El exejecutivo de la industria de seguros, Julio Juliá, quien ocupa la silla de presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu (UCA) tras la renuncia del banquero Salvador Calaf, ha sido señalado como el principal responsable de obstaculizar la investigación sobre negligencia e irregularidades cometidas por ese cuerpo rector.

Así se desprende de la demanda que entabló el expresidente de la UCA, Ángel Collado Schwarz,cuyos abogados José Andreu Fuentes y Carlos Díaz Olivo pidieronque se declare ilegal sudespido debido a la propia nulidad de una Junta donde ocho de diez de sus miembros han sobrepasado el periodo permitido por el Certificado de Incorporación.

Juliáha protagonizado otras controversias cuando ocupó el puesto de Principal Oficial Ejecutivo de MCS como de MMM. Alrededor de su salida, MCS fue allanada por los federales y la administracion Fortuño le canceló contratos de Mi Salud. Fue también demandado por participar de un esquema de crimen organizado en el cual supuestamente se extorsionaban suplidores, espiaba a la competencia y robaban información de pacientes, pero la demanda fue dejada sin efecto a nivel de apelaciones. Juliá fue despedido cinco meses después.

Llegó a la Junta de la UCA en agosto de 2010 por invitación del licenciadoJaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

En el recuento de los hechos que dieron paso a la controversia, se informa al Tribunal que luego de la contratación de Collado Schwarzla Junta le solicitó al nuevo Presidente que tomara control del proyecto de remodelación del edificio 205 de la calle Luna del Viejo San Juan ya que se había atrasado sin fecha de entrega. En ese momento, Collado Schwarz contrató con el aval del entonces Presidente de la Junta de Síndicos al CPA Rafael Martínez Margaridapara queinvestigara las irregularidades denunciadas.

Cuando la Junta se enteró de tal acción, Juliá refutó la autoridad que tenía el Presidente para investigar irregularidades, a lo que Collado Schwarz buscóla consulta del asesor legal de la Universidad, Fernando Agrait, quien por supuesto confirmó su autoridad.

El 5 de julio de 2015, semanas antes del inicio de clases, Martínez Margarida presentó el informe preliminar donde determinaba que la Junta había cometido negligencias tanto en la compra del edificio,como en la contratación de la firma de arquitectos Gutiérrez Latimer, que se encargaría de la remodelación. Ambos esfuerzos conllevaron gastos de alrededor de $3 millones para la Universidad sin que la obra se haya finalizado tres años después de la contratación.

Entre sus hallazgos, el CPA encontró que la Junta no realizó tasación, ni estudio del estado físico del edificio, compró a sobreprecio, subestimó los costos de remodelación, pagó por adelantadoy no supervisó adecuadamente la obra.

Ese informe 'desató el inicio de una campaña de atropello, marginación y represalias de la UCA por conducto de su Junta de Síndicos, contra el demandante', lee la demanda.

Se alega, además, que a raíz de este informe la Junta usurpó funciones del Presidente, negó la aprobación del presupuesto 2015-2016, y obstaculizó la continuación de la investigación, mientras ocultó las irregularidades denunciadas. Este diario solicitó la reacción de la Junta a la demanda, pero se informó que no habían recibido el emplazamiento y al momento no harían declaraciones.

Desde noviembre de 2011, la Comisión de Middle States intervino solicitando que en el Informe de Revisión Periódica de la Universidad, se detallaran las 'nuevas medidas adoptadas y éxito alcanzado en el esclarecimiento y la garantía de las respectivas funciones, responsabilidades y autoridad de la Junta de Síndicos y el Presidente con respecto a la supervisión y la gestión de la institución'. Ese informe debía ser entregado en junio de 2015, justo cuando comenzaron los problemas de gobernanza entre la Junta y el Presidente de la institución.

Pendiente a la controversia suscitada, laMiddle States solicitó una aclaración sobre los señalamientos de irregularidades. Esto se convirtió en el detonante del despido de Collado Schwarz, cuando 'la Junta amordazó al demandante para que no contestara requerimientos de la agencia acreditadora, lo que pone en peligro la acreditación', continúa exponiendo la demanda.

La vista fue pautada para el 21 de octubre en la sala de jueza Aileen Navas Auger.

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Demanda - NotiCel_15383