La querella de la Comisión de Intercambio de Valores (SEC) contra los ejecutivos de UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico detalla que las víctimas del esquema perdieron unos $500 millones en el valor de sus inversiones y que el perfil principal de estas víctimas es un retirado que coloca sus ahorros en inversiones para suplementar su cheque de Seguro Social.

La querella ha caído como una bomba en la comunidad financiera puertorriqueña, una de las pocas industrias que reflejaba crecimiento en empleos en los últimos años.

'Tiene consecuencias inevitables en cuanto a precios de los bonos de Puerto Rico, y la confianza en nuestros mercados de capital. Es lo que siempre hemos temido', comentó una fuente.

Las alegaciones, que están sujetas a contestación formal de los imputados y a adjudicación por parte de un juez administrativo de la SEC, precisan también que las víctimas son todas de Puerto Rico. UBS PR es la casa de inversiones más grande de la Isla con 49% de todos los activos de inversión y 230 consejeros financieros a su mando.

El esquema, como es usual en un negocio altamente especializado como este, está montado en transacciones altamente complejas. Pero, en esencia, se trata de que los ejecutivos Miguel Ferrer y Juan Carlos Ortiz supervisaron la creación de una burbuja en la que se tomaba el dinero de los clientes y, en vez de sujetar esas inversiones a los movimientos normales del mercado, les manipulaban el precio e inflaban artificialmente su rendimiento. Además, cuando el esquema comenzó a fallar, y el rendimiento real comenzó a bajar, la querella dice que UBS y sus ejecutivos primero recuperaron las pérdidas de la compañía, y luego atendieron los intereses de sus clientes, causando que éstos sufrieran pérdidas estimadas en unos $500 millones. Los clientes incluían individuos, pero también compañías de seguros, cooperativas y otros.

UBS inyectaba de su propio dinero para manipular el rendimiento, indica la querella cuyas alegaciones fueron transigidas por UBS mediante el pago de $26.6 millones, pero son negadas por los dos ejecutivos. A Ferrer se le acusa de dirigir el operativo para engañar a los clientes sobre el verdadero estado de los fondos mediante anuncios en prensa, entrevistas, correos electrónicos, conferencias, instrucciones al personal de UBS, y hasta en los estados de cuenta mensuales de los clientes de UBS.

Aunque no son parte de las alegaciones en este esquema, resalta que la SEC haya subrayado que la mayoría del dinero que UBS tenía en estos fondos defectuosos fueron invertidos en bonos del gobierno de Puerto Rico, incluyendo en bonos de los Sistemas de Retiro. Esto resalta la función controvertible que tenía UBS en el gobierno de Puerto Rico, ya que ellos le recomendaban a las agencias que emitieran bonos (o sea que incurrieran en deuda cogiendo prestado), ellos mercadeaban esos bonos, y ellos compraban esos bonos con, como en este caso, con dinero de sus otros clientes, por lo cual todo el intercambio quedaba en manos de UBS.

Solamente en 2008, el manejo de los fondos que son parte de la querella le dejó a UBS $94.5 millones en comisiones.

'Muchos inversionistas (de los fondos) eran envejecientes y retirados, un número de los cuales dependía de los dividendos mensuales de (los fondos) para suplementar sus pagos de Seguro Social', indica el documento.

La SEC ofreció dos ejemplos anónimos:

-Una dentista que invirtió toda su herencia de $400,000 en dos de los fondos perdió $20,000 porque, después de que le pidió a su asesor que liquidara sus acciones porque necesitaba acceso a su capital, éste tardó en ejecutar la orden ya que UBS espero a primero liquidar su parte para entonces liquidar la de la clienta.

-Un retirado de 62 años, quien vivía con un ingreso fijo y era dependiente del Seguro Social, invirtió $50,000 en un fondo. Todo estuvo bien hasta que el cliente dejó de recibir cheques de rendimiento y le pidió a su asesor que le liquidara su cuenta. UBS tardó dos años en liquidarle, provocándole pérdidas por $15,000.

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