Resulta significativo que el debate en torno al proyecto 238, y la batalla pública alrededor de este, hayan sido principalmente enmarcados en terminos de equidad, y no de igualdad. Tambien es significativa la muy poca reflexión sobre las implicaciones políticas del uso del concepto equidad para lidiar con lo que efectivamente es un problema de igualdad en una formación social como la puertorriqueña, plagada de vastísimas desigualdades sociales. Y esto sin hablar de la subordinación política de carácter colonial que constituye el ya cuasi-eterno horizonte de expectativa de la vida colectiva del país, lo cual inhibe y trunca cualquier reclamo de igualdad substancial. Es por consiguiente necesario ofrecer algunos apuntes críticos acerca de los usos políticos de igualdad y equidad, sobre sus respectivas lógicas de naturaleza socio-histórica, y sus funciones a nivel ideológico y político.

Cabe señalar que los conceptos políticos no solamente postulan horizontes, límites y expectativas, sino que contienen lo que Theodor W. Adorno llamó sedimentaciones históricas que son resultados y residuos de conflictos políticos, sociales y culturales que mediaron, y ocasionalmente forjaron, la concretización de conceptos y su actualización política. Sedimentaciones estas que, a su vez, acarrean presuposiciones socio-históricas las cuales son frecuentemente políticamente sancionadas o constituidas.

A continuación se esbozan unos apuntes preliminares – a su vez, producto de una suerte de bitácora improvisada – que intentan problematizar la proliferación del concepto equidad desde una perspectiva que sostiene la necesidad de una reivindicación política de la igualdad. Es también pertinente problematizar otros aspectos que forman parte de la constelación que se ha cristalizado alrededor de este debate. Apuntes sobre esta constelación que ciertamente carecen de carácter definitivo y son presentados no como tesis comprobadas, sino que son reflexiones ensayadas cuyo propósito es ofrecer una mirada distinta al momento actual.

1.

Con gran astucia, Ramón Luis Nieves, un ambicioso político joven, ha decidido hacer su nombre a nivel nacional con un proyecto de ley que lo pone no sólo en el escenario más grande a nivel local, sino que lo consagra en espacios bien pensantes del país como campeón de la equidad y los derechos civiles. Honores otorgados, sin embargo, por un proyecto que de entrada era muy taimado y cuya versión final consiste en una victoria pírrica para todos aquellos que apuestan a una igualdad sustantiva más allá de un orden de respetabilidad hétero-normativa y burguesa. Pues Nieves ni tan siquiera defendió la versión original de su proyecto con la vehemencia que un compromiso real con la medida requiere. Aun así, el senador del PPD puede declarar 'una gran victoria para Puerto Rico' por un proceso que confirma el compromiso de la administración del PPD con una 'política publica que favorece la equidad para todos,' y así ganar el aplauso y la admiración de los sectores bien pensantes del país.[1]

Claro está, por más minimalista que haya resultado ser la medida pública, ésta sin lugar a dudas constituye una concesión que puede tener efectos concretos en la vida de muchos ciudadanos, lo cual hay que siempre mantener presente y por esto evitar a toda costa menospreciar la gratitud que este mínimo de reconocimiento jurídico-civil merece, por mas pírrica que sea la victoria.[2] Pero es igualmente imperativo reconocer que esto no le cuesta materialmente nada al PPD; todo lo contrario, en la coyuntura actual tiene el efecto de crear una suerte de simulacro que por un parte muestra el lado progresista del PPD, mientras que por otra parte le permite llevar a cabo acciones que entonces son tácitamente sancionadas o ignoradas por la izquierda liberal del país. Mientras tanto, la autonomía universitaria sufre uno de los asaltos más comprensivos en la memoria reciente, y las pensiones son asediadas. Y ambas cosas competen a todos, no menos la última, la cual no discriminará por género ni raza, aunque sus efectos pueden ser mediados por estas diferencias, así como por otro sinnúmero de desigualdades codificadas o sancionadas por el gobierno actual. Y esto sin hablar del fiasco que ha sido la reforma legislativa.

Ante esto, resulta altamente notable el apaciguamiento de los sectores de izquierda del país ante la política pública de la Restauración Popular. Pues no sólo el proyecto público de equidad ha diluido el reclamo de igualdad política y social, sino que aparenta haber tenido un efecto apaciguador. Sólo basta imaginar la indignación y furor huelgario que acciones análogas del PNP, con respecto al sistema de retiro y la universidad, hubiese desatado en la sociedad civil criolla.[3] En cambio, en el contexto de la Restauración Popular, el silencio de estos sectores es paradójicamente ensordecedor. Mientras tanto, por un lado se defiende elocuentemente la separación Iglesia-Estado vis-á-vis las formas de discriminación basadas en género, ésta es una defensa muy selectiva y que sólo parece aplicar a los sectores protestantes tradicionalmente identificados con el PNP. Pues la tan deseada separación es violada abiertamente en el cierre de fila frente a la igualmente detestable figura del arzobispo de San Juan, figura que reside al seno de ese orden de corte monárquico con sede en el Vaticano, pero que en el contexto local figura cómo bastión del PPD, que es la iglesia católica.

Atacar a los pentecostales y defender al arzobispo: es obvio que el supuesto secularismo de los populares, y sus fellow travelers de la izquierda liberal del país, aquéllos que en otro tiempo se le llamaban melones, no es tal. La izquierda liberal local responde a un profundo resentimiento, de carácter reactivo, anti-PNP y es sólo a esto a lo que efectivamente se ha reducido su vocación crítica.

Para el resto de la columna, vea el blog Pensar lo contemporáneo.

* El autor enseña teoría política en Rutgers University, Newark y New Brunswick.