La coalición mutisectorial denunciará este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC la crisis de derechos humanos que vive Puerto Rico como consecuencia del manejo de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico en la emergencia tras el azote de los huracanes Irma y María.

'Cuando un grupo decide acudir a un organismo internacional de supervisión de derechos humanos es porque en su país no ha habido respuesta. Nosotros no estamos esperando nada de la Comisión; estamos esperando todo del gobierno de Puerto Rico', plantearon en conferencia de prensa la vista en la que presentarán el informe 'Desastres Naturales, Contaminación y Desigualdad en Puerto Rico' que recoge la crítica situación por la que atraviesa el país.

Asimismo, denunciaron que a tres meses del desastre, los gobierno EEUU y Puerto Rico tienen que actuar para atender la crisis en los servicios de salud; la falta de acceso a comida y servicios básicos a comunidades marginadas que no están siendo atendidos adecuadamente.

En esa línea, Marinilda Rivera Díaz, quien formó parte del comite que elaboró el informe de los derechos a la salud, denunció que 'no garantizar el acceso a los servicios básicos como electricidad, agua y alimentación durante la emergencia suponen graves violaciones a los derechos y ocasionan serios cuestionamientos a los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como a la Junta de Control Fiscal (JCF)'.

Según la investigadora y profesora de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, lo más preocupante es que los efectos más devastadores en materia de salud, salud mental y salud pública en general aún están por verse. Cuestionó que en medio de la emergencia 'solo escuchamos una JCF insistente en recortes en servicios sociales para cumplir con el pago de la deuda como su única preocupación'.

La coalición exigió que se adopten estándares sobre el acceso de información y rendición de cuentas sobre lo que está pasando en el país tras la emergencia. Insistieron que el gobierno no ofrece cifras ni estadísticas básicas sobre su gestión y sobre la situación que viven los ciudadanos.

'La falta de información de lo que está pasando en el país es una violación de derechos humanos', dijo por su parte, Anita Yudkin Suliveres, directora de la Cátedra UNESCO para la paz.

Cuestionaron que no existen datos de la ayuda recibida; las personas afectadas ni de los ciudadanos fallecidos a consecuencia del desastre, entre otros.

'Una de las exigencias en este informe es que gobierno tú tiene que recoger los datos', añadió Ariadna Godreau de Ayuda Legal.

Mientras, de acuerdo con la líder comunitaria de Loíza, Modesta Irizarry las comunidades desventajadas han sido atropelladas por las autoridades durante las semanas posterior al huracán. Dijo que puede dar testimonio de instancias en las que niños, personas de la tercera edad y pobres tuvieron que mendigar comida pese a que a Puerto Rico entró una cantidad indeterminada de ayuda y suministros diarios para los damnificados.

'Ustedes se han puesto a pensar cuántos millones de dólares se han recolectado supuestamente para levantar a este país. Y creo que le debe dar bochorno a todas estas entidades que han recogido dinero y no lo han hecho llegar realmente donde está la necesidad. En Puerto Rico hay hambruna', aseguró. 'Que el gobierno federal y de Puerto Rico hagan finalmente público los plantes de emergencia y que expliquen los detalles de la ayuda humanitaria, los trabajos de recuperación que incluye los contratos otorgados bajo la emergencia', reclamó Annette M. Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos.

Según Rivera el estado se ha desvinculado de asumir su obligación con la ciudadanía. La respuesta sostuvo no es una ayuda sino un derecho a vivir dignamente.

'Yo creo que los desastres no son naturales son sociopolíticos y económicos. En lugares con desigualdad social estas ni el gobierno de Puerto Rico ni el gobierno de EEUU han sido responsables a garantizar el derecho a vivir con dignidad en nuestro país', insistió.

Una delegación de 35 personas viajará para presentar el informe este jueves en Washington DC.

Algunas de las exigencias que el grupo realizará es la moratoria y restructuración de la deuda; la derogación de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) y de las leyes de cabotaje; paridad en los fondos federales de salud; moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipotecas; que se haga público el plan de manejo de emergencia de FEMA esbozado previo al huracán María, la ayuda humanitaria recibida, y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de 'emergencia'; que el gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y el manejo de cadáveres, en situaciones de emergencia y desastre; que se adopten y se implementen estándares de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública, especialmente durante el manejo de la crisis humanitaria y en el proceso de la recuperación del país.