La procuradora de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), licenciada Lersy Boria Vizcarrondo, anunció el jueves la imposición de multas a 54 agencias del Gobierno de Puerto Rico y 40 municipios al encontrarlos en incumplimiento con la Ley para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Genero.

Las infracciones ascienden a 70,500 dólares y se impusieron a todas las agencias, instrumentalidades y municipios que incumplieron con la presentación y desarrollo del Plan de Acción Afirmativa que exige la ley para garantizar que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo por razón de genero.

'Al no tener un plan de Acción Afirmativa vigente, se le ordena el pago de 500 dólares en el caso de la autoridad nominadora- jefe de agencia o alcalde- y 250 dólares en el caso del Director de Recursos Humanos', apuntó la Procuradora en comunicado de prensa.

Algunas de las agencias en incumplimiento son la Administración de Asuntos Federales de PR en Washington, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Comisión Estatal de Elecciones, el Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, Departamento de Estado, Departamento del Trabajo, Departamento de Salud, Guardia Nacional, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Junta de Gobierno de la UPR y Universidad de Puerto Rico- administración central y los recintos de Arecibo, Humacao, Mayaguez, Ponce, Río Piedras y Utuado.

'Las entidades gubernamentales tuvieron hasta el 30 de junio de 2018 para entregar el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021. No obstante, se concedió una prórroga hasta el 16 de julio de 2018 para aquellas entidades que lo solicitaron. El 18 de julio de 2018, la OPM emitió un aviso a los alcaldes, jefes de agencia y a los directores de recursos humanos para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 212-1999 concediendoles una última oportunidad de presentar el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021', detalló la funcionaria.

En el caso de los municipios se encontró a Aguadilla, Aguas Buenas, Cabo Rojo, Cataño, Comerío, Guayama, Juana Díaz, Morovis, Patillas, Quebradillas, Río Grande, Salinas, San Sebastián, Utuado, Vieques, Villalba y Yauco, entre otros.

Todos tienen diez días para solicitar revisión de las multas impuestas pero fueron apercibidos de que no satisfacer las cantidades correspondientes se iniciaran acciones legales contra el funcionario público, que podría exponerse a una multa adicional de 5,000 dólares por desobedecer y entorpecer la labor de la OPM.

'Los reglamentos de la OPM tienen un propósito y es garantizar que se cuenta con las herramientas para trabajar asuntos delicados como el discrimen por razón de genero, hostigamiento y acoso. Al llegar a esta oficina he encontrado una cultura entronizada en la esfera gubernamental de ignorar las disposiciones de OPM y no lo vamos a permitir', concluyó Boria.