Aunque el Juez Apelativo de origen puertorriqueño Juan R. Torruella concurrió con la decisión del Tribunal del Circuito de Boston que validó la decisión de que la ley de 'quiebra criolla' es inconstitucional, tambien opinó que las enmiendas a la Ley de Quiebra federal de 1984 que sirven de base a esa determinación son igualmente inconstitucionales y violentan el derecho de la isla de regular sus asuntos internos.

Antes de las enmiendas a la Ley de Quiebra hechas en el 1984, Puerto Rico si podía beneficiarse de ese estatuto. Las enmiendas del 1984 lo que hicieron fue impedir que Puerto Rico pudiera 'autorizar a un deudor' bajo el Capítulo 9 en violación a disposiciones de la propia constitución americana que establecen que la Ley de Quiebras tiene que ser uniforme.

Según Torruella, la distinción que impide a Puerto Rico beneficiarse de la Ley de Quiebra también es inconstitucional porque no tiene una base racional de política pública. El juez rechazó el argumento de la opinión mayoritaria de que la distinción es un ejercicio válido del Congreso bajo sus poderes plenarios sobre Puerto Rico.

'Asumir que las enmiendas del 1984 son un ejercicio válido del Congreso para manejar los asuntos internos de Puerto Rico es inconsistente con la jurisprudencia de este Tribunal a favor del ELA. Finalmente, también tengo objeciones con la propuesta de la Mayoría de que Puerto Rico simplemente le pida ayuda al Congreso; Esa sugerencia es terrible tomando en cuenta la exclusión de Puerto Rico del proceso federal político,' sostuvo.

Torruella sostuvo que es 'absurdo' argumentar que la exclusión de Puerto Rico de la protección de la Ley de Quiebras por medio de las enmiendas del 1984 no está prohibida por la cláusula de quiebra de la constitución que establece que la ley tiene que ser uniforme.

De hecho, en el historial legislativo de esa cláusula, hay poca información para interpretar el lenguaje de la misma, lo que lleva a concluir que el lenguaje es uno claro de que las leyes de quiebras tienen que ser uniforme en todo los Estados Unidos, dijo Torruella.

El Juez dijo que la distinción que impide a Puerto Rico acogerse a la Ley de Quiebras tampoco cumple con una base racional y violenta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ciertos casos que tienen que ver con beneficios de índole social. Esos casos establecen que las razones para la distinción tenían que expresarse. No obstante, no hay un récord legislativo detrás de las enmiendas del 1984.

Las enmiendas del 1984 fueron aprobadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el lenguaje que permitía a Puerto Rico beneficiarse de la Ley de Quiebras pero el Senado las cambió y no proveyó explicación para excluir a Puerto Rico.

Por lo tanto, los argumentos de la opinión mayoritaria de que el Congreso quería preservar su poder para autorizar a Puerto Rico a obtener alivio bajo la Ley de Quiebras 'son pura ficción'.

Torruella sostuvo que la opinión mayoritaria ignora el silencio del Congreso lo que llama la atención porque los Tribunales tienen que examinar el récord legislativo a la hora de analizar cambios a la Ley de Quiebras.

De otra parte, Torruella alega que las enmiendas del 1984 le quitan a Puerto Rico su poder de manejar sus asuntos internos a pesar de que el propio Tribunal de Boston ha dicho que los poderes del Congreso tienen ciertos límites y cita como ejemplo un caso del 1985 que establece que Puerto Rico ya no está sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Además, el propio Congreso le dio a Puerto Rico el poder de manejar los asuntos de sus entidades bajo la ley de Relaciones Federales, dijo Torruella.

'El grado de autoridad dado a Puerto Rico para regular sus asuntos internos es diferente al grado dado el Distrito de Columbia, el otro territorio que también esta excluido de la Ley de Quiebra', indicó Torruella. Esa comparación es cambiar la naturaleza de la relación de Puerto Rico.

'Este es un caso extraordinario que envuelve circunstancias extraordinarias en donde la vida económica de los más de tres millones de ciudadanos americanos está en una balanza; este tribunal no puede hacerse el ciego e ignorar los límites del Congreso al legislar de forma diferente para Puerto Rico. Además de ser irracional y arbitraria, la exclusión de Puerto Rico tiene que reexaminarse a la luz de casos recientes sobre base racional', dijo Torruella, quien destacó que la decisión de la mayoría refuerza la relación colonial de Puerto Rico.

'Que la relación discriminatoria permita legislación como las enmiendas del 1984 y que apliquen a los millones de ciudadanos en los Estados Unidos sin su participación en el proceso democrático…Esto es claramente una relación colonial que violenta nuestra constitución y la ley establecida en tratados', sostuvo.

Torruella resaltó que bajo la ley de 'quiebra criolla', Puerto Rico trató de buscar una solución a su crisis fiscal para llenar el hueco dejado por las enmiendas del 1984 y bajo sus poderes que los Tribunales han sostenido.

Aunque Torruella concurrió con la mayoría de que Puerto Rico no podía hacer esto debido al lenguaje de la Ley de Quiebras, sostuvo que había que cuestionar las acciones del Congreso de dejar a la isla a la merced de sus acreedores.

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