El grupo civil Vamos Concertación Ciudadana demandó el domingo que se implante la ley que ordena una auditoria de la deuda de $70 mil millones para que se determine la cantidad que realmente le corresponde pagar al gobierno y se estructure un plan razonable de repago.

Según Vamos, el gobierno debe recurrir al impago, priorizar el pago de servicios a la ciudadanía y enmendar la constitución para cambiar el orden de prelación de pagos para que la deuda no sea primero en la lista.

'El priorizar en los servicios al pueblo, auditar la deuda, reestructurar el pago de la cantidad que se determine legítima, una reforma contributiva progresiva mediante la cual cada quien contribuya de acuerdo a lo que recibe, nos permitirá establecer un plan de desarrollo económico sostenible y solidario', sostiene la organización.

El grupo hizo un listado de los factores que agravan la crisis fiscal. 'En primer lugar, las administraciones de gobierno han demostrado que su prioridad es favorecer a los grandes intereses en lugar de los del pueblo. En segundo lugar, no podemos confiar en que esta administración cumpla su rol histórico como, sabemos, que tampoco lo hará la próxima. En tercer lugar, el gobierno de Estados Unidos admitió el pasado 24 de diciembre que Puerto Rico no cuenta con poderes ni autoridad para tomar las decisiones fundamentales que logren la transformación que necesitamos, que ese poder reside en su Congreso', sostiene Vamos.

Este lunes y durante los primeros meses del año, el gobierno de Puerto Rico tiene de frente pagos a la deuda que suman sobre $3 mil millones. El Gobernador dijo la semana pasada que se pagarán casi todos los pagos de enero que suman en total unos $902 millones, incluyendo obligaciones generales, pero no unos $35.9 millones de la Autoridad para el Financiamento de Infraestructura y unos $1.4 millones de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público. El gobierno hizo los pagos debido a que la mayoría de las entidades cuyos pagos se vencían tenían dinero en sus reservas y no porque había dinero nuevo. El gobierno también hizo un 'clawback' o transferencia de unos $163 millones para pagar las obligaciones generales.

El gobernador Alejandro García Padilla no descartó un posible cierre del gobierno aunque dijo que se está tratando de evitar a toda costa.

Vamos pidió que se detenga el pago de toda la deuda aunque se incurra en el impago. 'Ya se ha incurrido en el impago de los reintegros, donativos legislativos, asignaciones legislativas, servicios de salud, y tantos otros. Como pueblo, necesitamos requerir determinar a quién se le impaga. No a nosotros otra vez', dijo el grupo.

También propuso que se implante la ley 97 del 1 de julio del 2015 sobre la 'Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público' para que se audite la deuda, se determine la cantidad a a pagar y que se restructure la misma.

'Además, debemos requerir que se convierta en ley el proyecto que propone enmendar la Constitución de Puerto Rico a los efectos de otorgarle al pago de la deuda un orden de prioridad posterior', dijo la organización.

Vamos anunció que desarrollará una amplia jornada de educación en los 78 municipios a partir del próximo mes de febrero para dialogar con el pueblo la situación de crisis que vive Puerto Rico, las oportunidades que la misma encierra y organizar un movimiento de concertación ciudadana que logre la calidad de vida de los puertorriqueños.