Apunta al desconocimiento como una de las razones de las mala fama de estos estatus contributivos.

El Secretario de Hacienda, Fracisco Parés Alicea, defendió la permanencia de las Leyes 20 y 22 y adelantó que como parte de la colaboración de esa agencia con la auditoría que realiza el IRS (Internal Revenue service) sobre las mismas se le explicarán los objetivos y el alcance de los debatidos estatutos.

En un evento que organizó recientemente la Asociación de Industriales, el titular de Hacienda atribuyó los ataques que reciben estas leyes en y fuera de Puerto Rico al desconocimiento que existe sobre la aplicación y los resultados de las mismas.

“Este asunto de Ley 20 y Ley 22 yo creo que es en parte desconocimiento. Ha generado mucho malestar a nivel del Congreso (de Estados Unidos), donde se han solicitado distintos análisis de parte del IRS y del Tesoro. Se ha convertido un tema en los medios bastante significativo y nosotros queremos ser razonables con nuestras acciones”, expresó.

Señaló que no le quita ningún merito que puedan tener estas leyes y opinó que persiguen unos propósitos de traer capital nuevo a Puerto Rico y al sector privado.

“No creo que haya mala fe en cuanto la legislación”,dijo.

El Secretario confirmó que el IRS le pidió colaboración en la mencionada auditoría y que van a trabajar con la agencia federal en el tema, pero insistió en que “la colaboración de nosotros comienza con asesorarlos sobre el alcance de eso. De igual manera, y lo veo como un proceso de vindicación los que tienen estos decretos, que se pueda probar que en efecto ellos están cumpliendo con la ley y que la ley esta cumpliendo con sus propósitos”.

Adelantó que Hacienda realizará su propia investigación para corroborar que los tenedores de estos decretos están cumpliendo con los deberes con los que se comprometieron con el gobierno de Puerto Rico. “De alguna manera hay que criminalizar al que hay que criminalizar, pero vindicar aquellos que no”, señaló recalcando estos últimos son la mayoría.

“No me cabe la menor duda que son los menos los que no cumplen con los requisitos establecidos por ley y este proceso tengo la esperanza que ayude a eso, a poder vindicar de cierta manera el objetivo por ley que tenían estos enfoques", dijo.

El secretario no descartó que ambos estatutos puedan ser objeto de enmiendas para ajustarlos a las necesidades actuales de la gente en Puerto Rico. “La ley está escrita pero hay una Asamblea Legislativa cuyo deber es revisitarla y mejorarla y de igual manera nosotros asesorarles en el proceso”, expresó.

Sobre el debate público que por años acompañan la aplicación de estas leyes, que otorgan beneficios contributivos, - mayormente a empresas en el caso de la Ley 20 y a individuos en el caso de Ley 22- el Secretario indicó que “no quiero que se criminalice a las personas que están siendo beneficiadas siguiendo la ley y el orden en Puerto Rico. Se puede concurrir o diferir en este asunto, el gobernador tiene una posición que yo comparto, de que hay un rendimiento que en cierta medida es verificable y corroborable y que hay que enmendar, que hay que desarrollar y que hay que fiscalizar mejor”

Cambios en el Tesoro retrasan gestión defensa del arbitrio de Ley 154

Respondiendo a preguntas, el secretario sostuvo que el cambio de administración en Estados Unidos está dificultando las gestiones para defender la permanencia del arbitrio que impone la Ley 154 a empresas foráneas que operan en la Isla.

Un reglamento aprobado el pasado año por el Tesoro de Estados Unidos amenaza la permanencia de ese arbitrio, que representa sobre el 20% de los ingresos de Hacienda, al cuestionar el crédito que se le reconoce a nivel federal a estas empresas por el pago de este impuesto en Puerto Rico.

“Se juntaron una serie de incidencias que dificultan un poco más el proceso de resolver esto de manera inmediata. El cambio mas dramático es que en esencia la gerencia del Tesoro cambió en su totalidad. Hay una nueva Secretaria del Tesoro que todavía está en proceso de reclutamiento de su alta gerencia. Ahí el puesto más critico en cuanto este asunto es el Secretario Auxiliar de Política Contributiva. Esto nos coloca en posición de tener que crear esa nueva relación con estos nuevos miembros y, sobre todo, concientizarlos sobre qué significa no interpretar el reglamento como nosotros desearíamos que se interprete”, señaló.

Reconoció que el costo económico que representa esta larga incertidumbre probablemente sea difícil calcular.

“No tengo duras pruebas científicas, pero no tengo duda alguna que Puerto Rico ha sufrido mucho en cuanto a su desarrollo económico por esta incertidumbre de cómo interactúa este arbitrio con el Código de Rentas Federal”, afirmó.