El presidente de la Central Autentica de Trabajadores (CAT), Adalberto Vega Vélez, cuestionó hoy la postura de otros líderes sindicales que esta semana aplaudieron la firma de la Ley 45 que garantiza algunos derechos laborales para los próximos dos años.

Vega Vélez solicitó 'a los cientos de dirigentes obreros del país' que revisen su posición de aceptar 'la posposición y regulaciones unilaterales hacia la forma y manera que las uniones del país bajo la Ley 45 van a comportarse'.

El sindicalista señaló que la unión que preside realizó una evaluación legal sobre la medida que firmó el gobernador Luis Fortuño con la participación de líderes obreros en La Fortaleza y dijo que la misma 'no pasaría el crisol del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde en múltiples ocasiones se ha expresado el derecho que tienen los trabajadores a seleccionar las uniones que los van a representar y a los líderes que van a ocupar las posiciones de liderato'.

'Me parece que lo que ha ocurrido en los últimos días donde compañeros del sindicalismo del país acudieron a un entrampamiento por parte del Gobierno merece el total rechazo de aquellos que hemos luchado y hemos sacrificado nuestras vidas y libertad para que hoy día se disfrute de beneficios y salarios logrados por los propios trabajadores y por ende: el movimiento obrero local', defendió Vega Vélez.

El líder sindical expresó su preocupación porque 'con el proceso celebrado esta semana podría dejarse de pagar millones de dólares de aumento salarial, beneficios negociados y sobre todo, la aportación de dinero que tiene que hacer el patrono-gobierno a los obreros que están legalmente organizados en Puerto Rico'.

Vega Vélez insistió en que a raíz de la declaración de Emergencia Fiscal que hiciera el Gobernador de Puerto Rico 'para justificar' la emisión de bonos y el despido de más de 25,000 empleados públicos, 'se pospusieron aumentos salariales y beneficios negociados por las uniones'.

'Ya hay dinero suficiente para otorgar esos aumentos y esos beneficios por lo que el acuerdo podría haber sido un entrampamiento. Los aumentos y beneficios son una deuda del Gobierno hacia nosotros, los obreros del país', subrayó Vega Vélez.

La Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) se mostraron complacidos esta semana con la firma de la ley que, para ellos, restituye derechos a los trabajadores del sector público mediante la Ley 45, aunque advirtieron que seguirán pidiendo la restitución de los trabajadores cesanteados mediante la Ley 7.

El presidente de la UGT, Manuel Perfecto Torres, y del SPT, Roberto Pagán, manifestaron que no olvidan ni condonan la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, mediante la cual se despidieron miles de empleados gubernamentales.

'Con la firma hoy de la Ley 2017, por parte del gobernador Fortuño, se comienzan a restituir derechos que ya figuraban en los convenios colectivos como los mecanismos de querellas, arbitraje, reconocimiento de los delegados, licencias sindicales y otras cláusulas no económicas que benefician y protegen a los trabajadores. Eso es positivo y lo celebramos', afirmó entonces Perfecto Torres en un comunicado.

Pagán, por su parte, expresó que no han olvidado 'a los miles de compañeros y compañeras que fueron despedidos y seguiremos exigiendo su restitución desde la calle y en la mesa de negociación'.

Los líderes sindicales calificaron la recién firmada ley como 'un paso de avanzada' en la defensa de los derechos de los empleados públicos, y aclararon que se sienten 'complacidos pero no abrazados' a quienes legislaron la Ley 7.

La UGT y el SPT están afiliados al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y entre ambas representan unos 30,000 trabajadores del sector público.

El Gobernador firmó el miércoles una ley que permite la extensión por dos años adicionales, a partir del 9 de marzo de 2011, de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos expirados.

La ley permite, además, vuelve a darle vigencia a los acuerdos convenidos con los empleados públicos en cuanto a sus condiciones de trabajo, las negociaciones congeladas y cartas circulares.

Las cláusulas económicas, que no están contempladas en esta extensión, deberán negociarse con la participación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 'para garantizar que los procesos se lleven a cabo de forma responsable en términos fiscales', indicó Fortuño.