De acuerdo al periodista y cofundador del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Oscar J. Serrano, si una agencia de Gobierno se niega a soltar información que le incomoda o le conflige a pesar de ser de dominio público, la única alternativa que tiene el solicitante es acudir a los tribunales y litigar a favor del acceso.

Con ese panorama se ha topado elCPI, que ya posee una trayectoria en los tribunales para lograr acceso a un estudio del Departamento de Hacienda sobre el Impuesto al Valor Añadido (IVA) o para develar la identidad de cada uno de los acreedores a los que el gobierno de Puerto Rico debe los billones en deuda pública, información que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) juzgó impertinente.

En ambos casos, el CPI prosperó en los tribunales. Sin embargo, sostuvo Serrano, con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública las agencias se verían obligadas a ofrecer la información, sin importar si leincomodao leconflige.

‘Ahora tenemos que rogar para que nos den la información, mañana podríamos exigir que nos la den’, dijo Serrano, a la par que defendióel impacto positivo que tendría en la labor periodística.

Sin embargo, sentado en la última fila de la sala de audiencias donde se celebró el primer día de vistas públicas del proyecto de ley 2944, el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Juan Hernández, enumeró en un papel la lista de razones por las cuales la organización rechaza de raíz el proyecto, considerándolo ‘una capa más de trámites burocráticos, además de crear costos onerosos para el país’.

La Asociación criticala figura del Oficial de Información, a quien considera se le imponen responsabilidades similares a las de un oficial de prensa, ‘creando la posibilidad de duplicidad o entrecruzamiento de funciones [provocando] el retraso en la entrega de la información solicitada’, sostiene la Junta de la ASPPRO.

Además, objetan la creación de la Junta Administrativa Revisora, que según la Asociación, actuaría como paso intermediario entre el solicitante de la información y los tribunales de Puerto Rico.

Sin embargo, en su ponencia, el licenciado Efrén Rivera Ramos, quien representó al CPI, dejó claro que ‘acudir a la Junta Revisora para cuestionar la denegación de cierta información queda a la discreción de la persona solicitante, quien podría ir directamente al tribunal, si así lo deseare, para vindicar su derecho utilizando el recurso de mandamus, que es el que se utiliza actualmente para obligar a los funcionarios a entregar la información’.

Aun así, Hernández recordó que el Tribunal de Primera Instancia en muchas ocasiones malinterpreta la ley, y que podría insistir en que primero se agoten todos los remedios administrativos por economía procesal, lo que para el periodista, haría la Junta obligatoria como escalón antes de acudir a los tribunales, atrasando el proceso.

Pero sobre todo, la Asociación se opone al proyecto ‘por principio’, sostuvo Hernández, debido a que consideran que el proyecto reconoce al Estado ‘la obligación de tener control sobre la información’ y actuar como ente regulador de la misma, lo cual lejos de ampliar el acceso, pondría mayores controles y restricciones, agregó.

‘Este proyecto de ley parte del reconocimiento de la autoridad y la obligación del Estado para controlar la información y documentación pública. De ahí que como cuestión de principio la ASPPRO rechace este proyecto. El Estado no puede ejercer el rol de controlador o regidor de la información pública, precisamente por la naturaleza misma de dicha información’, sostuvo el también periodista de Caribbean Business en declaraciones escritas.

Según las observaciones de la Junta, la apertura de expedientes que requeriría a cada servidor público llevar un registro de todo lo que se gestione acerca de un asunto, ‘dificultaría que los periodistas tengan acceso a la información mediante fuentes, quienes estarían susceptibles a ser identificadas’.

Ante observaciones de NotiCel de que esa información se supone pública y al alcance de cualquier ciudadano, no solo de quien tenga acceso a fuentes, Hernández mantuvo su postura de que el nuevo procedimiento restringiría la labor del periodista, eliminando también las exclusivas. Según el presidente, un medio que compite tendríaacceso a los temas de investigación que desarrolla otromedio en particular.

Además, condenó que ninguna organización periodística estuviese incluida en la lista de organizaciones que someterían nombres a una terna de candidatos, de la cual el Gobernador elegiría a dos de los miembros de la Junta y al Defensor de la Información.

También en el proceso burocrático, cuestionan el requisito para cada solicitante de someter una ‘descripción razonable’, que podría incidir en más solicitudes denegadas, a los ojos de Hernández.

No obstante, elCPIsometió una lista con el nombre de 42 periodistas de diversos medios – GFR Media, Metro, WAPA, Telemundo, Radio Isla, Metro – que endosan el proyecto, entre ellos, cinco expresidentes de la ASPPRO. Periodistas como Daisy Sánchez, Cyd Marie Flemming, Ivette Sosa, Israel Rodríguez, Yolanda Vélez Arcelay, Benjamín Torres Gotay, Luisa García Pelatti y Normando Valentín, entre otros, figuran en la lista.

Confrontado por el representante Luis R. Torres sobre las discrepancias de la Asociación, Serrano aclaró que hace seis meses se le sometió un borrador del proyecto a la ASPPRO para recibir insumo y nunca recibieron respuesta, hasta que recibieran la noticia del rechazo total que levantaron luego de radicado el proyecto. Además, Serrano alegó que la Junta de la ASPPRO ha recibido peticiones de miembros de su matrícula, a la cual pertenece, para discutir el asunto, y hasta ahora han recibido la negativa.

En un aparte con NotiCel, Hernández descartó que hubiese un esfuerzo sólido por dialogar el asunto. Solo una persona, según el presidente, se ha acercado a él de manera informal con la necesidad de abordar el asunto. De todas formas, Hernández invitó a cualquier miembro de su matrícula a utilizar los mecanismos que le ofrece el reglamento de la Asociación para convocar a una asamblea extraordinaria.

El CPI también entregó un anejo con los nombres de 27 entidades que han endosado el proyecto, entre ellas, Espacios Abiertos, Abre Puerto Rico, Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña, Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico, la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, la American Civil Rights Union (ACLU), el Proyecto Matria, la Coordinadora Paz para la Mujer, 80 grados, Claridad, entre otros.

De otro lado, en una breve conversación con NotiCel, la directora de Diálogo, Milvia Archilla, sostuvo que retiró su apoyo tras una profunda evaluación que hizo del proyecto en calidad de miembro de la junta del Overseas Press Club (OPC).

El presidente del OPC, el periodista Gary Javier, se abstuvo en nombre de la Junta de Directores a endosar el proyecto debido a falta de unanimidad entre los miembros sobre si ‘apoyar una medida que estaría comprometiendo fondos públicos en el momento en que el país atraviesa una crisis fiscal’.

‘Algunas de las preocupaciones que hemos discutido es que el proyecto de ley incluye la creación de dos puestos con sueldos alrededor de $90 mil anuales, la otorgación de dietas y la designación de empleados en cada una de las agencias para tramitar las peticiones de documentos’, expresó.

*Nota editorial: El presidente y editor jefe de NotiCel, Oscar J. Serrano, es parte del grupo promovente del P. de la C. 2944.