Justo cuando la posibilidad de sentar a todos los sectores de la sociedad en una mesa está más al alcance de la mano por la activación que ha provocado la oposición al Impuesto al Valor Añadido (IVA), la Administración García Padilla se propone insistir en la implantación de dicha medida de recaudo sin mayores explicaciones o sacrificios por parte del Gobierno que no sea chantajear con que, si no se logra el IVA, se tendrá que despedir empleados públicos.

Esa, según fuentes enteradas, es parte de la estrategia que está en agenda desplegar hoy por parte del Gobernador en un mensaje televisado en el que también se espera que apunte a una reducción de la tasa del IVA para llevarla a 12%.

La respuesta de La Fortaleza a la semana de protestas de diversos sectores que ha vivido el país es, entonces, una repetición de la amenaza hueca que usó el Gobernador para lograr la aprobación del aumento al impuesto de la 'crudita' (diciendo que suspendería el transporte público), y una repetición también de la carta que se jugó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para pactar el Impuesto a las Ventas y Uso (IVU) con una Legislatura opositora.

Lo que no hay en agenda para el mensaje de hoy es ni un asomo de nuevas formas de gobernar ni de pensamientos distintos a los que de una forma u otra nos han llevado a la crisis inescapable de hoy. De esta manera, los contratos profesionales con los que se pagan favores políticos, los incentivos industriales que hasta sus propios asesores le recomendaron que cortara o fiscalizara mejor, la renovación del Departamento de Hacienda para convertirlo en un verdadero recaudador de ingresos en vez de en un máquina de excusas baratas, y la posibilidad de trascender líneas partidistas con una convocatoria amplia al país quedan fuera de la corta y trillada lista de alternativas en el Palacio de Santa Catalina.

Las promesas que hará el Gobernador de reducir el gasto público serán recibidas también con lo que ha sido el saldo de su gestión. Principalmente, una Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66), que las agencias han incumplido al no informar qué recortes han hecho para aportar a resolver la crisis.

Y todo esto cuando ya hay indicadores objetivos de que, a dos años de la Administración García Padilla, su estilo de hacer las cosas no funciona. Un Índice de Actividad Económica con dos años de reducción y un nivel de empleo con el récord federal de ser el más bajo en Puerto Rico en 22 años son dos muestras de la montante evidencia sobre el saldo de las tácticas del Gobernador.

Con la opción de seguir haciendo lo mismo, el Gobernador desaprovecha también la oportunidad de, como propuso hace algún tiempo el Centro para una Nueva Economía (CNE), provocar una concertación social, o sea, un proceso de negociación formal con los distintos sectores del país en el que genuinamente se esté en la disposición de ceder algún beneficio con el único objetivo de lograr un bien común.

Según el CNE, para lograr un acuerdo social, el proceso debe ser uno amplio, público y transparente.

Hasta ahora, el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo para presentar su proyecto de la Ley de Transformación al Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha adolecido de estos tres elementos, provocando muchas interrogantes, desconfianza y hasta incertidumbre.

En la Legislatura a su vez hacen el aguaje de que están escuchando a todos los sectores, pero en realidad ha sido un proceso atropellado, principalmente en la Cámara de Representantes, en donde la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha llegado a citar a más de 15 entidades en un mismo día.

Aunque los presidentes legislativos han afirmado procederán con cautela, lo cierto es que existe la presión del Primer Mandatario y del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, para que la medida esté aprobada en o antes del próximo domingo, 15 de marzo. La primera versión del Proyecto de la Cámara 2212, que aumento al arbitrio del petróleo y sus derivados, estableció que dicho alza entraría en vigor en esa fecha, pues ya debía estar aprobada la Reforma Contributiva.

La manera 'fast track' en la que se lleva a cabo el proceso legislativo para atender la Reforma Contributiva, contrasta con los meses que la firma de consultores KPMG estuvo estudiando el sistema contributivo para presentar sus recomendaciones al Gobierno.

La prisa tiene nombre y apellido: una emisión de bonos a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), con la que supuestamente se pretende dar más liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al quitarle de encima parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Esta transacción no ha podido ser concretada por el Gobierno, por lo que mientras el jueves distintos sectores se manifestaban en el Capitolio en contra del IVA, el Senado aprobó el Proyecto 1301, para entre otras cosas imponer nuevos requisitos para establecer la fecha de efectividad del impuesto y de la transferencia de la deuda de la ACT; y permitir ajustes en el arbitrio a partir del 2017. Zaragoza ya confirmó que es el pago de deuda, y no el desarrollo económico, el motor de esta 'reforma'.

Mientras el Ejecutivo busca por todas las vías el poder levantar millones de dólares prestados, en el seno de la Junta de Directores de la ACT, planificaban utilizar los recursos de la emisión para repagar las notas emitidas con el Royal Bank of Canada (RBC). Pero mientras el plan se concreta, pospusieron los pagos de principal de la deuda de RBC, para comenzar el próximo julio. Con el acuerdo, la ACT pagará $10 millones mensuales más intereses por dos años.

'Lo que estamos haciendo es dándole un alivio a la Autoridad, de unos pagos de principal altísimo, y le estamos dando un respiro de cuatro meses, a lo que se empiece una reestructuración de deuda', sentenció el director de finanzas de la corporación, César Gandíaga.