La Junta de Control Fiscal (JCF) sometió al Tribunal de Quiebras su esperado Plan de Ajuste para la deuda de Puerto Rico y, según un resumen preparado por el ente fiscal, reduce el pago de deuda anual de $4,200 millones a $1,500 millones para cubrir $35,000 millones de deuda y $50,000 millones en responsabilidades de pensiones durante los próximos 30 años.

'El Plan provee un marco para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles sostenibles y provee un camino para dejar atrás la bancarrota', reclama el ente fiscal sobre la propuesta, que tendrá que ser evaluada por la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.

La Junta argumenta que la reducción combinada (blended) de las obligaciones (deuda, pensiones y otras reclamaciones) es de 60%.

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El Plan reduciría las obligaciones del gobierno de $35,000 millones a $12,000 millones (un 60% menos) lo cual, según sus cálculos, y sumando la reestructuración de la deuda de COFINA más temprano este año, debe llegar el pago anual de deuda a un 9% de los ingresos propios de Puerto Rico, comparado con 30% previo a la Ley PROMESA y la declaración de quiebra. Un estudio de la entidad Espacios Abiertos, encargado a economistas, ha concluido que la capacidad de pago de deuda del Gobierno de Puerto Rico está entre los $9,000 a $14,000 millones, de los cuales ya $12,000 millones estaban comprometidos con el Plan de Ajuste ya aprobado para la deuda de COFINA.

Vea: Acuerdo con GOs no alivia lo suficiente, sigue latente una segunda quiebra

El servicio combinado de deuda de Puerto Rico y COFINA se reduce de $82,000 a $44,000 millones a lo largo de un periodo de 30 años, aseguró la JCF.

La propuesta está basada en acuerdos alcanzados con el Comite Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico, la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, el Grupo de Bonistas QTCB y el sindicato Servidores Públicos Unidos.

Sobre las pensiones, la JCF tambien publicó un análisis independiente de los sistemas de retiro del gobierno, como le requiere la Sección 211 de la Ley PROMESA, que fue encomendado a Ernst & Young y que abarca el impacto del flujo de efectivo necesario para pagar las pensiones, fuente de financiamiento, sostenibilidad de los beneficios actuales y la estructura legal. Como anticipado, el plan con las pensiones es una reducción de 8.5% para los retirados que reciban más de $1,200 al mes lo cual, según cálculos de la Junta, implica que 74% de los pensionados no verán recortes en sus pagos.

Como parte de los acuerdos en apoyo al Plan, la Junta aprobó una solicitud de quiebra bajo la Ley PROMESA para la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). De hecho, parte del plan está construido sobre la premisa de que bonistas de la AEP y de Obigaciones Generales (OG) emitida despues de 2011, y que tienen unos $6,000 millones en bonos impugnados en corte como ilegítimos por la misma Junta, van a transar esa deuda para cobrar algo en vez de quedarse sin nada si el tribunal en efecto declara esa deuda como ilegítima. Se espera que los acuerdos transaccionales conlleven una reducción de entre 55 y 65% de la deuda para los bonistas de OG y una reducción de 42% para los bonistas de la AEP.

Vea:

Junta logra acuerdo para $35,000 millones en deuda de Obligaciones Generales

Comite llega a acuerdo con la Junta en nombre de 167,000 jubilados

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El Plan reestructura obligaciones de OG, reclamaciones en contra del gobierno por los llamados 'claw backs' ejecutados principalmente bajo la Administración García Padilla, bonos de la AEP, bonos de los Sistemas de Retiro, reclamaciones no aseguradas contra el gobierno y la responsabilidad del pago de pensiones. En esos renglones, aseguran haber conseguido una reducción de pago de 36% en los bonos de OG emitidos antes de 2012, 28% en los bonos de la AEP emitidos antes de 2012 y 87% en los bonos emitidos para Retiro.

A la fecha de hoy, la JCF representa que su plan de apoyo al Plan de Ajuste, presentado en junio, tiene el respaldo de los dueños del 54% de la deuda de la AEP emitida antes del 2012 y apoyo del 22% de los dueños de deuda de OG y el resto de la AEP.

De otra parte, los acreedores no asegurados del gobierno, con acreencias de menos de $10,000, recobrarían la cantidad completa, mientras que los acreedores con acreencias más sustanciales recibirían un recorte de su deuda de 96%, indicó el ente fiscal.

'Tres años despues de que el Congreso aprobara PROMESA y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, despues de más de una decada de declive económico y desorden fiscal, y de que miles de puertorriqueños abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión', declaró el presidente de la JCF, Jose B. Carrión III, al reconocer tambien que todavía el plan requiere de aprobación por parte del tribunal.

Los miembros de la JCF que actuaron y aprobaron el plan permanecen impugnados jurídicamente ya que el Primer Circuito de Apelaciones declaró que sus nombramientos fueron inconstitucionales y dichos nombramientos ya extinguieron sin que el Senado federal haya actuado sobre la designación que hizo el Presidente Donald Trump para que todos los miembros actuales revalidaran en sus posiciones. El Tribunal Supremo tiene pendiente una vista el 15 de octubre para discutir la legalidad de los nombramientos originales al ente fiscal, pero el tribunal apelativo ha aclarado que, mientras eso ocurra, los miembros de la Junta preservan sus poderes.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, subrayó la 'certeza' y la 'estabilidad' que entiende que el Plan de Ajuste trae y que se necesita para que vuelva a fluir la inversión en Puerto Rico.