Se ha repetido hasta la náusea que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) usurpa el poder legislativo de los puertorriqueños. Se dice que la política pública corresponde formularla al gobierno territorial. Se afirma que con la ley PROMESA a los puertorriqueños se nos ha quitado la facultad para gobernarnos.

Una espesa nube de anti-historicidad, por no decir falsedad, cubre estas tres afirmaciones tendenciosas. Muchos tratan amnesica y convenientemente el asunto, como si antes de la ley PROMESA el colonialismo no hubiese existido en Puerto Rico; y, como si algo parecido al ejercicio de un poder legislativo de los puertorriqueños y un autogobierno, hubiese cesado de existir con la aprobación de esa ley y con el nombramiento de los siete miembros de la Junta.

Desde el Tratado de París y luego del intervalo de regencia militar de dos años sin anestesia, el gobierno de Puerto Rico y el poder legislativo lo ha ejercitado el Congreso de los EEUU y su Rama Ejecutiva. Esa realidad que se extendió por más de medio siglo, fue maquillada en el 1952, para propósitos de imagen, pero nada cambió en verdad, excepto la creencia de algunos y la propaganda masiva, para hacerle creer a la comunidad internacional y hasta al país que nos mandábamos. Luego de otro medio siglo nuevas realidades geopolíticas y financieras dieron al traste con el valor estrategico, con la vitrina caribeña y con las premisas de la gran lavandería caribeña del capital estadounidense.

La lavandería financiera --la de las exenciones a las ganancias foráneas y extranjeras-- siguió operando a traves del denso mercado de los emprestitos, las exenciones y los decretos, aunque con variantes. Pero el Congreso nunca dejó de mandar en Puerto Rico, casi todas las leyes fueron aplicadas al territorio con la intensidad determinada por ese Congreso; las agencias federales trajeron los programas que el Congreso quiso, con sus reglamentaciones y excepciones los cuales fueron adoptados por el gobierno local ávido de asignaciones de fondos federales que fomentaran la dependencia.

De hecho, un agigantado gobierno de Puerto Rico produjo y reprodujo lo que quiso el Legislativo federal, y las sobras delegadas de aquella autoridad congresional para legislar y hacer política pública se utilizaron para administrar el mantengo corporativo y el sistema de prebendas, favores y tratos preferenciales a allegados.

Se podría afirmar que las migajas delegadas por el Congreso al llamado 'gobierno' de Puerto Rico, se utilizaron en los últimos treinta años irresponsablemente, embrolladamente y alternadamente por las administraciones que se turnaron no para ejercer un poder legislativo y un gobierno de los puertorriqueños, ni formular la política pública, sino para turnarse en sostener un status quo al servicio de la metrópolis y el mayor grado posible de dependencia colonial para beneficio primario de los interventores y de las claques intermediarias.

Que entre los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal esten sobre representados no sólo los intereses financieros que repican campanas en el Congreso, sino los intermediarios carrioneros --quise decir financieros-- a la Carrión, García y González, a nadie debe sorprender.

Lo que sí debe ser sorpresivo, por no decir casi perturbador, son los pujos de ejercicio de poder legislativo recien descubiertos luego de una dormidera de más de ochenta años.

Porque hay que decir que como norma, las mayorías legislativas en Puerto Rico han sido un sello de goma del Ejecutivo; que el sistema político local concentra toda la fuerza --no el Poder, que está en Washington-- en el Gobernador que preside la Conferencia legislativa cuando su partido está en mayoría; que la esfera de acción legislativa en Puerto Rico está embargada por la condición colonial y territorial operando sobre el país cientos de leyes y reglamentos en proporción directa con la ausencia de poderes de la colonia.

Estos factores de prolongada existencia --por muchas decadas-- en el ecosistema político puertorriqueño, explican la profunda devaluación objetiva de la función legislativa --precarizada aún más cuando hay poco presupuesto o crecen estrictos controles sobre el mismo-- y queda diezmada todavía más, por la pesima cultura civil del país y la carencia real de una identidad e institucionalidad legislativa.

De cara al primer enfrentamiento vía demanda judicial --real o simulado-- entre el gobierno local, trátese del Ejecutivo o de la Legislatura frente a la Junta de Control Fiscal, conviene examinar cómo la pesima cultura civil del país y la carencia real de una identidad e institucionalidad legislativa se crea y profundiza, y los efectos que ello tiene.

La pesima cultura civil del país

Contrario al desideratum --mandato-- de la constitución en materia de la educación, nuestro sistema de enseñanza no educa sobre, ni para el respeto, la vigencia y la ampliación de los derechos humanos.

La práctica gubernativa niega la transparencia, la participación real ciudadana, la rendición de cuentas y la responsividad de los gobernantes. Las narrativas gubernativas contribuyen, salvo muy pocas excepciones, a una visión gubernativa de reparto de privilegios y prebendas; a duras realidades de discrimen ideológico y de otros tipos; a proyecciones de exclusión, de impunidad, de favoritismo y de persecución.

Al gobierno, a sus contratos y cargos se le contempla como un botín para el reparto a algunos de los allegados del partido político que gana la gobernación. En cada corporación pública, municipio y agencia del Ejecutivo existen dos bandos que pugnan por la continuidad y cuanto menos, por la alternancia. Este escenario requiere naturalmente de la existencia de un botín.

El presupuesto agrandado durante las últimas tres decadas por emprestitos de cuestionada y hasta de dudosa legalidad --y por tanta deuda inauditable dentro de esta lógica-- fue sin duda elemento clave del botín puesto a reparto. Mutilada la capacidad prestataria, el nuevo botín radica en las privatizaciones, las 'Alianzas' público-privatizadas, las concesiones y licencias prolongadas, los refinanciamientos y los salvamentos a los acreedores, entre otros. Además de fondos buitres, hay muchos buitres a vuelta redonda colando influencias a sus anches.

De donde surge una profunda y prolongada afición por el saqueo a plazos en cuya gestación no participa para nada el Pueblo aunque termine siempre pagando los platos rotos. El surgimiento de nuevas cuotas, pagos, peajes, tasas, impuestos y gravámenes junto al recorte de garantías sociales legisladas integran el nuevo botín dispuesto para el reparto, al socaire de la diosa competitividad.

Toda esta ola podadora sucede y ha sucedido por largo tiempo ---veinte años al menos-- sin que ninguna estructura gubernativa o legislativa --incluída la rama judicial-- vindique los derechos que agolpadamente va perdiendo la gente. Poco o nada de lo que se diga trasciende, pues el referente cívico de núcleo abreviado --la sociedad civil menguante-- no logra gravitación suficiente para hallar cabida en la comunicación de masas.

Casi ningún medio de masas practica la responsabilidad social en todas sus dimensiones. De hecho, se trata de un tema que recientemente se inaugura por algunos. Sin una práctica de responsabilidad social masiva, fundamentada en el conocimiento de los derechos humanos individuales y colectivos --que no se brinda-- y en una cultura cívica de razonamiento y debate constructivo, es muy debil la resonancia cívica que puede conseguirse.

Cuando más de la mitad de la sociedad depende directamente para su sostenimiento de las instituciones del gobierno, la larga cultura de opacidad, dependencia y discriminación por este tolerada o sembrada, profundiza la inhibición participativa. Las gradaciones de esta inmovilización cívica van desde el ritualismo participativo un día cada cuatro años, pasando por la abstención prolongada, por la dejadez, el cinismo o simplemente por el rechazo fundamentado, pero renuente.

Este clima de falta de articulación, de desarticulación y de carencias de visiones críticas efectivas articuladas y socialmente estructuradas; hacen del paisaje cívico uno desolado y de la sociedad civil contestaría, un proyecto deseado, pero de debil tracción.

No debe alborotar a nadie que esta ruptura cívica genere una cultura y práctica política que se refuerza en sus atavismos: el autoritarismo, el cacicazgo, la parodia democrática, el favoritismo, la impunidad, la ambivalencia jurídica y el relativismo en la etica política.

Los legisladores son el producto representativo de esa cultura cívica y política. Con pocas y honrosas excepciones, son en sus actitudes y actuaciones; y, en sus conflictos y negociaciones, fiel reflejo de aquellos atavismos y de esas debilidades formativas.

La Identidad Legislativa

Luego de más de cuatro decadas de actividad y estudio de 'nuestro' universo e imaginario Legislativo, retorno a la pregunta de si existe en el Puerto Rico colonial una identidad legislativa. SI existe, ¿cuál es?

Al hablar de identidad legislativa --concepto repleto de dificultades-- quisiera considerar las siguientes preguntas: ¿Cómo ve su función legislativa un legislador? ¿ Que características y funciones legislativas conoce? ¿Cuáles de esas características está dispuesto a asumir? ¿Cuáles de esas funciones ejerce o ha ejercitado? ¿Que limita que asuma o ejerza las características y funciones que no ha asumido, o que ya no asume o ejerce? ¿Conoce sus prerrogativas como legislador? ¿Cuáles de esas prerrogativas ejerce, cuáles no y por que? ¿Conoce sus derechos como legislador, cuáles ha ejercido, cuáles ejerce y cuáles no?

¿Conoce la función legislativa? ¿Conoce el proceso legislativo? ¿Conoce el procedimiento legislativo? ¿Conoce el procedimiento parlamentario?

Conoce : ¿Cuál es la función de los organismos legislativos? ¿Cuál es la función de las comisiones? ¿Que papel le corresponde ejercer en las comisiones?

¿Sabe cómo situarse en cualquier momento parlamentario en el Hemiciclo y en las comisiones? ¿Entiende la naturaleza de los planteamientos y el recurso que suponen?

¿Con cuánto aplomo y fundamento ejercita la función legislativa ese legislador?

Los elementos que llamare principalmente cognitivos son una fracción de lo que puede definir la identidad legislativa. La naturaleza colegial y colectiva de la función legislativa obliga a trasladar a esos otros planos los elementos identitarios del legislador.

Otros elementos que contribuyen a configurar o constituir la identidad legislativa podrían enmarcarse en otras preguntas:

¿Cuál es su función, cuáles son sus prerrogativas, cómo se visualiza en su trabajo en Comisión? ¿Afecta ese modo de verse y de auto-evaluar su función, el hecho de ser un legislador de mayoría o de minoría; o, el hecho de ser un legislador de distrito o uno por acumulación; o, el hecho de ser un Senador o un Representante?

¿Cómo se visualiza como legislador frente o de cara a las personas, a los grupos de intereses, a los miembros de su partido o de su ideología, a los funcionarios de su partido y frente a la sociedad?

¿Ha sido autor de alguna medida legislativa? ¿Ha presentado alguna bajo su firma exclusiva? ¿Cómo y de dónde surgió? ¿La escribió el o ella misma o le ayudaron? ¿Que significa para usted la autoría y la facultad de iniciativa legislativa?

¿Conoce el legislador las facultades investigativas que posee a título individual y como legislador? ¿Cuáles son? ¿Cuáles de esas facultades investigativas ha ejercitado, cuáles no? ¿Por que sí y por que no?

¿Que asuntos considera apremiantes el legislador, y que deben ser atendidos por el cuerpo legislativo al cual pertenece y las comisiones legislativas de las que forma parte? ¿Que propuestas o inicativas ha tomado al respecto?

¿Tiene el legislador un plan de trabajo para su incumbencia, para su oficina, para el cuatrienio, para el año en curso, para la sesión en curso? ¿A base de cuáles criterios organiza cada uno?

¿Cómo se visualiza el legislador en el ejercicio de la función fiscalizadora del legislativo?

¿Que papel, si alguno, debe jugar la evaluación del funcionamiento del gobierno, de la vigencia de la legislación, de la adecuacidad de la reglamentación y de los problemas de la sociedad y del ciudadano durante su incumbencia?

¿Consideradas estas preguntas, variaría el legislador algún elemento o planteamiento previo?

¿Discute usted estas cuestiones con sus compañeros legisladores? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Las discute en el caucus de su delegación? ¿las discute con sus compañeros de delegación?

¿Se ha encontrado el legislador algún área en la que le gustaría trabajar o tratar en la que haya descubierto que no puede porque el asunto es 'federal' o 'campo ocupado'?

¿Hay alguna área temática que se le haya advertido está reservada para el Ejecutivo, el presidente del cuerpo o el caucus?

¿Cómo se siente el legislador ante el hecho de que el Congreso de EEUU o su gobierno, controle parte de su función legislativa? ¿Cuán grande considera que es la parte de la función legislativa suya de Puerto Rico, que el Congreso o el gobierno federal controlan?

Consideradas algunas de sus facultades y algunas de las limitaciones de su ejercicio legislativo: ¿a cuáles se dedica el legislador?

¿Que piensa el legislador sobre el valor de su trabajo?¿Ante quien responde? (su partido, Dios, el Pueblo, su conciencia).

¿Cuántas veces ha votado el legislador contra el criterio de su caucus o se ha abstenido? ¿Que piensa del cauces?

¿Cómo se valora como legislador de mayoría o minoría; o, frena a otro legislador de mayoría o de minoría?

La Institucionalidad Legislativa

Al hablar de la institucionalidad legislativa nos remitimos a nociones de arraigo, identidad, principios, elementos variables y permanentes, significado, visión propia, visión de la sociedad, visión mediática y del imaginario.

La institucionalidad legislativa refiere no sólo al conocimiento que de la función legislativa tengan las personas, sino a la valoración, evaluación y fiscalización participativa que de y en el ente legislativo tengan.

La institucionalidad legislativa se remite tambien a la valoración que de sí propios y de la entidad tienen tanto sus miembros, como los ciudadanos y el conjunto social. Además, está ligada a la cultura política de la sociedad, a la vigencia de los derechos fundamentales, y al aprecio del cual disfrute la rama legislativa.

La institucionalidad legislativa está vinculada a la historia del ejercicio de las facultades legislativas, al conocimiento de las personas de esa historia, a su vínculo con la función legislativa y al significado de esa vinculación.

Una conciencia mayor o una apreciación de la carencia de poderes de un cuerpo legislativo, puede devaluar su arraigo, significación o legitimidad ante los llamados a ser parte como legisladores, o a ser partícipes de la elección de sus miembros.

El desconocimiento de los fundamentos de la función legislativa tanto de los legisladores como de los ciudadanos, puede contribuir al desarraigo, devaluación o deslegitimación del ejercicio de la función legislativa y de su institucionalidad.

Es posible que la apariencia de conflicto, o el conflicto judicial entre el ejercicio de facultades delegadas por el Congreso a la Junta de Supervisión Fiscal y el Legislativo puertorriqueño, suponga más un deseo de proteger la institucionalidad y valía ante las personas, que un regateo real de competencias.

Preguntas como ¿Dónde quedamos los legisladores, o dónde queda la Cámara o el Senado ante la conducta de la Junta de Supervisión Fiscal y sus actos, reclamos y 'usurpaciones'? hablan precisamente del deseo de afirmar la identidad y la institucionalidad legislativa en tiempos de profunda deslegitimación y precariedad.

Síntesis

El examen de los tres elementos enumerados: cultura cívica, identidad e institucionalidad legislativa requiere dar considerable peso a la condición colonial territorial, a los vicios del sistema presidencialista territorial , a la concentración de facultades políticas en la figura del ejecutivo colonial y a los extraordinarios poderes congresionales que privan de poderes al gobierno local.

La cultura cívica, la identidad e institucionalidad legislativa interactúan y tienden a fortalecerse, o a debilitarse recíprocamente. En el escenario colonial-territorial hay un vaciado natural de facultades y autoridad legislativa, por lo que es anticipable el debilitamiento de su institucionalidad y legitimidad. Todo lo cual puede resultar en mayor empobrecimiento de la identidad legislativa e incluso de la cultura cívica.

La actual des-legitimación legislativa que corre paralela a la des-legitimación gubernamental colonial, sólo es comparable con el desmoronamiento de su identidad e institucionalidad (legislativa). En el caso de Puerto Rico el proceso completo, forma parte de la des-legitimación y de-certificación del regimen Estado Libre Asociado, y el re-reconocimiento de la realidad territorial-colonial puertorriqueña por las tres ramas constitucionales de los EEUU.

El hecho de que este triple re-reconocimiento pueda marcarse en un año calendario reciente (2016), no significa que una muy debil base institucional e identitaria del y hacia el legislativo puertorriqueño no haya sido por largo tiempo efecto y reflejo de la realidad territorial-colonial.

*El autor es abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.