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Juez federal advierte la 'PROMESA' cuca una reacción 'violenta' (documento)

El juez del Apelativo federal, Juan R. Torruella Del Valle, denunció como antidemocrático el control colonial que los Estados Unidos ha mantenido en la Isla por 118 años, y señaló el proyecto de la Cámara federal que establecería una Junta de Supervisión Fiscal como el ejemplo más claro del control colonial que tiene la Nación norteamericana sobre Puerto Rico.

Las expresiones del Jurista surgen durante una conferencia en el John Jay College de Justicia Criminal en la ciudad de Nueva York, el pasado 12 de abril.

'El estatus colonial de la Isla es la causa principal y el catalizador de esta debacle económica en la que se encuentra Puerto Rico porque ha permitido y promovido, desde el día primero la explotación económica por parte del capital estadounidense en detrimento de la Isla y sus ciudadanos', indicó Torruella del Valle durante su alocución en la institución académica.

Aunque el Juez indicó que no especularía sobre el posible resultado de los casos pendientes en la Corte Suprema relacionados al estatus político de la Isla, si admitió que la resolución de Puerto Rico versus Sánchez Valle y los casos consolidados de Puerto Rico verus Franklin California Tax Free Trust y Acosta Febo versus Franklin California Tax Free Trust, cambiarán drásticamente la relación entre ambos países.

Torruella fue más allá y denunció la doble vara con la que los Estados Unidos mantienen el estatus colonial de la Isla mientras promueve su sistema democrático en el resto del mundo.

'Desafortunadamente, no siempre practicamos lo que predicamos. Esto es particularmente cierto en referencia a los derechos constitucionales y políticos de aquellos que residen en las jurisdicciones de Estados Unidos que no son estados y a las que eufemísticamente llamamos territorios o posesiones, cuando son colonias de facto', dijo.

'Pero quizás un ejemplo más conmovedor y actual del control colonial que mantiene el Congreso en Puerto Rico, es en la legislación del proyecto de la Cámara baja PROMESA, que entre otras cosas, establecería una junta de control fiscal no elegida por el pueblo y que contará con siete miembros nombrados por el Presidente. Esta junta tendrá el poder de imponer un plazo al Gobierno de Puerto Rico para desarrollar un plan fiscal y un presupuesto que cumpla con el criterio congresional', añadió a la vez que aseguró que esta junta también tiene la prerrogativa de exigir que la Legislatura local le someta todos sus proyectos para que esta los apruebe.

No obstante, Torruella Del Valle subrayó una de las disposiciones de la legislación como la más peligrosa para la integridad de los puertorriqueños.

'Escondida dentro de esa legislación hay otra provisión que posiblemente sea más perniciosa para Puerto Rico y el futuro de su gente dada la limitación de sus recursos naturales. Me refiero a la Sección 405 de PROMESA, que entregaría miles de acres de terrenos protegidos para el desarrollo privado. Inclusive el Secretario de lo Interior ha condenado esta provisión', señaló.

'Históricamente el problema básico y fundamental de la economía de Puerto Rico siempre ha sido que es una economía que genera una significativa porción de riquezas, pero que retiene muy poca de esta, una típica circunstancia de las colonias en todo el mundo', explicó.

El Juez indicó además que las principales industrias en la Isla están dominadas y controladas por corporaciones multinacionales de los Estados Unidos, cuyas ganancias netas relacionadas a sus operaciones sobrepasan los $14 mil millones anuales. Asimismo, el turismo, la segunda industria más grande en la Isla y que emplea a un 9% de la fuerza laboral, es controlada casi en su totalidad por el capital estadounidense. Según el Juez, casi cuatro de cada 10 dólares producidos por trabajadores puertorriqueños terminan en las arcas de alguna firma estadounidense.

'El factor incuestionable que ha causado el dilema en la Isla es el déficit de democracia entre la relación de Estados Unidos y Puerto Rico. Este déficit simplemente no puede ser cuestionado en 2016, particularmente desde que una mayoría del electorado puertorriqueño ha expresado su rechazo al estatus de la Isla en un plebiscito en 2012', indicó.

En un mensaje claramente destinado al Congreso federal, Torruella Del Valle advirtió sobre posibles disturbios en la Isla como consecuencia de la crisis fiscal y el trato de Estados Unidos a la Isla.

'Si algo nos ha enseñado la historia es que acciones extremas provocan reacciones extremas. Cualquier criatura acorralada en una esquina se defenderá. Si el Congreso continúa el camino que lleva, si PROMESA es un reflejo de sus intenciones respecto a Puerto Rico, debe estar al tanto de que sus acciones abusivas no fueron el detonante solo de desobediencia o resistencia civil, sino una radicalización violenta como la que vio la Isla en las décadas de 1930, 1940 y 1950', sentenció.

Discurso Torruella - NotiCel_18602

El juez del Apelativo federal, Juan R. Torruella Del Valle. (Suministrada/COPUR)
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