El Departamento de Educación (DE) se apuntó una victoria luego de que la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Aileen Navas, declarara no ha lugar un interdicto que buscó paralizar el cierre de unas 64 escuelas.

Padres, madres, maestros y miembros del consejo de varias escuelas alegaron que las consolidaciones llevadas a cabo por el secretario Rafael Román violentaban el derecho a la educación. Además, sostuvieron que el DE no cumplió con el procedimiento para el cierre de escuelas según lo establece la Carta Circular 25, que requiere reuniones con el Consejo Escolar antes de anunciar los cierres. Por su parte, el DE justificó los mismos como parte de la política pública del gobierno de consolidar planteles que hayan demostrado merma significativa de matrícula ante la crisis fiscal.

Según la sentencia, la Carta Circular se trata de normas y procedimientos generales que no eliminan de forma alguna el poder inherente que tiene el Secretario para implantar la política pública que propenda a la mejor administración y maximización de recursos.

Además, la Carta crea un comité evaluador encargado de hacer recomendaciones al Secretario, quien después evalúa y convoca reunión del Consejo. No obstante, la Carta dispone que sus directrices no limita la autoridad del Secretario de Educación para aceptar o rechazar las recomendaciones del comité.

Asimismo, la Jueza determinó que no se violentó el derecho a la educación ya que tanto estudiantes como maestros no quedarán desprovistos de este derecho porque ya se identificaron escuelas receptoras para todos y todas.

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