El Primer Circuito de Apelaciones de Boston decidió dar paso a la orden del juez federal Gustavo A. Gelpí contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para que el gobierno pague unos $5.7 millones que adeudan a varios Centros 330, como el de Consejo Playa de Ponce.

La decisión de hoy martes no es una resolución final de la controversia, pero tiene el efecto de autorizar el embargo de las cuentas de Salud en el BGFdonde deberá depositar los pagos con la fecha que exige el tribunal en lo que se resuelve cualquier controversia restante.

A menos de 24 horas de que decidieran que la llamada ley de 'quiebra criolla' es inconstitucional y de que dirigieran a Puerto Rico a buscar remedio en el Congreso, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston volvió a reconocer que el resultado de su decisión en el caso de los centros de salud puede agravar los problemas financieros del gobierno.

'También reconocemos la extremada dificultad financiera en la que se encuentra el Estado Libre Asociado. Sin embargo, al menos sin acción congresional, esa dificultad no parece justificar el incumplimiento de una orden legal, especialmente cuando el tribunal ha sido tan paciente en ejecutar su orden', dijo el panel de jueces apelativo.

Mientras, el subsecretario de Salud, doctor Greduvel Durán, afirmó que completarán los pagos pendientes.

'En cumplimiento y en vista de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones en la tarde de hoy, el cual levanta la paralización temporera del embargo a la cuentas del Departamento de Salud, se procederá con el pago pendiente. Cabe destacar que ya habíamos depositado en corte 3.6 millones de dólares cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era 1.6 millones de dólares cuyo cheque también fue cambiado y redimido', explicó el doctor en declaraciones escritas.

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