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Alfombra roja de mantengo corporativo impulsa los transgénicos en P.R.

Nadie consultó a los vecinos del municipio de Juana Díaz, ni siquiera al alcalde Ramón Hernández, si las semilleras multinacionales podían adueñarse de una tercera parte de sus mejores tierras agrícolas, convertirlas en laboratorio transgenico y recibir exenciones contributivas a costa de ingresar menos a las arcas del pueblo. 'Aquí un carrito de hot dog paga más patentes que Monsanto, que gana millones', denunció Hernández.

Frente a la plaza del pueblo, la tienda Pepe's vende carteras, estolas y trajes, y desembolsó $2,421 en patentes municipales en el año fiscal 2017. Eso es más de lo que pagó Monsanto, que sólo aportó $1,826 a pesar de informar un volumen de venta de $22.6 millones sólo en Juana Díaz, según la alcaldía. La empresa está en la lista de las 500 corporaciones más ricas del mundo que publica la revista Fortune. Si el gobierno no le hubiera otorgado tasas contributivas especiales a la multinacional, ésta habría pagado casi medio millón de dólares al municipio en cinco años, como corresponde a cualquier negocio con un volumen de ventas similar.

Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur. Así lo reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras solicitar y analizar informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los números no incluyen el costo fiscal por reducción de patentes en todos los municipios en los que operan semilleras como Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences, Bayer CropScience, Dupont-Pioneer, AgReliant Genetics, Mycogen Seeds y RiceTec.

Valió la pena dar esos incentivos? Ingresaron a cambio más contribuciones al País? El gobierno dio a las empresas 16 veces más de lo que éstas aportaron al fisco.

Las multinacionales de biotecnología acogidas a exenciones contributivas de agricultores bonafide sólo devolvieron a Puerto Rico $413,829 en impuestos entre 2005 y 2014, según el Departamento de Hacienda, que hizo disponibles los números más recientes. Entre las semilleras se encuentra 3rd Millenium Genetics, que se diferencia de las demás por ser la única fundada en la Isla, y por haber apoyado en el procesamiento de semillas de un proyecto gubernamental para el cultivo de arroz.

Un grupo de semilleras no identificadas por el Departamento de Hacienda se acogió a contribuciones especiales de las leyes 135 de 1997 y 73 de 2008, por lo que aportaron unos $31.4 millones en la misma década. Estos decretos resultaron más efectivos que las exenciones de agricultores bonafide para ingresar dinero a las arcas públicas, confirmó Edwin Ríos, secretario auxiliar para Asuntos Económicos y Financieros en la agencia gubernamental.

Las siete corporaciones de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (PRABIA) crearon 3,385 empleos directos en el pasado año fiscal, según Beatriz Carrión, directora ejecutiva de la entidad. Sin embargo, las semilleras recibieron durante la crisis más de $37.2 millones de parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias para subsidiar el salario de sus empleados.La agencia gubernamental les devuelve $2.72 de dólares por cada hora de trabajo que pagaron a sus obreros no diestros.

Frank Terhorst, Principal Ejecutivo Global de Semillas de Bayer, defendió las operaciones de la multinacional como una oportunidad de traer conocimiento a Puerto Rico sobre gestión empresarial agrícola. 'No sólo creamos trabajo e inversiones, sino que ayudamos a la comunidad a desarrollar sus destrezas para la producción local', dijo en septiembre de 2016, luego de inaugurar instalaciones de la multinacional en Guánica y Sabana Grande, donde anunció sobre 25 empleos. 'Veo una situación en la que ganamos ambas partes cuando traemos la tecnología más avanzada. Hay una oportunidad de aprendizaje. Creo que la agricultura de Puerto Rico se beneficiaría de eso', apuntó.

Todo el sector de biotecnología agrícola invirtió $96 millones en su negocio en Puerto Rico en el año fiscal 2015, según una encuesta del Instituto de Estadísticas, lo que demuestra la estabilidad de las semilleras en medio de la crisis. La empresa Syngenta Seeds arrancó el 2017 con una inversión de $6 millones para mejorar sus instalaciones en Salinas y Juana Díaz.

El Departamento de Agricultura no ha hecho un estudio que analice los beneficios de esas inversiones versus el costo de las semilleras para un país que rodó por el barranco de una crisis fiscal, y chocó con el impago a sus bonistas y pensionados.

La Junta de Control Fiscal, impuesta por EE.UU. para que Puerto Rico pague su deuda, ahora le ordena al gobierno de la Isla establecer medidas de austeridad. El País no tiene dinero ni para costear el plan de salud gubernamental que asegura a 1.4 millones de ciudadanos. Se acrecienta hacia la metrópoli el éxodo más grande desde la Gran Depresión. La Universidad de Puerto Rico enfrenta la posibilidad de recortes de $300 millones de su presupuesto. El Departamento de Hacienda entregó el reintegro de los contribuyentes fuera de plazo durante dos años consecutivos.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en su primer mensaje ante la legislatura que revisará los incentivos 'obsoletos' que no representaran un retorno de inversión. No accedió sin embargo a una entrevista con el CPI para discutir el mantengo corporativo a estas multinacionales.

Hasta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que tampoco ha podido cumplir con los pagos a sus bonistas y acaba de subir la tarifa a los abonados para conseguir el dinero que no tiene, ofrece tasas preferenciales a siete semilleras. Encargada de suministrar el agua de los antiguos canales de riego agrícola, cobra desde $2 por cada acre-pie (325,900 galones) a estas empresas, cuando al resto de los clientes industriales les factura entre $163 y $325 por el mismo volumen. Así, el costo fiscal de ese subsidio a las semilleras fue más de $6.3 millones entre 2006 y 2015, según información suministrada por la AEE.

Para la historia completa, pulse aquí.

Esta es la segunda historia de la serie 'Paraíso transgénico'.

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Hacienda Amelia en Juana Díaz, Puerto Rico (Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo)
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