especial.

Vea también:

Prometen reestructurar Educación Especial, pero sigue lucha en Tribunales (documento)

Rosa Lydia Vélez v. DE, KPE 80-1738 (804)_8215