Una auditoría al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para el periodo entre enero del 2009 a diciembre del 2012, encontró que la agencia usó unos $1.9 millones del caso Morales Feliciano sobre condiciones carcelarias, para gastos operacionales, y que desobedecio órdenes del Tribunal Federal relacionadas a penalidades impuestas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Además, la auditoría, que resultó en seis informes por parte de la Oficina del Contralor, reveló que la agencia contrató a un arquitecto en entrenamiento inactivo en el ejercicio profesional, que hizo subcontrataciones contrarias a Ia ley, y que no tenía documentación relacionada con un acuerdo para cancelar una deuda.

La Oficina del Contralor señaló también deficiencias relacionadas con la documentación y los expedientes de los proyectos de construcción, y que la agencia no retuvo contribuciones sobre ingresos de empleados, más hizo pagos duplicados a un contratista.

Según el documento, como parte del caso Morales Feliciano en el 1994 se llegó a un acuerdo con el DCR para finalizar el caso que establecía la creación de una unidad o división para tramitar las fianzas a los acusados.

Esta oficina tenía que ser creada mediante ley y tendría como apoyo financiero inicial $3.2 millones provenientes de las multas al Gobierno. Para dar cumplimiento al acuerdo, se creó la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). El acuerdo establecía, además, que la transferencia de los $3.2 millones a la nueva división del Departamento sería con carácter permanente. No obstante, el dinero siempre estuvo bajo la custodia del Departamento.

En el 1999, el Tribunal Federal ordenó la transferencia de los fondos de OSAJ, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria del Departamento en un banco privado. El 14 de septiembre de 1999, se utilizó dinero de esa cuenta para realizar un pago a la Universidad de Puerto Rico por $194,212 para contribuir con la mitad de los costos de la operación de las Fases I y II del Modelo Operacional en la Institución de Vega Alta, y la operación del Programa de Asistencia Técnica.

En el 2005, el entonces Administrador Auxiliar de Presupuesto y Finanzas del Departamento informó a la entonces Directora Ejecutiva de la OSAJ que la cuenta había generado intereses por $563,569, y que los desembolsos y los gastos en gestiones administrativas de la Oficina ascendieron a $1.8 millones para un saldo de $1.9 millones. 'El 8 de diciembre de 2005 el Departamento transfirió $1.9 millones (incluye intereses) que estaban depositados en la cuenta bancaria e invirtió los mismos en un certificado de depósito en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico', reza el informe.

El Departamento contaba con una Oficial Pagadora Especial (OPE) que mantenía en el BGF una cuenta para gastos operacionales y de funcionamiento de Corrección. Entre diciembre de 2007 a diciembre de 2008, el DCR efectuó una serie de transferencias de fondos por $1.7 millones del certificado de depósito en el BGF para que fueran depositados en la cuenta del Banco.

El examen relacionado con el movimiento y los desembolsos de los fondos provenientes del caso Morales Feliciano, destinados para la creación y funcionamiento de la OSAJ, reveló que el Departamento utilizó $1.9 millones en gastos operacionales propios del Departamento, ajenos a la OSAJ en violación a las órdenes federales.

De otra parte, el DCR es propietario y operador de plantas de tratamiento de agua en las instituciones carcelarias deGuayama, Cayey, Aguadilla y Ponce.

Entre el 1990 y el 1991, la EPA encontró al Departamento en incumplimiento con ciertas disposiciones del 'Clean Water Act' de 1972. Como consecuencia de estos incumplimientos, en 1992 el Gobierno Federal, en representación de la EPA, demandó.Ambas partes llegaron a un acuerdo que requería al DCR, entre otras cosas, establecer planes de mejoramiento en las plantas de agua y el pago de penalidades civiles.

En el 1997, la EPA determinó que Corrección continuaba en incumplimiento, por lo que le requirió el pago de penalidades adicionales. En el 2006, la Agencia y el Departamento pactaron otro acuerdo en el cual se estableció que el DCR pagaría una multa de $500,000 por el incumplimiento de los acuerdos previos. Además, se le impuso llevar a cabo diversas acciones correctivas en donde se le obligó a abrir dos cuentas de depósito por $1.5 millones cada una, y a cumplir con una serie de requisitos de notificación, obtención de aprobación, y usos permitidos de dichos fondos. Todos los intereses acumulados en las cuentas se sumarían al principal y se usarían sólo para propósitos de las acciones correctivas y para los pagos de las penalidades estipuladas en el acuerdo.

Sin embargo, los auditores encontraron evidencia de la apertura de un certificado de depósito por $75,375 que consistía en los intereses generados del 8 de marzo al 25 de septiembre de 2006 por cada uno de los certificados de $1.5 millones.

La Oficina del Contralor reveló que del 1 de junio al 2 de octubre de 2007 se transfirieron $79,261 de los fondos del caso EPA a la cuenta que mantenía la Oficial Pagadora Especial en el BGF y que se utilizaba para gastos operacionales y de funcionamiento del Departamento, contrario a lo determinado por las órdenes del Tribunal Federal.

Por otro lado, la auditoría encontró que el Departamento contrató a un arquitecto en entrenamiento inactivo en el ejercicio profesional, y subcontrataciones contrarias a la ley efectuadas por este.La Administración otorgó a este contratista, en calidad de arquitecto en entrenamiento, cinco contratos y una enmienda, por $330,020, durante el período del 1 de julio de 2009 al 1 de julio de 2013. Al 30 de noviembre de 2013, se habían desembolsado $300,076.

Del examen realizado, el contralor dijo que la Administración no podía otorgar los contratos con el contratista en calidad de arquitecto en entrenamiento, ya que los servicios profesionales requeridos en estos tenían que llevarse a cabo por un arquitecto licenciado.

En dos contratos y una enmienda, por $197,900, se estableció que el contratista podía, a su vez, contratar servicios profesionales. De acuerdo con la ley,subcontratarservicios profesionales está reservado a los arquitectos licenciados. La situación ocasionó el desembolso erróneo de $300,076 en fondos públicos.

Mientras, el contralor reportó que no encontró documentación sobre un acuerdo para cancelar una deuda.

El 25 de abril de 2008, la Administración otorgó un contrato a una compañía de reciclajepara la disposición de los materiales reciclables que se generaran por la demolición del Complejo Correccional de Río Piedras, conocido como Oso Blanco. En el contrato se establecía una cantidad a pagar por cada tipo de material.

Del 16 de mayo al 20 de octubre de 2008, el DCR entregó a la compañía materiales cuyo valor ascendió a $86,434. Por estos, la empresa efectuó pagos al Departamento por $45,825, y quedaron pendientes de pagar $40,609.

Entretanto, el 16 de mayo de 2008 Corrección vendió una propiedad que poseía en Peñuelas a una compañía de bienes raíces, cuyo dueño era el mismo que la compañía de reciclaje. En la escritura de compraventa se estableció que el precio de venta sería por $1.7 millones y que la propiedad tenía una cabida de 20,630.2797 metros cuadrados.

Al momento de radicar la venta, el Registro de la Propiedad le notificó a la parte compradora que la cabida correcta de esa propiedad eran 19,915.221 metros cuadrados. El valor monetario de esta diferencia asciende a $59,790. Mediante carta del 16 de septiembre de 2008, el asesor legal de la empresa de bienes raíces le informó al DCR sobre la diferencia en la cabida y el valor de la misma.

'Tanto la compañía de reciclaje como la compañía de bienes raíces pertenecen a los mismos accionistas. Mediante carta del 11 de julio de 2013, el asesor legal de ambas compañías nos indicó que el importe adeudado a la Administración por los materiales reciclables compensaba, en parte, la pérdida que habían tenido en la compra de la propiedad. Además, nos indicó que esto era permitido en nuestro ordenamiento jurídico', dice el informe.No obstante, no se pudo proveer a los auditores evidencia de que se hubiese aceptado tal intercambio como método de pago.

Los hallazgos del informe se remitieron a los exsecretarios Jesús González Cruz, Carlos M. Molina Rodríguez, y Miguel A. Pereira Castillo, para comentarios, pero no contestaron los mismos.