'Lo primero es que tenemos que tener claro a quien nos estamos enfrentando. Es importante que la ciudadanía sepa quienes son los dueños de nuestra deuda', aseguró el representante por acumulación Manuel Natal Albelo.

Por ello, Natal Albelo ha lanzado una campaña en las redes sociales para concienciar a la población sobre los rostros detrás de la deuda. Mientras que muchas veces se vende la imagen de los bonistas como pensionados, maestros, o adultos mayores, la realidad, comentó Natal Albelo, se ha transformado debido a la presencia de los fondos buitre.

Son entidades que buscan enriquecerse a partir de la inversión en países que atraviesan profundas crisis económicas. En momentos de vulnerabilidad, estas empresas se dedican a comprar bonos de alto riesgo, cuyos acreedores tradicionales están dispuestos a vender a precios muy bajos, para luego las empresas de fondos buitre venderlos a precio completo al país a costa de la reducción de proyectos sociales.

De acuerdo a la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), los fondos buitre controlan casi 50% de la deuda de Puerto Rico, poniendo así al país en una posición incluso más vulnerable que Argentina, cuya deuda estaba vinculada en solo un 7% a fondos buitre, y Grecia, que no llega al 10% de la deuda.

Como estas empresas son las que tienen mayor capacidad en la actualidad para negociación, es hacia ellas que se deben enfilar las exigencias de reestructuración de la deuda. 'Son los que en estos momentos están dispuestos a prestarle a Puerto Rico porque están apostando en contra de Puerto Rico', afirmó Natal Albelo.

Según el entrevistado, los fondos buitres le prestan al país sabiendo que las posibilidades son muy altas de que no pueda pagar, y entonces piden a cambio renuncia a la inmunidad soberana, garantía constitucional, renuncia a la jurisdicción - para cederla al estado de Nueva York, que en palabras de Natal Albelo, es de los estados que más favorecen a los bonistas - todo con una apuesta clara: 'van a cobrar no importa qué'.

Sin embargo, hasta ahora en las reuniones con los bonistas en Nueva York, el gobernador Alejandro García Padilla y la directora del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, han hablado de aplazar el pago de la deuda para reestructurar los plazos de tiempo, pero no ha salido a relucir ningún recorte en el monto de la misma.

'Se está diciendo que se quiere reestructurar la deuda pero se dice que no habrá recortes, [sería] cambiar plazos de pago, quizás postergarlo. Eso no es algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Lo otro es refinanciar la deuda, que gracias a Dios no hemos tenido acceso al mercado para refinenciarla, porque si no, seguramente ya se hubiese hecho. Mi posición es que tiene que haber un recorte de la deuda', afirmó.

Por lo tanto, Natal Albelo propone que el primer paso sea establecer una moratoria al pago de la deuda por un tiempo determinado, para permitir un proceso riguroso de auditoría y determinar qué partes de la deuda son legítimas y cuáles no. Según el Representante, si las deudas contraídas muestran contradicción con la Constitución de Puerto Rico podrían ser anuladas.

'Son preguntas que hay que hacerse, no podemos pagar en estas condiciones cuando no sabemos si quiera que es deuda legítima', argumentó. Entre las medidas que tomaron ciudades como Detroit y países como Argentina, figuró la creación de un comité de auditoría de la deuda como paso fundamental antes de sentarse a negociar las condiciones de sus respectivas deudas.

El comité de auditoría de la deuda se encargaría de realizar un análisis abarcador de la deuda, reconocer sus partes legítimas e ilegítimas en cada bono, y sopesar las condiciones que ofrecen los bonistas. El Representante subrayó que ya el comité de auditoría de la deuda fue creado en la Ley 97 del 2015, que aunque ya pasó el término para que el Gobernador eligiera los miembros de la comisión, los Presidentes de los cuerpos legislativos pueden ahora conformar el grupo.

Como tercer paso, entonces se debe hablar de la reestructuración inminente de la deuda, que ya descontaría sus partes ilegítimas. Desde el año pasado, Natal Albelo es uno de los representantes que ha insistido consistentemente en que la deuda de $73,000 millones es impagable, y por lo tanto se necesita una reestructuración.

A su vez, recalcó la importancia de que en el proceso de reestructuración se trabaje la deuda de forma integral porque muchos de los dueños de bonos utilizan su supremacía en una corporación para negociar en otra.

Por ejemplo, durante el proceso de transacción de los 'trans', o préstamos que hace el Gobierno a principios de cada año fiscal para operar durante sus primeros meses, los bonistas pueden decidir prestar esos bonos a cambio de altas tasas de interés, garantía constitucional, renuncia a la inmunidad ciudadana y a la jurisdicción en otra de las corporaciones que maneja, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De cara al temible panorama de los fondos buitre, los funcionarios del Gobierno han mantenido en secreto los nombres de las agencias que comparten la deuda de Puerto Rico, muchos de estos manejadores de fondos buitres, las cuales también han enfilado las garras a países en crisis económica como Grecia y Argentina, o ciudades como Detroit.

Por ello, el CPI, con el respaldo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), radicó un mandamus el pasado lunes para exigir que el Gobierno revele la lista de las empresas de fondos de cobertura que tienen deuda del gobierno de Puerto Rico, así como las condiciones que han impuesto para renegociar los términos de la deuda, los cuales muchas veces derivan en recortes a proyectos de envergadura social, como planes de retiro, salud y educación.

Además de que 'todo documento público debe ser público, sobre todo documento que tiene una importancia tan grande en el proceso de toma de decisiones', Natal Albelo coincidió con el reclamo de la corporación periodística debido a que en múltiples ocasiones el BGF ha aguantado o limitado información a la Asamblea Legislativa pertinente a la toma de decisiones.

'Yo honestamente no sé cuándo el BGF me está divulgando toda la verdad y cuándo me está aguantando información', denunció.

También, los periodistas exigen al Gobierno que circule el documento completo del Informe Krueger. Las medidas que propone en su informe Anne O. Krueger, exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se basan en la política de austeridad. Son medidas que se implementaron en España, Grecia y Portugal, entre muchos otros países, y que han demostrado resultados desfavorables.

A pesar de las diferentes visiones ideológicas o filosóficas que justifican los diferentes cursos de acción a tomar para enfrentar la deuda, Natal Albelo recalcó que 'la experiencia es el mejor indicador de cuál va a ser el resultado del curso de acción que tomemos'.

'En Puerto Rico se está evaluando darle continuidad a las políticas de austeridad, que en otros países no dieron resultados, [pues] lo que hicieron fue profundizar la crisis, y poner más dolor, peso y pobreza sobre los que menos tienen en la sociedad y no resolvió el problema', aludió al informe creado por la exdirectora del FMI.

Esa 'receta de políticas de austeridad', comentó, en ningún lugar ha dado resultado. 'Si esta receta la implementaron al pie de la letra en Grecia y 10 años después está en una situación aún más precaria, cómo pensamos obtener resultados distintos?', cuestionó. Por eso ha repetido que Puerto Rico no cometa los mismos errores de Grecia.

De cara a las medidas de austeridad que contempla el informe Krueger, Natal Albelo propone una enmienda constitucional para privilegiar a la ciudadanía por encima del pago de la deuda, proyecto del que es coautor junto a los representantes Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres Cruz.

Comentó que las mismas personas 'nos cayeron encima' cuando presentaron el proyecto, no solamente ahora lo reconocen como un posible curso de acción, sino que también admitieron que desde principios de año lo venían evaluando.

A pesar de que el Representante aún no percibe un terreno fértil en la Asamblea Legislativa para que se le dé paso a dicha enmienda constitucional, Natal Albelo se amparó en que 'los legisladores nos debemos al pueblo', y que un cambio como este 'envía el mensaje correcto al país; primero el pueblo y luego la deuda'.

En cuanto a la posibilidad de que se enmiende la ley para que Puerto Rico se acoja a la Ley de Quiebras como ocurrió con Detroit, Natal Albelo se opuso pues solo atendería una cantidad bastante pequeña de la deuda, además que, desde su perspectiva, el Código 'está hecho para darle protección a los acreedores'. El Circuito de Apelaciones de Boston coincidió con el tribunal federal en Puerto Rico en la inconstitucionalidad de la llamada ley de 'quiebra criolla'.

'Puerto Rico tiene que reestructurar la deuda y en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos los mecanismos para así hacerlo', sostuvo. Entre esos mecanismos, resaltó que las deudas son contratos, y que existen cláusulas constitucionales de cómo se manejan los contratos.

Recordó que algunos contratos se han roto por la vía legal, debido a un estado de emergencia fiscal, como fue el despido de empleados públicos durante la implantación de la Ley 7, o contrato de los pensionados, o el retiro de los maestros.

'Ahora estamos en un estado de emergencia fiscal, quizás más grave que el del 2009 y el 2013. La diferencia es que ahora, en el otro lado del contrato, no está un maestro, ni un servidor público, ni un pensionado, sino un bonista', criticó.