Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal señala que va a esperar porque los cuerpos legislativos y La Fortaleza se pongan de acuerdo.

Los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico no asistirán hoy al mensaje de estado de situación del país en la Cámara de Representantes porque están molestos con el presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez.

“Aunque la Jueza Presidenta y los Jueces Asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen gran deferencia y una relación de respeto con el Gobernador y con el Presidente del Senado, la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de ese tribunal a la Cámara de Representantes”, lee una declaración del director de prensa del Poder Judicial, Jean Pérez.

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En la declaración, naturalmente, no se incluye a Hernández Montañez, quien ha librado una guerra mediática contra los jueces de todos los ámbitos a raíz de su postura en torno al incremento salarial. Ha dicho que supuestamente favorece el aumento, pero solo si se incluyen también en la movida a legisladores, miembros del gabinete y el propio gobernador Pedro Pierluisi.

El Tribunal de Apelaciones validó una determinación del juez Anthony Cuevas Ramos validando el aumento y el Tribunal Supremo desestimó una apelación de la Cámara por fallas procesales, sin entrar en los méritos del caso. Más tarde, Cuevas Ramos tomó una determinación en contra de los intereses de Hernández Montañez y el líder cameral lo acusó de revanchismo.

No obstante, la Junta de Supervisón Fiscal, que tiene que autorizar el desembolso que haga realidad el aumento -y que sería retroactivo al 1 de julio- no ha tomado una determinación sobre el particular.

“El proceso para encontrar una vía a seguir está en curso y la Junta de Supervisión (JSF) continuará monitoreando los procedimientos”, indicó la portavoz del ente fiscal, Sylvette Santiago.

El pasado 29 de febrero, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica dijo que si bien estaba listo para pedirle a los miembros de la JSF que tomaran una determinación, también sostuvo que prefería dar espacio a que ocurran las “conversaciones constitucionales” y que se llegue a un acuerdo.

“Esto es una disputa entre la Rama Judicial y la Rama Legislativa. Hay asuntos serios entre ellos. Estamos tratando de dar espacio para que las partes lleguen a un acuerdo”, dijo el 28 de febrero.

Mujica señaló a finales de febrero que estaba estudiando la sentencia de Cuevas Ramos quien, en esencia, determinó que la partida en el presupuesto para el aumento salarial era suficiente para concluir que la Legislatura lo había aprobado, aunque no enmendó el proyecto de ley que regular los salarios de los jueces.

Recientemente los cuerpos legislativos aprobaron un proyecto de ley de aumento salarial a los jueces, pero al incluir lenguaje distinto, se encuentra en lo que se conoce como un comité de conferencia que será atendido luego de las primarias del 2 de junio.

El aumento en juego es de 24% en el salario de la jueza presidente para llevarlo a $154,556; 20% en los jueces asociados para llevarlo a $144,480; 24% en los jueces apelativos para llevarlo a $130,579; 32% en los jueces superiores para llevarlo a $118,133 y 32% en los jueces municipales para llevarlo a $91,764.