María Pérez Ramos jamás pensó que el terreno que le cedió el exalcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, en la comunidad San Isidro hace 19 años era inundable. De haberlo sabido, no lo hubiera aceptado, dice. Ahora lo único que desea es mudarse a un lugar seguro donde no tenga que sentir temor cada vez que llega la temporada de huracanes.

“Esto no es vida”, aseguró Pérez Ramos, quien solicitó ayuda del Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda (DV) con la esperanza de ser reubicada. A cuatro meses de haber hecho la solicitud, aún no sabe cuál de los tres tipos de ayuda le brindará el programa que cerró su proceso de solicitudes en diciembre. Nadie la ha llamado.

El programa aún no ha reubicado a nadie, reconoció el Departamento de la Vivienda. Todavía están evaluando los casos.

La mujer contó que desde que se mudó en 2001 del residencial donde vivía en Carolina a la calle Glorimar Sánchez en el sector Valle Hill del barrio San Isidro, no han podido conectarse legalmente al servicio de electricidad y agua potable porque el Gobierno no les otorga los permisos por estar en zona inundable. El servicio que tienen lo conectan de los vecinos de otra calle, los que, según dijo, están molestos porque ellos sí pagan. Cuando se quedan sin la electricidad, tampoco pueden reclamar.

Miguel Vázquez, esposo de Pérez Ramos, aseguró que ellos pagarían por los servicios si les dieran los permisos para conectarse legalmente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Constantemente se le dañan los enseres eléctricos de la casa, los que han tenido que comprar varias veces con el dinero que recibieron de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el huracán María, sostuvo Pérez Ramos.

La hermana de Miguel, Ana Rosa Vázquez, quien lleva 15 años viviendo en el mismo barrio, también desea mudarse a otro lugar.

“Yo me iría, porque mira esto, esto no es vida”, manifestó mientras señaló el camino lleno de agua maloliente producto de la lluvia y de las aguas usadas que discurren desde las casas que no tienen pozo séptico.

Un deseo similar tiene Luis García, un policía retirado que lleva 27 años en Valle Hill luego de que “Chemo” Soto le diera a escoger el terreno. Aseguró que la mayoría de las casas de la calle donde vive lo que tienen por pozo son drones enterrados debajo de las casas. Esto provoca que cada vez que llueve, las aguas usadas corran por toda la calle.

García fue enfático al asegurar que ellos no rescataron los terrenos, sino que fue Soto quien se los proveyó. La actual alcaldesa, Lorna Soto, hija de Chemo Soto, no respondió múltiples peticiones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para conocer del origen de los terrenos.

La casa de García queda justo al lado de un caño donde se pasean los caimanes, según contaron él y varios vecinos entrevistados.

El panorama para estos residentes también incluye lidiar con el sonido de los tiros y los robos, lo que comparan con “el viejo oeste”. En Navidad, según García, tienen que mover las camas lejos de las ventanas por temor a ser alcanzados por las balas.

Ellos quieren irse ya. No ven como una opción la reconstrucción de sus casas ni visualizan que la inundabilidad se resuelva con la construcción de un dique en la zona, un proyecto del que han escuchado por años, pero del que desconocen su futuro. 

La comunidad San Isidro está ubicada en la llanura de inundación del Río Grande de Loíza, el río más caudaloso de Puerto Rico. Los residentes del sector Valle Hill han construido sus viviendas sobre dos humedales que conectan al río, el Caño Norberto y el Caño San Isidro, indica un informe de la Clínica Legal Psicológica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, que da servicios allí. 

Tiene tres mil viviendas, de las cuales unas 900 quedaron destruidas luego de María, menciona el informe.

La licenciada Belinés Ramos, quien es parte de la Clínica, aseguró que la mayoría de los residentes que tuvieron problemas para recibir asistencia de fondos federales inmediatamente después del desastre también desean ser reubicados. 

Por su parte, la licenciada María Elena Ortiz, quien trabaja con el Fondo de Acceso a la Justicia dando servicio a las comunidades desventajas, aseguró que muchas de las personas con las que ha hablado y que vivieron inundaciones graves están deseosas de que les “den un vale para mudarse, porque han quedado bien impactados por la experiencia”. 

No obstante, dijo que existe “un misterio” en términos de a dónde tendrá que mudarse la gente. “El programa [R3] no ha sido claro en definir esa alternativa [de la reubicación]”.

A su vez, Ramos dijo que hay otras personas que por el tiempo que llevan residiendo en San Isidro, no quisieran mudarse, como es el caso de una de las líderes comunitarias. 

Jannette Lozada Sabastro lleva 21 años en Valle Hill. La mujer de 55 años aseguró que prefiere quedarse porque no quiere pasar por la incertidumbre de no saber a dónde se tendría que mudar y comenzar con un proceso que podría tardar mucho tiempo. 

“No me voy a ir para donde ellos digan”, sostuvo en referencia al Gobierno.

Lozada Sabastro no solicitó la ayuda del programa R3 porque entiende que no cualificaría para la alternativa de reconstrucción por vivir en una zona inundable. Ella planifica comenzar la reconstrucción de su hogar por cuenta propia, con los $33,000 que recibió de FEMA luego de María. Ahora mismo vive en una pequeña estructura en su patio, “un ranchito”, que le fabricó la organización TECHO.

Daisy Dolores Morell también quisiera quedarse en San Isidro, donde ha vivido durante 30 años. Añora volver a su casa en el sector Villa Hugo II, pero la misma quedó inhabitable después de María. Actualmente vive en otra casa en San Isidro bajo el programa Sección 8 del Departamento de la Vivienda, mientras espera por la respuesta de la agencia luego de solicitar al programa R3 con la esperanza de recibir la ayuda para regresar a su hogar.

Morell vivió nueve meses en un refugio tras el huracán, y a más de dos años de esa experiencia, su voz se torna llorosa al hablar del tema.

La incertidumbre sobre la permanencia entre los residentes de San Isidro es evidente, según la licenciada Ramos. Viven en una zona inundable, un humedal, y además, hay planes de construir un dique en el área donde ahora vive gente. Las personas que viven cerca de la zona donde se propone el dique, están en riesgo de desplazamiento, por lo que algunos tienen dudas entre si usar o no el dinero federal que ya han recibido para hacer mejoras a sus viviendas, indicó.

Los residentes que quieren permanecer en sus hogares enfrentan el riesgo de desplazamiento si optaron por el programa R3. Y es que esta alternativa no permite la reconstrucción de viviendas que sufrieron daños mayores al 51 por ciento de su valor y que ubiquen en zonas inundables. Además, la política impuesta por el exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, prioriza la reubicación sobre la mitigación, que permitiría que las comunidades sean seguras ante posibles inundaciones.

El CPI intentó durante un mes conseguir una reacción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en torno a cuál será la política pública del Gobierno en relación al tema de los desplazamientos luego de la salida de Gil Enseñat de Vivienda. Alrededor de siete mensajes de correo electrónico y seis mensajes de texto fueron enviados y recibidos en La Fortaleza, según confirmaron las encargadas de prensa. También, el CPI hizo gestiones a través del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, a quien se llamó en varias ocasiones sin que proveyera una respuesta. 

La pregunta que se le hizo a ambos fue directa: ¿Cuál es la política pública que establecerá su administración para manejar los desplazamientos de las comunidades? ¿Se mantendrá la preferencia de Gil Enseñat en cuanto a priorizar la reubicación?

Finalmente, la Gobernadora envió unas declaraciones escritas que no respondieron la pregunta. Se limitó a citar el Plan de Acción del Departamento de la Vivienda.

“El Plan de Acción que fue aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y que contiene el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), establece que la prioridad del programa es la reparación o reconstrucción de las viviendas en el lugar donde se encuentran”, expresó.

Las personas que tuvieron daños por el terremoto de 6.4 que sacudió a Puerto Rico el 7 de enero podrían recibir la ayuda del programa R3 “si las necesidades previas del solicitante no se habían cubierto en el momento del terremoto, y éste exacerbó el daño o la pérdida causada por los huracanes Irma y María”, indicó Dennis González, quien fungió como secretario interino tras el despido de Gil Enseñat y quien es subsecretario del Programa CDBG-DR.

Sin embargo, la agencia tendrá que esperar por Vivienda federal (HUD en inglés) para saber hasta dónde se le permitirá a Puerto Rico cubrir los daños por el terremoto, ya que los fondos del programa R3 provienen de la subvención CDBG-DR por los huracanes Irma y María.

Para más de esta historia, vea el portal Los Chavos de María.