La ombudsman Iris Miriam Ruiz defendió energicamente el lunes la permanencia de su oficina que sería eliminada segón dispone el Proyecto del Senado 1421.

'De eliminarse la OPC (Oficina del Procurador del Ciudadano), se añadiría a los procesos administrativos y judiciales todas las intervenciones que realiza y evita la oficina. Ello redundaría probablemente, en gastos mayores de los que se le asigna a la Procuraduría', afirmó la funcionaria en un comunicado de prensa.

Ruiz desmintió con base estadística, testimonios ciudadanos y apoyo comunitario, todos y cada uno de los argumentos que vertía el Proyecto del Senado 1421 para justificar la eliminación de una oficina, que es una de las más antiguas en el hemisferio con 37 años de servicio.

La ombudsman enfatizó durante una vista pública senatorial que el proyecto no contiene base empírica, razonable o fáctica alguna que justifique una acción contra la procuraduría como la de atentar contra los derechos humanos de cada puertorriqueño que busca que su gobierno le presente soluciones a sus problemas cotidianos.

En igualdad de términos se expresó al defender la Procuraduría auxiliar de Pequeños Negocios- cobijada dentro de la OPC-, que no cuesta un centavo adicional y mantiene un balance de flexibilidad reglamentaria en contra de las multas administrativas que emiten las agencias y defiende a los pequeños negocios en la reglamentación aprobada, tomándolos en consideración para que su empresa económica no sea sustancialmente afectada.

'El Ombudsman representa el respeto de los derechos ciudadanos de los constituyentes, el derecho a un buen gobierno, a la observancia de la ley y los reglamentos, y el acceso a la justicia en lo que a los servicios públicos y a las determinaciones administrativas se refiere', comentó, al consignar que ha enfatizado en economías presupuestarias desde el 2012, siendo 5 millones 4 mil dólares la petición presupuestaria para el año fiscal 2015-2016.

Explicó que del total de 23,214 casos atendidos para el 2012, se registran un total de 5,855 reclamaciones; 3,276 coordinaciones y 14,083 orientaciones. Sin embargo, de dichas orientaciones, 8,662 fueron trabajadas bajo el procedimiento de cinco días para que la agencia respondiera, resultando en un total de 14,477 o 62 por ciento resueltos. Es decir, 8,662 fueron reclamaciones con mérito que en incentivo, el Ombudsman las resolvió dentro de los cinco días concedidos, y por ello, se les contabilizó a favor como orientación.

Ruiz resaltó que de 90 empleados con los que cuenta la oficina, el 70 por ciento ofrece servicio directo a la ciudadanía y solo el 30 por ciento ejerce una labor exclusivamente administrativa. Aunque hay 24 investigadores nombrados, la propia Procuradora, los gerentes regionales, el procurador auxiliar, la directora auxiliar de servicios institucionales, el director auxiliar de la división legal, la coordinadora programática, los procuradores especializados, y la mayoría de los asistentes ejecutivos directamente trabajan con el público, sus problemas y la atención de sus reclamaciones.

Indicó que incluso, el personal asignado a recepción se encarga de orientar y recibir ese primer contacto con el público y muchas veces calmar al ciudadano que viene frustrado por el mal servicio gubernamental que ha recibido en otras agencias. El personal atiende un promedio de 800 reclamaciones por mes.

Además, la ombudsman explicó que su oficina fiscaliza a las agencias de la Rama Ejecutiva, en el cumplimiento de la notificación a los ciudadanos afectados por una falla en la debida custodia de información personal sensitiva como también protege que los confinados puedan someter sus reclamaciones sin que sus quejas sean interceptadas por cualquier persona, bajo pena de cargos criminales.

Criticó con vehemencia que la medida disponga que la Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinará el establecimiento de un programa de gestoría y ayuda al ciudadano en aquellas agencias de la Rama Ejecutiva que tenían la mayor cantidad de reclamaciones ante la OPC, cuando este programa evidentemente dejará desprovisto a más del 70 por ciento de los clientes, ya que excluye expresamente a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

'Sin duda, la medida resulta en un retroceso a las salvaguardas creadas para mantener en revisión y fiscalización, no solo la eficiencia gubernamental, sino la adhesión a las políticas públicas, las leyes, los reglamentos, los protocolos y la Constitución por parte de los que representan a su gobierno en el día a día frente a sus constituyentes y sus funcionarios públicos', agregó.