La desilusión de las madres y padres de estudiantes de educación especial por la inacción del Gobierno de Puerto Rico en torno a los servicios que requieren sus hijos e hijas, halló una brisa alentadora el lunes, cuando por primera vez se trajo a la atención de un organismo internacional, el reclamo por los derechos humanos de esta población, que se ha estado exigiendo durante más de treinta años.

Durante la ponencia conjunta de veinte organizaciones defensoras de los derechos humanos, se llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el incumplimiento con los servicios educativos a esta población, así como la judicialización del caso.

'Por qué se prioriza pagar multas por incumplimiento de los derechos de los niños a una educación y no se utilicen esos recursos para dar los servicios adecuados, sin necesidad de que esas familias pasen por un proceso, que no favorece a los niños porque los revictimiza? No logro entender por qué se prioriza esa judicialización', reaccionó la comisionada Rosa María Ortiz, de Paraguay.

El secretario de Justicia, César Miranda, reconoció que esta es un área que necesita mejorar, pero celebró que el DE haya obtenido la puntuación de 2.43 en el informe de monitoría ante el pleito de Rosa Lydia Vélez, que es 'la más alta obtenida hasta este momento'. Resaltó, además, la promulgación de la orden ejecutiva 59 de 2014, que creó el cargo del Superintendente de Educación Especial para atenderlo separado de otras áreas, cargo que no se ha concretado.

Miranda atendió la preocupación de la comisionada, al responder que como abogado del Estado, no quiere ver esta situación como un caso judicial, sino como un 'proyecto social'. Acto seguido, excusó el incumplimiento dado a que en un periodo de veinte años, el programa aumentó en 65% de demanda. De la matrícula de 160,000 niños, 35.2% son niños con problemas de habla, mencionó el Secretario, al decir que no necesariamente se debieron clasificar en ese programa, sino en programas de desvío para que se le diera la ayuda más inmediata.

'Hemos tenido problemas muy serios de diagnóstico. No es que no se atiendan los niños, es que hay muchos niños que diagnosticamos mal. El 40% de la población escolar de Puerto Rico pertenece a este programa. En ningún lugar, se da esa circunstancia', defendió ante la CIDH. Agregó que este Departamento tiene un presupuesto de $437 millones y alrededor de 11 mil empleados.

Mencionó que hay un 35% de niños y niñas bajo este programa, a quienes se le puede sacar de esa categorización de educación especial, un planteamiento que fue criticado en el foro posterior, que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. 'Nos preocupa el consenso para dar de baja a los estudiantes. Estaremos pendientes a cómo se da la remoción de esos menores', reaccionó la licenciada Marilucy González.

Ironizó, además, la celebración de la puntuación de 2.43 en el informe de monitoría, lo cual está entre un 50 a 69%, y representa una D o F. 'Esa puntuación dista mucho de lo que realmente esperamos', mencionó González acerca del argumento que utilizó Miranda para ilustrar los 'avances' que se han logrado con esta población. La licenciada cuestionó, además, cuán confiable puede ser esta monitoría, que se realiza a base de información sin corroborar, que presenta el DE. 'Se está evaluando al DE en el mejor de los escenarios porque es información que ellos mismos proveen', agregó.

'El Secretario ha hablado de que tiene un alto interés público, pero ese interés público tan preciado, no lo podemos ver en los servicios que se ofrecen a la población de educación especial', puntualizó González.

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