En la cuarta y última vista pública que realizó el Departamento de Salud sobre el borrador del Reglamento para el uso de la marihuana medicinal, los deponentes coincidieron en su rechazo a que se le delegue el proyecto a empresas extranjeras cuyo norte sea uno puramente económico sin tener como prioridad el acceso de los pacientes a otras alternativas medicinales.

A pesar de esta convergencia, los deponentes dejaron palpable su pensar de cómo el Gobierno debe implementar la política pública sobre la marihuana medicinal.

De un lado, la doctora Wanda Beltrán, tronó contra el gobernador Alejandro García Padilla por valerse de Órdenes Ejecutivas en vez de promover legislación para implementar dichos cambios. A su juicio con esta movida y con las inversiones que están haciendo ciertas empresas como GB Sciences Puerto Rico, se está creando 'un concepto medicinal equivocado, ocasionando una histeria colectiva y jugando con los sentimientos y la salud de nuestros pacientes'.

Beltrán abogó por que García Padilla detenga la Orden Ejecutiva que permite el uso de la marihuana medicinal y se delegue a la Oficina de Investigación del Departamento de Salud investigar todo el proceso y trabajar de la mano con la comunidad científica y la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAF).

Por otra parte, condenó que el proceso de vistas públicas llevado a cabo el Departamento de Salud se haya hecho 'fast track' para dar paso a la legalización del uso de la marihuana recreativa y la despenalización, 'sin estadísticas reales, ni datos correctos, y sobretodo regulaciones estrictas llevadas a cabo por una Oficina de Investigaciones robusta con tecnología y personal altamente capacitado para trabajar con estos asuntos de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico'.

Beltrán planteó que más que ayudar a los pacientes, la Orden Ejecutiva parece centrarse en el movimiento económico por el uso de la marihuana, algo que clasifica como la 'narco-economía'.

En otros aspectos, sostuvo que existen médicos en Puerto Rico que cuentan con la autorización federal para recetar medicamentos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), sin que el gobierno local emitiera la Orden.

Por su parte, el paciente José Miguel Feliciano Torres, reprobó el argumento de Beltrán, y trajo a la atención el cúmulo de medicamentos que ha ingerido y que no lo han ayudado a aliviar el dolor que siente al padecer enfermedades como fibromialgia, artritis degenerativa, discos herniados, cáncer de la piel, gastritis, el síndrome del túnel carpiano en ambas manos, apnea del sueño, hipotiroidismo, colesterol alto, hipoglicemia, entre otros.

En un emotivo testimonio,Feliciano Torres, reclamó al Gobierno que lo ayudara a tener calidad de vida a través del uso de la planta de marihuana original sin componentes químicos, luego de manifestar que hasta ha considerado la muerte asistida porque no tolera el dolor y a veces no puede ni dormir.

Previo a la deposición de Feliciano Torres, el expresidente del Colegio de Médicos-Cirujanos, Eduardo Ibarra, quien representó a la Fundación Pro Derecho a la Salud, catalogó como algo 'irracional' que se nieguen los beneficios de la planta de marihuana únicamente motivados por los prejuicios.

Ibarra trajo a la atención que existen análisis científicos que demuestran que el índice terapéutico del tetrahydrocannabinol (componente fisiológicamente activo en las preparaciones de cannabis), supera otras sustancias como el diazepam (Valium), y la morfina (genus Papaver).

La semana pasada el expresidente de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR),Elliot Pacheco Beauchamp le pidió a la secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus, que le solicite una dispensa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ninguna agencia federal pueda 'intervenir injustificadamente' contra quienes usen, dispensen, receten o procesen los derivados del cannabis como producto medicinal.

'Al no estar legislado este programa en Puerto Rico, la Secretaria de Salud debe pedir que se certifique que no habrá intervención con ninguno de los componentes de la cadena de distribución, desde el cultivo hasta la dispensación, a menos que puedan probar que se ha violado el reglamento de la agencia. Es la única forma de garantizar que los pacientes, médicos, farmacéuticos y el resto de los eslabones de la cadena de distribución no serán procesados judicialmente', indicó Pacheco Beauchamp.

Aparte de la falta de legislación, Pacheco Beauchamp, argumentó que el otro problema es que la Isla no forma parte de la '$1.1 trillion spending bill' firmada por el presidente Barack Obama, que limita la capacidad del Departamento de Justicia de llevar un procesamiento penal contra las personas autorizadas por los estados o que cumplen con las leyes emitidas para el uso de la marihuana medicinal.

De otro lado, el agricultor José Ortega Silva, reclamó la participación de los agricultores del patio para la producción de la planta de marihuana en vez de que se le delegue a empresas extranjeras. Resaltó que existen personas como él que se han preparado leyendo libros y noticias, y tomando cursos. En su caso, posee un certificado para cultivar la marihuana, el conocimiento de las legislaciones vigentes para la dispensación, y para cocinar el cannabis.

Finalmente Ibarra, al ser abordado por el oficial examinadorJan Carlos Bonilla en torno al argumento del Colegio de Médicos-Cirujanos de que el uso de la marihuana medicinal puede hacerle daño a un menor de edad, el galeno opinó que el cerebro en formación de un adolescente es igualmente susceptible por el uso del alcohol y por la inhalación de pegamento y gomas industriales.

'Aquí estamos confundiendo dos asuntos. Un asunto de la conducta de los adolescentes, de la supervisión de los padres y de la sociedad de cómo educar a los niños. Y el asunto científico de los medicamentos. Mucho más peligroso para los adolescentes es si le ponemos a su disposición el Fentanyl, eso sí que le va a dar un viaje al muchacho de días', sentenció.

Ibarra entiende que esta no es razón de peso para no investigar sobre estas alternativas medicinales, si no que debe provocar mayor esfuerzo para controlar el acceso de los menores de edad a este tipo de tratamiento.

Mientras, la directora de Asesoramiento Legal de Salud, Mayra Maldonado Colón, dijo a este diario que tras culminar el proceso de vistas públicas, Bonilla rendirá un informe que será discutido con Ríus para que tome su decisión. La agencia espera emitir identificaciones a los pacientes entre diciembre de 2015 a enero de 2016.