Apelativo paraliza vista por despidos en la Arquidiócesis de San Juan
La vista evidenciaria que estaba citada para el miercoles a las 2:00 de la tarde en el Tribunal de San Juan sobre el caso de despido de personal y recortes salariales como consecuencia del embargo a la iglesia católica para el pago de las pensiones a maestros retirados, fue suspendida a tono con una resolución del Tribunal Apelativo.
'Se ordena la paralización de la vista señalada para mañana miercoles, 29 de agosto de 2018, en el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan hasta que otra cosa provea este Tribunal o el Honorable Tribunal Supremo', indica una resolución del Tribunal Apelativo.
La Academia Perpetuo Socorro presentó una Solicitud Urgente de Auxilio de Jurisdicción y una petición de certiorari, mientras que la iglesia católica presentó una Moción de Desestimación.
La resolución indica además, que la parte recurrida cuenta con cinco días para presentar su alegato en oposición a la petición de certiorari.
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'A tales efectos deberá fundamentar su posición, en derecho, por la cual no debamos expedir y revocar la orden por ser nula para los propósitos perseguidos. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra acción que puedan tener a su haber los recurridos para instar sus reclamos ante sus alegaciones sobre las presuntas actuaciones recientemente tomadas por la Academia Perpetuo Socorro sobre reducción de salarios y despidos de empleados', establece el escrito judicial.
Además, la resolución señala que la parte peticionaria tiene cinco días para presentar su postura sobre la Moción de Desestimación de la iglesia católica.
Previamente, el Tribunal de San Juan había ordenado a la Academia Perpetuo Socorro detener el despido de personal de mantenimiento, así como el recorte de 12 por ciento al salario.
Entretanto, se informó que la Arquidiócesis de San Juan, junto a otras diócesis presentaron el martes una moción ante el juez Stephen Breyer del Tribunal Supremo federal con el fin de paralizar el embargo que fue reactivado la pasada semana por el juez de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, como garantía para el pago de 4.7 millones de dólares de las pensiones.