Tras ser despedido del Banco Popular, Juan Carlos Díaz Rodríguez podrá buscar nuevo empleo, luego de que el juez federal Marshal D. Morgan dejara sin efecto una serie de medidas restrictivas por considerarlas excesivas.

Las autoridades federales le radicaron cargos el pasado lunes a Díaz Rodríguez por obstrucción a la justicia y dar falsos testimonios en relación a la filtración de un requerimiento de información ('subpoena') sobre las cuentas bancarias de la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

Al imputado --que se encuentra bajo libertad condicionada tras el pago de una fianza de $10,000-- le confiscaron el celular, le pusieron un grillete electrónico y le ordenaron vivir con sus padres como medida preventiva una vez se le radicaron cargos. No obstante, el juez Morgan subrayó que esas medidas eran demasiado restrictivas y exageradas en relación al tipo de delito, por lo que ordenó levantarlas el viernes en la mañana.

La decisión fue agradecida por la defensa de Díaz Rodríguez, el abogado Jorge Maldonado, ya que su cliente podría comenzar a buscar un nuevo empleo. Al anunciarse los cargos en su contra, Díaz Rodríguez, de 43 años, fue despedido del Banco Popular, institución a la que le fueron requeridas las cuentas bancarias de Keleher.

Por órdenes de Morgan, ese nuevo empleo no podrá ponerlo en contacto con posibles testigos del caso, ni con herramientas que produzcan información personal e identificable de estas personas, abreviado en ingles como 'P.I.I.'.

Basado en el relato de la fiscal federal Marie Christine Amy --y el pliego acusatorio--, Díaz Rodríguez tomó la foto del 'subpoena' y la compartió con otro empleado del Banco Popular. Sin embargo, las autoridades continúan tras la pista de la persona que filtró la foto a la prensa y al público, que podría ser Díaz Rodríguez, el segundo empleado o un tercero.

El hombre enfrentará juicio por en una fecha próxima. De ser encontrado culpable, Díaz Rodríguez podría enfrentar hasta cinco años de cárcel.

El subpoena para investigar las cuentas de Keleher es parte de una investigación en contra de la extitular de Educación por la otorgación de contratos costeados con fondos federales. Documentos de este caso y de la acusación de la 'asistente de la Secretaria de Educación', Iovaska Claudio Vargas, confirman que las autoridades federales mantienen una investigación sobre 'posible actividad fraudulenta' con fondos federales y la posibilidad de lavado de dinero.

Además de las cuentas bancarias, se diligenció una orden de allanamiento contra el telefono y la computadora de una gerente de la compañía de consultoría de Keleher, una citación contra su condominio para producir pietaje de cámaras de seguridad y una entrevista a su asistente, en ocasiones previas referida públicamente como su empleada domestica.

Estas gestiones investigativas, sin embargo, no han tenido resultado público en contra de la exfuncionaria.

En abril, NotiCel confirmó que la exfiscal federal María Domínguez Victoriano asumió la representación legal de Keleher, quien enfrenta al menos una pesquisa federal y una legislativa que se encuentra en pausa. A principios de ese mes, Keleher dejó la secretaría de Educación.

Poco despues, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para investigar las contrataciones en el Departamento bajo la dirección de Keleher, tras enmendar el lenguaje de la pieza legislativa para incluir las presuntas irregularidades reseñadas luego de su salida del gobierno.