Washington - El Comite de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acordó hoy supervisar y evaluar el desempeño de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de atender la crisis fiscal en Puerto Rico y desean comenzar pronto.

Aclarando que 'la paciencia no es una de mis virtudes', el presidente del Comité, el representante Rob Bishop de Utah, expresó que se mantiene al tanto de la interacción y las negociaciones delicadas entre el Gobierno de Puerto Rico, los bonistas, dueños de $70 mil millones en deuda pública y la Junta que exige reformas fiscales en la isla.

'Estamos pensando llevar a cabo unas vistas pronto y queremos asegurarnos de estar al tanto y estar involucrado en lo que está ocurriendo,' afirmó Bishop al terminar una reunión en Washington el martes, donde se aprobó la agenda de trabajo del Comité para el año. 'Tendremos una vista aquí (en Washington) y me encantaría tener unas en Puerto Rico, pero aún no se han finalizado los planes.'

La agenda de trabajo y el plan de supervisión que el Comité aprobó también establece que se 'continuará monitoreando los resultados de cualquier plebiscito que se lleve a cabo, que exprese la preferencia de la población'. El plebiscito pautado en Puerto Rico es parael 11 de junio próximo.

Jenniffer González, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, quien fue nombrada oficialmente el martes como vicepresidente del Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares, que tiene jurisdicción sobre el territorio puertorriqueño, ha solicitado que el Comité en pleno lleve a cabo vistas en Puerto Rico sobre los trabajos de la Junta.

Afirmó que la crisis fiscal en Puerto Rico ha logrado que se le preste más atención de forma más urgente a la Isla en el Congreso y aprovechó para someter proyectos de ley para autorizar el plebiscito de junio y para lograr cierta equidad en los fondos federales en Medicare – unos $1.6 mil millones que el Gobierno de Puerto Rico busca que se le asignen cuando se reemplace el programa de Obamacare.

Se reunirá con algunos miembros de la Junta la semana entrante donde les enfatizará que, como parte de sus funciones, deben apoyar activamente la asignación de los fondos de salud a Puerto Rico, un asunto medular y necesario para poder arreglar y reformar las finanzas de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló deberá someterle a la Junta un Plan Fiscal el 28 de febrero, que refleje reformas y recortes en gastos cónsonos con las proyecciones de ingresos bajos. La Junta también extendió hasta el 1 de mayo la suspensión de litigaciones referentes a la deuda pública, dándole más tiempo al Gobierno para negociar acuerdos de pago voluntarios con los bonistas. De no haber acuerdos, la Junta entonces podría autorizar la reestructuración forzada de la deuda en los tribunales.

González reclama que, como parte de la supervisión del Comité de la implementación de la ley PROMESA, la Junta, que tiene acceso a toda la información financiera en la isla, debe hacer más para ayudar a que Puerto Rico reciba los fondos federales para la salud, que en última instancia, es otra medida de desarrollo económico que haría más fácil pagar la deuda pública.

'Cómo tú le estás diciendo al Gobierno que tienes que recortar $1.6 mil millones en nóminas, pensiones, retiros y consolidaciones, pero no estás siquiera mandando una carta a favor de los fondos de Obamacare para Puerto Rico?' reclamó la comisionada.

'Ellos están supervisando la situación fiscal. Dónde están? Esto no puede ser solamente un juez en un tribunal viendo un acusado. En este caso, esta supervisión también tiene que ayudar no solamente a que el Gobierno pueda facilitar un Plan Fiscal, sino darle las herramientas para bregar con eso,' puntualizó González.

En varias versiones consideradas antes de que se aprobara en noviembre pasado, la ley PROMESA que estableció la Junta, se enfocó principalmente en maneras de implementar unas reformas fiscales en la gestión del Gobierno, asegurar el repago de la deuda a los bonistas, y establecer una manera legal para que Puerto Rico pudiera reestructurar la deuda pública, que aumentó a unos $70 mil millones.

Las secciones referentes al desarrollo económico eran más generales, describían mayormente proyectos de infraestructura, y se añadieron en versiones posteriores. Funcionarios del Departamento del Tesoro en la administración del Presidente Barack Obama eran los que cabildeaban más agresivamente en pro de medidas como la equidad en fondos de salud, catalogándolas como parte clave para desarrollar la economía.

Una vez implementada la ley, miembros del Comité y de la Junta podrían considerar que el cabildear para reemplazar los fondos de salud no les compete. González reiteró que dado el cuadro completo de las finanzas y la influencia que la Junta podría tener en las esferas políticas en Washington, es necesario lograr que el Comité incluya el tema en su supervisión de la Junta.

Tiene sentido, añadió, ya que si a Puerto Rico le faltan esos fondos, más difícil será pagarle a los bonistas, quienes a su vez, según la comisionada, están poniendo de su parte en Washington para lograr que esos fondos federales de salud lleguen a San Juan.

'(Los miembros de la Junta) deben hacer la misma labor de cabildeo que han hecho para el pago de los bonistas, para defender los asuntos de salud,' afirmó González. 'Yo creo que eso es importante, que la Junta también se ponga pa' su número.'