En medio del proceso de selección de jurado en el caso que se sigue contra Pablo Casellas Toro, la defensa sufrió un nuevo reves cuando se les entregó en sala una decisión judicial declarando no ha lugar la supresión de evidencia incautada en la lujosa guagua del acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes.

La resolución adversa a la defensa sostiene: 'examinada y aquilata la prueba testifical y documental ante nuestra consideración, escuchados los argumentos de las partes y aplicado el derecho vigente, este tribunal concluye que los registros realizados por el FBI al vehículo Acura MDX, año 2004, color negro, tablilla FNH-022, propiedad del señor Pablo Casellas Toro, el 16 de julio de 2012 y el 13 de agosto de 2012 fueron legales y razonables'.

En la vista de supresión de evidencia, celebrada la semana pasada en la sala de la jueza superior de Bayamón, Vivian Durieux Rodríguez, la defensa argumentó sin éxito que el lapso de 21 días que se tardaron las autoridades en hacer los registros, sin que mediara una orden judicial expresa, violentaba los derechos constitucionales de su cliente.

Pero fue la fiscalía quien convenció a la magistrada al argumentar que el consentimiento inicial 'voluntario' e 'inteligente' que Casellas Toro dio a los agentes federales para que registraran el vehículo nunca fue revocado por el acusado.

De inmediato, aunque no había leído en detalle la resolución, el principal abogado de defensa, Harry Padilla adelantó que pedirá una revisión al Tribunal de Apelaciones.

'Sí, definitivamente, lo que habíamos acordado era recurrir, sin nos fallaban en contra, tenemos 30 días para hacerlo, en algún momento antes de que transcurran esos 30 días, lo radicaremos', dijo Padilla.

La defensa del acusado cuestionó los procesos seguidos para incautar la evidencia en ese auto tras el supuesto 'carjacking' del que el corredor de seguros alegó haber sido víctima el 17 de junio de 2012 luego de salir de practicar el deporte del tiro al blanco en un club de tiro que ese día, que se conmemoraba el Día de los Padres, estaba cerrado.

En esos registros se incautaron, entre otros artículos, dos proyectiles de bala, una cartera de hombre negra y una certera de mujer blanca.

Además se le realizaron exámenes de trayectoria de las balas que impactaron la guagua, según testificó el agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Rubén Marchand, quien tuvo bajo su cargo y custodia los registros realizados al vehículo en cuestión.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto en octubre 2012, la fiscal Phoebe Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio de 2012 le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron, se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.

Además, el FBI mantiene abierta una investigación contra Casellas Toro por mentirle a uno de sus agentes, pero de acuerdo con su director, Carlos Cases, están esperando a que se lleve a cabo el proceso judicial estatal por deferencia y para no influenciar en el caso.

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