A pesar de cuestionamientos sobre la costoefectividad de la implantación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el proyecto de la Cámara de Representantes arrancó sus vistas públicas la mañana del miercoles con muestras de apoyo de legisladores y el endoso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Los señalamientos presupuestarios se deben a que la ley crearía nuevas figuras en el andamiaje gubernamental. Aparte de nombrar tres funcionarios y un suplente como integrantes de una Junta Administrativa Revisora, tanto el presidente de dicha Junta como el Defensor de la Información Pública, recibirían los mismos beneficios que un juez superior: un sueldo de $90 mil anuales más dietas.

Además, se nombraría un Oficial de Información en cadainstrumentalidad, encargado de la recepción de solicitudes de información, y de la documentación y publicación de la gestión pública.

Los legisladores que tomaron el micrófono, pese a que mostraron en su mayoría entusiasmo hacia el proyecto ante la necesidad de mayor acceso, levantaron la preocupación de cuánto le costaría al Gobierno implementar estos cuerpos, algo que abordará en un turno posterior la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

ElexlegisladorVíctor García SanInocencio, quien asesora alCPIen materia de acceso a lainformación, recalcó que son más los ahorros que tendría el Gobierno, en el proceso de digitalización, reduciendo espacio de almacenamiento e impresión de papel. 'No se le pone precio al costo de un derecho', concluyó.

No obstante, se mantuvo la preocupación. La representanteJenniferGonzález se opuso a la creación de una Junta a pesar de que, sostuvo, existe un problema de acceso incluso para los legisladores. Por su parte, el representante Luis R. Torres manifestó su apoyo al proyecto y propuso la reducción de $10 millones en escoltas para sufragar los gastos de la transparencia.

Pero para el licenciadoEfrénRivera Ramos, el proyecto trae un potencialtransformador que resulta innovador para Puerto Rico. A sus ojos, la implantación de esta medida establecería en el Estado unaobligación afirmativa de publicarproactivamenteinformación sin que se le solicite, ahondando así en el fortalecimiento de la transparencia con una política de datos abiertos.

'Toda la discusión pública que ha habido sobre el tema de la crisis fiscal ha dejado al descubierto que uno de los grandes problemas ha sido la falta de información sobre las gestiones financieras fiscales y económicas de todos los gobiernos pasados. Eso se hubiera podido subsanar si hubiera habido los mecanismos y la educación y la cultura necesaria para requerir toda esa información de carácter financiero al Estado', comentó.

El abogado, quien integra la Junta de Directores del CPI, depuso ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a favor del proyecto de ley 2944, cuyo nombre completo sería la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y la Información Pública.

Aunque el proyecto fue presentado por elpresidentede la Comisión, José‘Conny'Varela, y el representanteJohnnyMéndez en una iniciativa bipartita,Varelareconoció que el contenido del proyecto surge de un esfuerzo capitaneado por elCPI.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ya reconoció el derecho a la información como un derecho de rango constitucional para todos los ciudadanos del país, y para Rivera Ramos, 'este es el tipo de medida legislativa que le pondría dientes de verdad' a ese derecho.

Incluso, unos 150 países poseen legislación de este tipo, y, según el periodista OscarSerrano, co-fundador del CPI, esta ley 'estaría colocando el ordenamiento de Puerto Rico en un punto mucho más avanzado que el federal', foro que aún no reconoce el derecho a la información como un derecho constitucional.

Uno a uno, Rivera Ramos enumeró los beneficios que considera tiene el proyecto en su gestión de adelantar la justicia social, el acceso libre a la información y la transparencia en la gestión pública. A su juicio, el procedimiento 'expedito y preciso' para canalizar las solicitudes - siete días para cada agencia -, y la inclusión de un Defensor Público que proteja al solicitante ante los tribunales o ante una Junta, son algunos.

Además, destacó como bondades del proyecto, el reconocimiento de este derecho para todas las personas sin exigirles explicación ni pertinencia de la información solicitada, las definiciones abarcadoras de los conceptos, la delimitación de las excepciones al derecho que pueden invocar los funcionarios para reducir la arbitrariedad.

En cuanto a la costo efectividad de la implantación, Rivera Ramos también señaló que muchos de los funcionarios a ser nombrados serían empleados con los que ya cuentan las diferentes instrumentalidades, en el caso de los oficiales de información, y los costos de los sueldos podrían ser absorbidos por las oficinas a las que estarían adscritos en el recinto capitolino o en la Oficina de Estadísticas.

Sin embargo, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), representada por su presidente Juan Hernández, cuestionó también la creación de un nuevo andamiaje burocrático que a sus ojos, traería 'costos onerosos al país' a la vez que representaría una capa más de trámites que atrasarían la obtención de información, sostuvo.

Por su parte, la directora ejecutiva de la OEG,ZulmaRosario Vega, quien asumió el primer turno de la mañana,endosóel proyecto que calificó como 'muy beneficioso para la cultura de una administración pública democrática y transparente'.

Incluso, en una de sus intervenciones, sostuvo que contaba con el‘standing'paramanifestarseen apoyo de la medida, debido a que su Oficina yadigitalizatodos los documentos que genera y los hace accesible al público a través de un portalcibernético.

Aun así, le recomendó a la Comisión que esperara por la evaluación de la OGP, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia, para que las figuras que crearía la leycuentencon el respaldo económico necesario para que operen de forma eficiente.

*Nota editorial: El presidente y editor jefe de NotiCel, Oscar J. Serrano, es parte del grupo promovente del P. de la C. 2944.