Al cierre de la sexta sesión extraordinaria, el Senado concurrió el martes con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto que crea la Junta de Supervisión Fiscal y ordena la confección de un plan de desarrollo económico a cinco años.

Según informó el personal del Senado, entre las enmiendas más significativas realizadas al Proyecto del Senado 1513, destaca la creación de un fondo de 'Reserva de Control Presupuestario', para las entidades fiscalizadas por la Asamblea Legislativa en el presupuesto del Estado Libre Asociado, que represente el 2.5 por ciento del total de las asignaciones de gastos operacionales y asignaciones especiales. Dichos fondos serán transferidos a una cuenta bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para ser liberados de acuerdo a las reglas que fije la Legislatura.

Las enmiendas incluyen además la inclusión de un mecanismo que advierte a las instrumentalidades públicas cuando estas estén en incumplimiento con las metas presupuestarias y del plan de ajuste fiscal.

Se informó que la Junta hará recomendaciones para corregir las irregularidades detectadas y cada agencia fiscalizada que haya sido apercibida tendrá 30 días para implantar dichos correctivos. De no hacerlo, la Junta notificará al gobernador, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa y se activarán de forma automática reducciones globales (across the Boards) en las asignaciones presupuestarias de gastos operacionales. En tales casos el gobernador restringirá los desembolsos a las entidades fiscalizadas incluidas en el presupuesto del Estado Libre Asociado, por la cantidad que se requiera para eliminar el déficit proyectado.

Mientras, el Alto Cuerpo también aceptó las modificaciones realizadas al Proyecto de la Cámara 2717, que implementa un programa de pre-retiro para los empleados públicos. La pieza legislativa destaca que serán elegibles para dicho programa los empleados que tengan un mínimo de 20 años de servicio cotizados al Sistema de Retiro bajo los requisitos de la Ley 447.

Detallaron que los pre-retirados recibirán como compensación el 60 por ciento de su retribución promedio al 31 de diciembre de 2015, hasta cumplir los 61 años, los cuales, para efectos tributarios, se considerarán como si fuesen devengados por concepto de pensiones concedidas por los sistemas de retiro subvencionados por el gobierno del ELA. Dicha retribución incluirá la aportación al Seguro Social federal y al Medicare.

Según precisaron, el proyecto plantea que el pre-retirado se mantendrá en la cubierta del plan médico por un término de dos años y que los puestos que queden vacantes por la implantación del citado programa serán eliminados a menos que la Oficina de Gerencia y Presupuesto determine lo contrario. Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá evaluar en un término no mayor de 60 días, prorrogables por 30 días adicionales, la viabilidad de que cada la agencia se acoja al Programa y solo aprobará la solicitud de determinar que ello representará un ahorro para la entidad gubernamental.

Por otra parte, el Senado concurrió con las enmiendas al Proyecto del Senado 1529, entre ellas la que ordena a la Asociación de Suscripción Conjunta a hacer un pago de 21 millones de dólares, dividendo que será destinado al beneficio del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario que impacta a organizaciones sin fines de lucro. El lenguaje del Proyecto, prohíbe la participación de las aseguradoras en prácticas anticonceptivas indicando que las mismas están obligadas a fomentar el formulario de selección al momento de renovar el marbete.

Por otra parte, el pleno senatorial concurrió con las enmiendas realizadas a los Proyectos del Senado 951, 2221, 775 y 951, Proyectos de la Cámara 1845, 2479, 695, 1100, 1185 y 2729. Igualmente se recibieron los informe de la Resolución Conjunta del Senado 432 , así como los informes finales de los comités de conferencia relacionados con las Resoluciones del Senado 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1292 y 1245. También se aprobó la Resolución del Senado 1245 y la Resolución Conjunta de la Cámara 789.

Finalmente, el Senado confirmó los nombramientos de Brenda Rivera García, como miembro de la SubJunta Examinadora de Tecnología Veterinaria y como miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios; Jorge Jiménez Sánchez, como miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos; José Rivera Figueroa, como miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación; Rebeca Acosta Pérez, como miembro asociado de la Junta de Calidad Ambiental; Lewis Dorta Mowery, como titular de la Comisión de Servicio Público y de Grace Sylvette Lozada, como presidenta de la Comisión Industrial de Puerto Rico.

Se dio curso también a los nombramientos de Marisol Díaz Guerrero, como jueza superior del tribunal de primera instancia; Carol Salas Pagán, como miembro del Consejo Directivo para la Defensa de Personas con Impedimentos; Teresa Pérez Stuart y Eloina Torres Cancel, como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia.