El Tribunal de San Juan dio visto bueno hoy, jueves, para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúe la investigación de los vagones con suministros encontrados en los predios de la agencia y que suponían ser para los damnificados del huracán María.

La decisión surgió tras la desestimación de la demanda radicada por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, quien buscaba paralizar la pesquisa al alegar que la CEE carecía de jurisdicción para hacerlo.

Sin embargo, la magistrada Lauracelis Roques Arroyo determinó que era Burgos Andújar quien no contaba con legitimación activa para liderar la demanda, puesto que la investigación no representaba un daño personal para la Comisionada Electoral.

'El texto de la Ley Electoral explícitamente requiere la legitimación activa como requisito para solicitar la revisión judicial de las decisiones de la CEE', dictó Roques Arroyo. A esto, añadió que 'el daño alegado por la parte demandante no es claro, real ni particular a su persona, al contrario, es totalmente especulativo'.

Luego de que un periodista revelara la existencia de los vagones en la CEE, la administración de la agencia emitió una resolución firmada por el presidente interino, Nicolás Gautier Vega, para investigar todo lo relacionado a los vagones.

Como parte de los procesos, cada Comisionado Electoral debía elegir a un representante para formar parte de la investigación. No obstante, Burgos Andújar optó por dejarlo vacante y acudir al tribunal para impugnar la resolución.

'La parte demandante no alegó que le fue negada su participación en la investigación. Al contrario, de los hechos estipulados surge que la parte demandante rechazó nombrar un representante para la investigación de forma consciente y voluntaria. Incluso, tampoco fue citada ni se le cursó un interrogatorio o se le requirieran documentos', subrayó la jueza.

Durante la vista del 14 de septiembre, la jueza mostró inclinación por una investigación enfocada en los protocolos de seguridad de la agencia electoral, ya los vagones entraron a la propiedad que cuenta con una Oficina Interna de Seguridad, a la vez que posteriormente fueron sacados y aparecieron en una finca en Toa Alta. Luego los furgones fueron removidos por la Guardia Nacional.

'Tienen que verlo dentro de los protocolos de seguridad. Quien se los llevó, cuántos se fueron, a que hora. Pero que había y que no había, eso sí puede que se salga de jurisdicción', mencionó la jueza, antes de intentar propiciar un acuerdo entre las partes, acto que resultó infructuoso.

Sin embargo, en la sentencia la jueza se limitó a evaluar el recurso presentado por Burgos Andújar.

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