La secretaria de la Gobernación y directora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, Grace M. Santana Balado, aseguró hoy, viernes, que el inicio del proceso que contempla el establecimiento de una alianza público privada para la concesión de los servicios marítimos que operan en el área Metro y las islas municipio de Vieques y Culebra no constituye la privatización del ese sistema de transportación pública.

Las declaraciones fueron hechas durante una rueda de prensa donde la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)y la Autoridad de Transporte Integrado para Puerto Rico (ATI), anunciaron que se proponen establecer una Alianza Público Privada que incluye los servicios de transportación de pasajeros y carga en lanchas y la base de mantenimiento que ubica en la bahía de San Juan.

'La Autoridad publicó ayer un aviso sobre el proceso competitivo de Solicitud de Cualificaciones y Propuestas ('RFQP' por sus siglas en inglés), que es libre y abierto a todos los interesados, con el fin de seleccionar a la entidad privada que, en su día, suscribirá el contrato de operación y mantenimiento para el Proyecto con la ATM y ATI', indicó Santana Balado.

'No cabe hablar de una privatización, la ley nuestra impide lo que es una privatización. Puedo hacer referencia a la transacción de la Telefónica, pues eso está prohibido por la ley. Lo que buscamos es conceder una operación del servicio actual a una entidad privada de operación y mantenimiento de lanchas y concederlo a un operador privado por un término que va a variar de cinco a 10 años, sujeto al proceso de negociación', añadió.

Según indicó Santana Balado, el objetivo principal es garantizar la calidad y confiabilidad del servicio para los usuarios y lograr eficiencias en la operación del servicio al utilizar y capitalizar la experiencia y el peritaje que ofrece el sector privado en la industria de transportación marítima.

Una vez materializado el contrato, el operador privado asumiría la operación y mantenimiento del servicio de lanchas en Fajardo y San Juan, y la base de mantenimiento de Isla Grande. El operador sería responsable del mantenimiento rutinario y preventivo de las lanchas y los terminales, y estaría sujeto a estándares mínimos de operación y mantenimiento impuestos por el Gobierno.

El Departamento de Trasportación y Obras Públicas (DTOP) y la ATM serán responsables de la supervisión y auditoría de la operación del servicio por parte del contratista, además, la Autoridad tiene el deber ministerial en velar por el cumplimiento del contrato.

La Secretaria de la Gobernación aseguró que, de materializarse el contrato con una compañía privada, no se espera que se realicen despidos de empleados en ese sistema.

'El proyecto no contemepla despido de empleados. Eso es parte de la política pública del Señor Gobernador, que ninguna transacción puede conllevar despido de empleados. Tampoco contempla un aumento en las tarifas', dijo.

Por su parte, el secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz, explicó que el contrato que se realice con la empresa privada tiene que garantizar que se utilizará el mismo presupuesto actual de operaciones de la ATM, aunque se busca que este sea menor.

'El costo de la operación de la ATM oscila los 56 millones de dólares, incluyendo las mejoras de capital. Estamos hablando de un contrato que tiene que ser en la totalidad igual o menor que esa cantidad. Tiene que ser algo que nos fije ese costo y no tenga una variabilidad de ciclo en ciclo, como ha sido por años', indicó.

'Todos recordaremos los veranos de 2011 y de 2012, que había solamente una embarcación haciendo un triángulo entre las tres islas que aquello era terrible para los residentes y fue una situación crítica que forzó una situación de emergencia y se hizo una contratación privada. Esto es otra cosa. Lo que queremos es que se mantenga el costo, el cumplimiento de estándares y garanticemos que no haya un incremento exorbitante en el costo y podamos maximizar el uso de fondos federales', agregó.

Torres Díaz y Santana Balado estuvieron acompañados por la subdirectora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Deliris Ortiz Torres, el director ejecutivo de la ATM, José A. Ruiz García y el director ejecutivo de la ATI.