El Departamento de Justicia designará a un fiscal y a un agente del Negociado de Investigaciones Especiales para indagar sobre la adquisición de un helicóptero de la empresa Ecolift Corporation por parte de la administración del exgobernador, Alejandro García Padilla.

La determinación surgió luego de que la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, sostuviera una reunión con los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Oscar Morales Rodríguez y Jorge Navaro Suárez.

'Se discutió el contenido de la investigación sobre el proceso que se dio en el Departamento de Salud el cuatrienio pasado en cuanto a la adquisición del helicóptero Bell 429. Tuvimos conocimiento que los parámetros que se dieron para la transacción, según la pesquisa, por lo que corresponde la designación de un fiscal y de un agente del Negociado de Investigaciones Especiales para la investigación de este caso a nivel del Departamento de Justicia', expresó la Secretaria a NotiCel por escrito.

Vázquez Garced aludió a la Resolución de la Cámara (RC) 18, de la autoría de Navarro Suárez, en la cual el representante y su correligionario, Morales Rodríguez, cuestionan la compra de la aeronave por un monto de $7.7 millones para uso del Departamento de Salud como ambulancia aerea.

Esto, pese a que ya existía la compañía Aeromed que prestaba ese tipo de servicios a pacientes de Mi Salud. No obstante, miembros del gabinete gubernamental aludían a conflictos con la empresa, por lo que impulsaron la compra para que la agencia pudiera responder a las emergencias.

En la vista legislativa, la exdirectora del Cuerpo de Emergencia Medicas, la doctora Rosana Otaño López, declaró que García Padilla ordenó la compra del helicóptero en una reunión del Consejo de Salud por entenderlo 'necesario'.

En ese momento, como no se había concretizado una solución con Aeromed, el exgobernador delegó la tarea de adquisición a la entonces secretaria del Departamento de Salud, Ana Rius Armendáriz.

Al presente, la nave no ha sido puesta en funcionamiento.

La Cámara de Representantes continuará la discusión de la RC 18 en esta sesión legislativa.

Sumado a las irregularidades de la contratación, y luego de la compra, el Tribunal Federal acusó al presidente y dueño de la empresa Ecolift, Ernesto DiGregorio Godoy, por fraude contra el Gobierno de Puerto Rico en la medida en que prometió una aeronave del 2014, pero entregó una del 2013 que carecía de una serie de accesorios.

De acuerdo al representante Morales Rodríguez, esto es indicativo de que el empresario estaba bajo investigación desde el momento en que se efectuó el trato.

El pliego acusatorio detalla que sus actos redundaron en una ganancia personal de más de dos millones de dólares y se expone a 20 años de cárcel.

Ayer, Vázquez Garced informó a NotiCel que necesitaba más información sobre la transacción antes de tomar una determinación al respecto.

El helicóptero del Departamento de Salud no es el único trato entre la empresa y el Gobierno, pues la relación entre ambos se traduce a unos $59.5 millones desde el 2006 hasta el presente, aunque por expresiones de DiGregorio Godoy se entiende que los negocios comenzaron en el 1999.

La empresa tambien mantiene contratos vigentes con la Autoridad de Puertos, para el alquiler de un inmueble por $767,673.84 de 2016 hasta 2022, y con la Administración de Servicios Generales, para mantenimiento de equipo por $8,527,500 y con vigencia hasta el 2021.