Puerto Rico ganó ayer la dudosa distinción de llevar a cabo la venta de bonos chatarra más grande en la historia del mercado de bonos gubernamentales, un hito que no pasó sin comentarios entre los analistas del mercado que resaltaron que la Isla sólo ha movido dos años adelante la crisis fiscal, y que ahora posan su mirada en el presupuesto balanceado que prometió la Administración García Padilla para este verano.

El episodio le ganó una vitrina a parte del equipo económico de la Administración, sin incluir al secretario de Desarrollo Económico Alberto Bacó, quienes posaron en Nueva York frente a la pizarra de la sede del icónico banco Morgan Stanley en la que se felicitaba a la Isla por establecer una 'marca' en el mercado de bonos públicos. Morgan Stanley es uno de los bancos participantes de la transacción.

El interés del mercado, principalmente de inversionistas de riesgos y otros a los que no se les tiene prohibido comprar bonos chatarra, fue tal que la oferta inicial de $3,000 millones fue llevada al tope de $3,500 millones autorizado por la Legislatura y que el interés de venta bajó del 10% que se había pronosticado, a un 8.73%. Ese interés es poco menos del doble de lo que se pagaría por un bono corporativo chatarra. Para los $3,500 millones disponibles, se recibieron unos $16,000 millones en órdenes de compra.

Según la evaluación de analistas citados por medios especializados como The Bond Buyer y Bloomberg, la Administración se compró un respiro de unos dos años en sus finanzas públicas, pero no se descarta que antes de esos dos años se contemple algún tipo de reestructuración de la deuda, o de un impago. De hecho, ya los comentaristas especulan que la reestructuración comenzaría con deuda de las corporaciones públicas.

El presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, dijo a The Bond Buyer que la Isla no volvería a tomar prestado este año ni el próximo y, en una declaración, el BGF dijo que todavía queda un margen de al menos $900 millones para tomar prestado sin chocar con el límite constitucional.

Combinando la estructura del pago a los bonistas y el calendario electoral, queda claro un escenario en el que el Gobernador se compra lo que queda de 2014 y 2015 para quitarse de encima la presión del mercado, y se asegura que, si los planes fallan, puede tomar prestado al menos $1,000 millones a tiempo para cuadrar el año eleccionario. Además, el programa de repago de los bonos está hecho para que los desembolsos más grandes comiencen en 2021 por lo que el Gobernador, quien ha dicho que va para la reelección, y ha preparado sus finanzas políticas para ello, también se garantiza flexibilidad para el próximo cuatrienio en cuanto a la cantidad del presupuesto que hay que separar para el pago de la deuda.

Con los banqueros contentos, ahora queda por ver qué medidas de recaudos o recortes, adicionales a la ristra ya ejecutada, va a implantar la Administración para cuadrar un hoyo de aproximadamente $1,500 millones en el presupuesto y, a la vez, propiciar el desarrollo económico que, según el consenso, es lo único que va a sacar a la Isla de la recesión y la crisis económica.

Ahí probablemente no haya muchas risas, ni botellas de champán descorchadas.