Dos academicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentaron el miercoles un estudio acerca de la clasificación, retribución y reclutamiento del Gobierno de Puerto Rico, que recomienda la separación de las funciones tecnicas y especializadas de la función protectora del merito.

Las profesoras Yolanda Cordero Nieves y Alba Caballero Fuentes concluyen en su investigación comisionada por el presidente de la Cámara de Representantes, que se puede establecer una retribución uniforme, actualizar los planes de reclasificación de personal, restablecer el formato de exámenes para los ascensos y que en las negociaciones de convenios colectivos participe la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ambas enfatizaron que la competencia abierta por los puestos públicos y los instrumentos para la selección de los empleados son elementos necesarios para que exista un sistema de mérito.

'Esta restructuración de Gobierno no puede ser porque hay un problema fiscal', dijo Perelló en referencia a que por los últimos años los cambios en el servicio público se han hecho para corregir deficiencias fiscales y no para mejorar el servicio público.

Según Perelló, dicho Plan se fundamenta en los pilares de la búsqueda de soluciones a los problemas que impiden dar el mejor servicio a los ciudadanos, una gerencia pública guiada por el principio del mérito, el establecimiento de estructuras gubernamentales eficaces y la modernización de los procesos.

El líder cameral encomendó al Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP) de la Universidad de Puerto Rico, a principios del año 2014, un estudio para identificar las oportunidades de aumentar la productividad gubernamental a través de mejoras en las áreas de clasificación, retribución y reclutamiento. La investigación debía contemplar un análisis en relación con la estructura gubernamental, un Plan de País, el uso de la tecnología y la importancia de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico.

En el estudio se utilizó una muestra de 19 agencias y corporaciones públicas.