Tres años despues de aprobadas las leyes 20 y 22, de las cuales se ha agarrado esta administración para incentivar la inversión de capital y la creación de empleo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no tiene evidencia de la efectividad de estos estatutos, por lo cual desde la Legislatura se arma de un proyecto de ley para implementar mecanismos de fiscalización.

En comunicación escrita conNotiCel, la portavoz delDDECinformó que han adoptado unas modificaciones para requerir que los inversionistas que se acojan a los incentivos de exención contributiva por Ley 22 entreguen un informe anual detallando la inversión que han realizado, información que solo está disponible de manera anecdótica, según fuentes. Solo las empresas que reciben beneficios por Ley 20 tienen requerido entregar un informe y ser auditadas, aunquemuy pocas cumplen con esta disposición,segúnreseñóeste diario. Ninguna auditoría se ha finalizado desde la aprobación de la Ley hace tres años.

Desde la oficina de Exención Contributiva, se han identificado medidas para robustecer el proceso de auditorías para requerir, por ejemplo, que las empresas segreguen las actividades cubiertas por el decreto de las que no están cubiertas; que provean facturas como evidencia, y que se verifique la compatibilidad de los detalles provistos en el Informe anual al DDEC con las Planillasde Contribución sobre Ingresos.

'Se busca obtener información que permita medir la efectividad de dichas leyes para asegurar que las mismas están aportando al desarrollo económico de la Isla', mencionó la portavoz de prensa sobre las evaluaciones que están realizando.

El secretario auxiliar del DDEC, Juan Carlos Suárez Izquierdo, explicó que la poca cantidad de datos se debe a que la Ley todavía era joven y muchas de las compañías que tenían decreto en ese momento, 'no necesariamente, tenían obligación de radicar el informe anual porque no habían comenzado operaciones'.

'Este es el primer año en que vamos a ver realmente esa data real de impacto económico de estas empresas', comentó Suárez Izquierdo acerca del informe de 2014, que deben radicar a fin de año.

Al cierre de esta nota, el DDEC no había provistoel total de compañías beneficiarias que aún no han iniciado operaciones.Suárez Izquierdo explicó que estas tienen un plazo máximo de un año, así como la posibilidad de solicitar una prórroga. De otra forma, se les cancela el decreto.

Frenesí por losincentivos

Desde la aprobación de la Ley hasta julio de 2015, el DDEC ha concedido un total de 496 decretos bajo la Ley 20. En los últimos dos años, se ha duplicado la cantidad de compañías que recibieron estos beneficios en comparación con 2012-2013.

Bajo la Ley 22, 'para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico', se han otorgado 710 decretos, el 28% de estos en un periodo de cinco meses.

'Como parte de los esfuerzos de diversificar la economía y enfocarse en el sector de servicios, se han hecho esfuerzos promocionales bastante agresivos', reaccionóSuárezIzquierdo a preguntas de este diario.

A raíz de la inversiónen oficinas comerciales en América Latina así como en campañas publicitarias en Estados Unidos, el DDEC logró un aumento en las solicitudes de decretos con los cuales proyectan 'mayor inversión, nuevos empleos y otros beneficios para el país'. Al cierre de esta nota, no se especificó de cuánto ha sido la inversión. Se adelantó que tres compañías del sector financiero, con capacidad de crear 800 empleos cada una, se van a acoger a los beneficios próximamente.

Los sectores de servicios financieros y centros de servicios compartidos han sido precisamente los que más se han beneficiado de estos incentivos. La Administración García Padilla apuesta a la capacidad de estos decretos para hacer al país más competitivo frente a países comoRepública Dominicana, donde proliferan las sedes de centros de llamadas.

Estrategias de desarrollo económico

El frenesí del Gobierno en otorgar exenciones contributivas a modo de incentivar la atracción de capital no ha estado exento de críticas. La oposición se centra primordialmente en las pérdidas millonarias que representa en contribuciones, así como la ineficiencia que ha demostrado para garantizar la inversión en el país. Se critica también que estas leyes privilegien la empleomanía, en lugar de la producción local.

'Todo es actividad incremental', defendió SuárezIzquierdo acerca de la posibilidad de limitar los decretos a la cantidad de empleos o cantidades específicas de inversión de estas empresas.

Cónsono con la misión de crear empleos, esta administración agregó un requisito para que los beneficiarios de la Ley 20 se comprometan con la creación de al menos tres plazas. 'Parte de la razón para que el requisito sea tan bajo es para no limitar el tipo de negocio que puede acogerse a esto', contó el Secretario Auxiliar en referencia a negocios locales que, por ejemplo, se dedican a desarrollar software o exportar diseños industriales.

En el último informe sobre la Ley 20 de 2012, entregado a la Legislatura y al propio Gobernador, elDDECsolo destacó a 11 compañías, que crearon 47 empleos (un promedio de cuatro cada una) al final del año fiscal 2014. De las demás 15 empresas, que entregaron el informe en 2014, no se tienen los datos; mucho menos de las otras 58, que no entregaron el informe.

El PC 2504, para establecer la 'Ley del Portal Interagencialpara la concesión de incentivos',aumenta los requisitos a cinco empleos, establece que las auditorías sean anuales y que los beneficiarios por Ley 22 también entreguen informe anual. Sin embargo, así como da la orden crea también la trampa, al otorgar al Secretario del DDECla discreción para eximir total o parcialmente a empresas o individuos inversionistas que no cumplan con alguno o varios de los requisitos.

El proyecto está actualmente en Comité de Conferencia. Este diario solicitó entrevista con el autor, el representante Rafael 'Tatito' Hernández Montañez, pero no estuvo disponible para entrevista.