La jueza superior Giselle Romero le prohibió el jueves al Municipio de San Juan realizar los cateos durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La jueza indicó que la orden se dio luego de que no se lograra un acuerdo entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Municipio de San Juan.

'La orden será hasta tanto este Tribunal determine otra cosa', dijo la jueza en sala.

Según el licenciado Josué González, de la ACLU, solicitó que declarara con lugar el recurso de interdicto provisional para evitar los cateos y que se impusiera una multa nominal de un dólar.

La jueza impuso una fianza nominal de un dólar al Municipio de San Juan como parte de la orden.

En la demanda radicada por la ACLU, y las residentes Melissa Hernández y Jerymar Cabrera, se alegó que las medidas de seguridad que pretendía la administración de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto violentaban las cláusulas constitucionales que protegen contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad, y el derecho a la libertad de expresión.

El plan contemplaba el registro de las personas usando paletas electrónicas así como el registro de bolsas y mochilas. El miércoles, el municipio puso vallas en las calles como parte del proceso de instalar los 10 puntos de cotejo.

De otro lado, en conferencia de prensa relámpago convocada por la alcaldía de San Juan, Cruz Soto se expresó en torno a la decisión de la jueza Romero.

'No estamos de acuerdo con la decisión. Entendemos que no hay un derecho constitucional a ir a una fiesta, y que en el interés apremiante que tiene el municipio para maximizar la seguridad en una situación volátil, ya a esta hora tenemos más personas en el Viejo San Juan de las que tuvimos el año pasado', comentó la alcaldesa.

Cruz Soto detalló que ya ordenó detener los registros, pero que en detalles prácticos la orden de la corte impide al municipio a tomar cualquier acción contra aquellos que entren con armas, drogas, objetos punzantes o botellas de vidrio.

'Queríamos evitar otro asesinato', recordó la alcaldesa en referencia a loocurrido el año pasadodurante las fiestas. 'Las personas con armas ya no estarán disuadidas de entrar (tras detenerse el registro con detectores de metal)', dijo.

Asimismo, argumentó que el plan de seguridad estaba avalado por la Policía, el superintendente James Tuller, el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de la Familia y la Agencia de Seguridad Nacional federal (Homeland Security).

Además, para continuar con el esfuerzo de que jóvenes de 16 años o menos asistían a las fiestas para consumir alcohol, Cruz Soto indicó que 'intervendremos con lo que parecen menores de 16 años', pero aclaró que a base de perspectiva es muy difícil que se pueda garantizar la seguridad de estos menores ya que algunos pueden aparentar más edad de la que realmente tienen, como también ocurre viceversa.

Igualmente, la alcaldesa lamentó la decisión tomando en cuenta que 'los recursos estaban comprometidos', y aludiónuevamente a las medidas de seguridad de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en Ponce.'Yo quisiera que San Juan se midiera con la misma vara', ripostó.

En un aparte con NotiCel, la alcaldesa indicó que'Esto (la decisión) no me provoca frustración ni coraje, al contrario, me provoca hacerle un llamado al país para que progrese y no se sigan tomando decisiones con doble vara. Esto tiene que terminar. Hice un llamado el cuatrienio pasado, y lo hago este, para que los padres entiendan que San Juan no es un cuido, que hay que ser responsable de sus hijos, y que si los sueltan aquí los exponen a un sin número de peligrosidades'.

Cruz Soto enfatizó que continuará llevando a cabo alianzas motivada a 'que la gente no se mida por quién es y las injusticias no se lleven a cabo por quién es el alcalde sino por la seguridad del pueblo'.

Orden jueza Romero - NotiCel_5274