Sin ir a juicio, los empleados fantasma del Capitolio, Isoel Sánchez y Chrystal Robles, se declararon culpables de fraude electrónico hoy ante el juez federal Francisco Besosa.

Su defensa, los licenciados Jason González y Gabriela Cintrón, solicitaron sentencia probatoria, mientras el fiscal federal Timothy Henwood pide hasta 10 meses de cárcel además de la confiscación de $34,000.

En las guías de sentencia federal este delito no tiene sentencia mínima aunque si tiene un máximo de 20 años. Se presume que el día de la sentencia la defensa pida el archivo de los otros cargos que pesan contra los acusados.

Después de tener conversaciones con los abogados de defensa, la Fiscalía federal había adelantado al Juez que los acusados en el caso de los contratistas fantasma en el Capitolio resolverían el caso declarándose culpables sin ir a juicio.

Sánchez y su compañera Robles, contratistas de la Legislatura y del director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado, Ángel Figueroa Cruz, fueron arrestados el 30 de mayo pasado. La pareja tuvo participación prominente en la huelga universitaria de 2010 con un grupo opuesto a la huelga. Luego de eso, se les ubica como representantes y donantes políticos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el área de Humacao. Figueroa Cruz, por su parte, era también presidente de la Legislatura Municipal de Bayamón y jefe de la Junta de Subastas del Senado.

Se les acusa de cobrar bajo sus contratos por trabajo que no realizaron. Por ejemplo, Robles Báez contrataba como coordinadora intergubernamental a la vez que corría a tiempo completo un negocio de crepas en Humacao. Como jefe de la OAG, Figueroa Cruz manejaba los contratos y facturas bajo las cuales supuestamente se cometieron los delitos. La OAG es una oficina con decenas de contratistas y funcionarios pagados con fondos públicos que en varios casos son políticos derrotados, parientes de políticos o candidatos a cargos electivos.