Durante la mañana del jueves, enfermeros y enfermeras cesanteadas en el año 2014 de sus labores en el Centro de Salud Municipal Mario Canales Torresola de Jayuya radicaron una demanda sobre acción civil y daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, por más de 450 mil dólares.

'El alcalde Jorge González Otero tenia la obligación de pagar a las enfermeras y enfermeros demandantes, el salario mínimo, que requiere la ley 28 desde el año 2007, pero no cumplió con dicho mandato legal', indicó el licenciado Carlos Ortiz Velázquez, representante legal de los enfermeros.

'La doctora Ana Ríus Armendaris, secretaria de Salud, tampoco cumplió con el deber que le impone la Ley 28 al no ponerla en vigor y le negó a los demandantes el incentivo en los salarios.', terminó diciendo el licenciado Carlos Ortiz Velázquez

Sostuvo que dicha demanda, que incluye como codemandada a la doctora Ríus Armendaris, también incluye a las respectivas sociedades de bienes gananciales de estos y al Municipio Autónomo de Juyuya.