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José Guillermo Rodríguez: “Es el primer round de un largo e injusto proceso”

El alcalde de Mayagüez aceptó que no le sorprendió la designación de un FEI en su contra.

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
Foto: Archivo/Juan R. Costa

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, reaccionó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), en su contra y de la gerente de Finanzas municipal, Yahaira M. Valentín Andrades, señalando que lo esperaba y que este es el "primer "round de un largo e injusto proceso".

“Le anticipé a mi familia y al Caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy” indicó Rodríguez en un comunicado de prensa.

Rodríguez y Valentín fueron referidos por sus actuaciones en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI),

“Este es el primer round de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la Gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública” agregó el alcalde mayaguezano.

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En el comunicado, se hace mención de otros casos de alcaldes del Partido Popular Democrático que en el pasado han sido refereridos al FEI por el Departamento de Justicia y las acusaciones no prosperaron. Entre ellos están el fenecido exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández (Villalba), Carlos López (Rincón), Heriberto Vélez (Quebradillas) y el excandidato a la gobernación y exalcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri.

También en el documento se usa como ejemplo el caso del expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoán Walker y el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, los que fueron encontrados no culpables la semana pasada. Ambos fueron acusados por un caso relacionado a las becas presidenciales luego de un referido al FEI.

Referido por alegado incumplimiento del deber y malversación de fondos

En el caso de Rodríguez, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querelladas.

Particularmente, las actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.

De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.