Puerto Rico tiene puesta la vista en el Senado en Washington ante la posible aprobación de una reforma contributiva para Estados Unidos que La Fortaleza cree tendrá como consecuencia para la isla la salida masiva de empresas norteamericanas manufactureras que dejará la economía local en coma.

El Ejecutivo de Ricardo Rosselló trata de que en el proyecto de la reforma contributiva del presidente Donal Trump se incluyan disposiciones que den a Puerto Rico un tratamiento especial, consciente de que la economía local no podría sumar al devastador huracán de septiembre, una millonaria deuda impagable y la salida generalizada de empresas.

El profesor de Economía de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Santos Negrón, señaló a Efe que la aplicación en la isla de la reforma sería simplemente hundir la economía local.

Para Negrón, la consecuencia lógica de la medida será el abandono por parte de las empresas manufactureras de Puerto Rico ante el empeoramiento de sus condiciones fiscales, con el consiguiente aumento del desempleo y la reducción drástica de compañías que con sus impuestos contribuyen de manera decisiva a mantener el presupuesto de la isla.

La reforma tributaria del presidente Donald Trump tiene como objetivo que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano para que crezca la economía, pero no tiene en cuenta que en el caso de Puerto Rico, como territorio foráneo fiscalmente, provocará una carga financiera para las compañías estadounidenses.

El motivo de alarma en Puerto Rico responde a que a efectos tributarios la isla es un territorio foráneo para Washington, aunque jurídicamente las empresas manufactureras que operan en el Estado Libre Asociado lo hacen bajo normativa estadounidense.

La reforma fiscal, a no ser que se introduzcan enmiendas para el caso de Puerto Rico, mantendrá a la isla en terminos tributarios como un territorio foráneo, lo que hará que las empresas manufactureras encuentren mucho más oneroso mantener operaciones.

La reforma fiscal, ahora bajo el análisis del Senado tras su aprobación por la Cámara de Representantes de EE.UU., impone a las empresas estadounidenses tributar en EE.UU. el 14% de las ganancias generadas fuera del país norteamericano y pagar además un impuesto del 20% por las compras que hagan a sus afiliadas fuera de territorio nacional.

Negrón recuerda que la gran mayoría de las empresas manufactureras que operan en Puerto Rico son estadounidenses y que llegaron a contratar a cerca de 150,000 empleados.

La posición de Negrón es suscrita por la antigua presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico ,Martha Quiñones, quien dijo a Efe que el efecto de la reforma fiscal en la isla sería evidente al empujar a la empresas de manufactura fuera de sus fronteras al encarecer su permanencia el proyecto de Donald Trump.

La salida de esas empresas, según Quiñones, implicará un aumento consecuente de la tasa de desempleo y una reducción, por lo tanto, de quienes contribuyen al presupuesto, tanto trabajadores como empresas.

Dentro del ámbito empresarial, la presidenta de la patronal Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy, apuntó a Efe que que un primer efecto para la economía sería la perdida de esos miles de puestos de trabajo, pero no solo eso, ya que en cadena se vería seriamente afectado el comercio.

Los esperados efectos negativos para Puerto Rico de la reforma fiscal supondrá el golpe final a una economía en caída libre desde hace una decada.

El origen de la profunda crisis económica muchos analistas lo ponen en 2006, justo despues del final de la sección 936 del Código de Rentas Internas, medida del Gobierno de EE.UU. para promover que corporaciones norteamericanas pudieran utilizar a Puerto Rico como fuente de inversión al quedar eximidas de pagar contribuciones federales.

A la caída de la economía desde esa fecha se sumó a partir de 2016 un impago de una deuda de 70,000 millones de dólares con el consiguiente proceso de quiebra bajo supervisión judicial y la llegada de un huracán que según las autoridades de San Juan causó perdidas por 90,000 millones de dólares.