El repudio de los puertorriqueños es lo único que obligaría a la Junta de Control Fiscal (JCF) a buscar un mejor plan de ajuste para la deuda del Gobierno de Puerto Rico con sus acreedores. Según el informe Isla Deuda elaborado por la organización Lil Sis, el nuevo acuerdo que elabora el ente instaurado por la Ley federal PROMESA 'será de suma importancia debido a que determinará cuánto del Fondo General pasará a manos de los bonistas'.

'Esto implica que los fondos futuros para la educación, salud y vivienda estarán en la mesa de negociación. Mientras más dinero tomen para pagar la deuda, menos dinero habrá para los servicios esenciales', advierte el informe.

Ya que el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) ha sentado un precedente, es probable que el plan del Gobierno tambien sea por 40 años. Este acuerdo será de suma importancia debido a que determinará cuánto del Fondo General pasará a manos de los bonistas. Esto implica que los fondos futuros para la educación, salud y vivienda estarán en la mesa de negociación. Mientras más dinero tomen para pagar la deuda, menos dinero habrá para los servicios esenciales.

La aprobación del nuevo plan de ajuste dependerá de un proceso de votación en el cual podrán participar todos los acreedores del Gobierno, es decir, cualquiera que tenga algún tipo de reclamación contra el Estado Libre Asociado. No obstante, debido a un proceso conocido como 'cramdown'.

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Si la mediación con los acreedores de la deuda del Gobierno no resulta en la ratificación de un plan de ajuste, la representación legal de la Junta recurrirá al 'cramdown' o reestructuración forzosa, procedimiento mediante el cual un juez confirma el plan de ajuste pese a las objeciones de los bonistas, quienes solo tendrían derecho a recuperar la acreencia que el tribunal determine.

'Los fondos de cobertura, dueños de la mayor parte de la deuda, probablemente voten a favor del plan, ya que este probablemente les prometerá elevados pagos de los bonos. Mas los empleados públicos activos, los retirados, los suplidores del Gobierno y todas las personas con reclamaciones al Estado Libre Asociado tambien podrán votar', apunta el escrito.

De acuerdo al documento, del pueblo ejercer una presión pública significativa, podría obligar a la JCF, a la jueza federal que atiende el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, y a sus mediadores designados, a que dejen de trabajar para Wall Street.

'Podría detener que los cuerpos legislativos puertorriqueños aprobaran cualquier medida para poner en marcha estos planes y podría, en última instancia, obligar a los acreedores de Wall Street a aceptar terminos menos lucrativos que no le den pie a una profunda austeridad y al control corporativo', detalla.

Este nuevo plan llega el mismo año que la Junta y los bonistas de COFINA se disponen a cerrar un acuerdo para ajustar la deuda de $17.6 millones a $11.9 millones, una reducción del 32%. Sin embargo, cuando se incluyen los pagos de intereses, el pago al servicio de la deuda será de $32.3 millones a lo largo de 40 años. Esto incluye un recorte de 7% para los bonos principales de COFINA y 46% para los bonos subordinados de la corporación. El próximo 16 de enero se celebra una vista ante la Jueza Swain para ratificar el acuerdo. Organizaciones civiles ya anticiparon manifestarse frente al Tribunal federal en Hato Rey ese día.

Para el investigador en Puerto Rico de la Public Accountability Initiative de Little Sis, Abner Dennis, 'El plan de ajuste de COFINA representa la subordinación total de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico a las ganancias de los fondos buitres de Wall Street. No solo encadena al país a pagar el IVU por los próximos 40 años, sino que establece un precedente para que las próximas reestructuraciones de deuda sean tambien por la misma obscena cantidad de tiempo. El país debe oponerse a este plan de COFINA rotundamente y prepararse para el próximo plan del gobierno central'.

Por último, el informe tambien advierte que los fondos de recuperación del huracán María están asumiendo un papel importante, no en pagarles directamente a los bonistas, sino en rellenar y subsidiar de manera indirecta los pagos de los bonos.

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