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Sin ver evidencia, potenciales miembros a jurado creen que Casellas es culpable

En la rigurosa evaluación que se les hace a los potenciales miembros al jurado en el caso criminal que se sigue contra Pablo Casellas Toro, cinco de un primer grupo de 15 candidatos y candidatas respondieron que el acusado es 'culpable', aún cuando no han visto la evidencia del ministerio público en un juicio en su fondo.

Uno de ellos contestó que su análisis está basado en lo publicado en los medios de comunicación.

La pregunta del abogado defensor al grupo fue cómo declararían a Casellas Toro si ahora mismo el juez superior de Bayamón, Jose Ramírez Lluch, los enviara a deliberar.

'Ahora mismo sería culpable por todo lo que uno ha escuchado', dijo el candidato a jurado. Esa respuesta llamó la atención debido a que todavía no se han comenzado a hacer las preguntas sobre la publicidad que ha recibido el caso.

Muchos dijeron que les gustaría escuchar a Casellas Toro defenderse en el juicio, pero aseguraron que no usarían ese silencio en su contra. Dos de los entrevistados dijeron que cuando estuvieran a solas en el cuarto de deliberación discutirían por qué el acusado no se defendió.

Ante las respuestas, fue necesaria la intervención del magistrado, quien les recordó que los acusados, por disposición constitucional, son inocentes hasta que el estado pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

'El acusado no tiene que presentar prueba, quien tiene que tratar de probar el caso es el ministerio público. Aquí no es como en la calle que se dice: ‘el que calla otorga'. Todo acusado tiene derecho a permanecen en silencio', instruyó el juez.

Otras respuestas que no fueron favorables a la defensa giraron en torno a que cuatro de los entrevistados entienden que el hecho de Casellas Toro haya contratado cuatro abogados para su defensa los lleva a pensar que es 'culpable'.

El licenciado Padilla, quien tiene amplio dominio de la jerga popular, comenzó una línea de preguntas que, ante objeciones de la fiscalía, fueron reformuladas.

La línea de preguntas iba dirigida a que los miembros al jurado dijeran si conocían el término 'guaynabitos'. Por tratarse de una palabra que puede tener una connotación positiva o negativa, dependiendo quién la diga, el abogado se vio obligado a preguntar sobre si entienden que todos los ciudadanos, independientemente de su clase social o la riqueza de sus familiares, tienen los mismos derechos.

Todos contestaron que sí, es decir, que tanto ricos como pobres tienen los mismos derechos.

Y es que el juez federal Salvador Casellas, quien fue anunciado como testigo de fiscalía, pagó $4 millones para que su hijo pueda permanecer en arresto domiciliario.

Todos tenían conocimiento de ese dato, de que el juez federal es padre del acusado y que vive en Guaynabo.

El juez volvió a intervenir en el proceso para darle una particular instrucción al jurado.

'Ustedes no pueden visitar ningún lugar de los que se mencione para investigar por ustedes mismos si es verdad o no es verdad lo que haya dicho alguien aquí', sostuvo Ramírez Lluch.

Nueve de los 15 dijeron que esperarían que Casellas Toro presente evidencia que refute lo que declaren los 67 testigos de la fiscalía.

67 a 0, eso es una pela en cualquier liga? Preguntó Padilla.

Tres dijeron que si la defensa no presenta testigos, pensarían que es culpable, cuatro dijeron que piensan que el número es importante, pero no necesariamente que eso lo hace culpable y tres que no es importante si la defensa no presenta testigos.

El método largo fue el seleccionado por las partes para realizar el proceso de desinsaculación del jurado, que podría extenderse hasta enero.

Ello porque ante la negatividad de una gran mayoría de los entrevistados a formar parte del jurado, se han tenido que convocar otros siete paneles con alrededor de 98 personas.

El referido método largo requerirá una última fase en la que las entrevistas se harán uno a uno exclusivamente sobre el exceso de publicidad que ha recibido el caso.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

(Archivo/NotiCel)
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